La industria de la celulosa se expande en América del Sur al alero de inversiones favorecidas por los gobiernos y cuestionadas por los ambientalistas, quienes denuncian impactos ecológicos y sociales de esta actividad, una de las más rentables de la explotación forestal.
En Chile aún no se ha esclarecido oficialmente la masiva mortandad de cisnes de fines de 2004 en el santuario natural del Río Cruces, en la austral provincia de Valdivia, mientras arrecian las críticas a las autoridades que permitieron reabrir la planta de celulosa acusada de provocar el desastre, tras un cierre de sólo un mes.
Chile exporta dos millones de toneladas de celulosa al año y contribuye con 2,2 por ciento a la producción mundial, muy por debajo del líder en este rubro, que es Estados Unidos, con 30,5 por ciento del total, dijo a IPS Roberto Ipinza, director del Instituto Forestal, dependiente del Ministerio de Agricultura.
Brasil ocupa el séptimo lugar entre los productores mundiales, con tres por ciento de los suministros al mercado, gracias a exportaciones que se triplicaron en diez años. La industria brasileña de la celulosa y el papel facturó 8.500 millones de dólares en 2004 y está conformada por 220 empresas que emplean directamente a 100.000 trabajadores.
La celulosa se obtiene de los hidratos de carbono que forman la membrana envolvente de las células vegetales. Es indisoluble en agua, alcohol y éter, y constituye el insumo fundamental para fabricar papel.
Las especies forestales más aptas para lograr celulosa, por su rápido crecimiento, son el eucalipto y el pino, y los productores suelen eliminar bosques autóctonos para plantar esos árboles.
En Uruguay se gestó un vasto movimiento de rechazo a la instalación de dos plantas de celulosa en el occidental departamento de Río Negro, sobre el río Uruguay y limítrofe con Argentina, a cargo respectivamente de la empresa finlandesa Botnia, que anunció la inversión de 1.100 millones de dólares, y la española Ence, cuya inversión prometida es 500 millones de dólares.
Un grupo de personalidades, entre ellas el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la activista humanitaria Hebe de Bonafini (ambos argentinos) y el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, difundió el 31 de enero, en el Foro Social Mundial, una carta abierta de rechazo a ese proyecto dirigida al entonces presidente electo Tabaré Vázquez, líder del izquierdista Frente Amplio.
Las plantas "no sólo provocarán contaminación ambiental sino que además desplazarán fuentes de trabajo locales en los sectores agropecuario, turístico y de la pesca, así como también impactarán sobre la salud de la población local uruguaya y argentina", sostuvieron.
Sin embargo, en la primera semana de gestión del gobierno de Vázquez, su ministro de Economía, Danilo Astori, dijo en entrevista exclusiva con IPS que la confirmación de la inversión de Botnia fue "la mejor noticia de estos días", porque Uruguay "necesita inversiones para crear riqueza y empleos de calidad".
En las dos últimas décadas hubo conflictos por plantaciones masivas de eucalipto en Brasil, principalmente en el centrooriental estado de Espíritu Santo y el noriental de Bahía, con acusaciones de deforestación de bosque nativo y uso excesivo de mecanización y tecnologías que reducen el empleo.
Luiz Ernesto Barrichelo, del brasileño Instituto de Investigaciones y Estudios Forestales, vinculado con la Universidad de Sao Paulo, señaló a IPS que en general esas plantaciones se realizaron en áreas que ya estaban deforestadas, abandonadas o en uso ganadero y arguyó que hay "mitos" sobre el eucalipto.
Según el especialista, el alto consumo de agua es normal en toda especie de rápido crecimiento, nativa o exógena como el eucalipto, y es "un absurdo" sostener que este árbol esteriliza la tierra o que sus hojas impiden el nacimiento de otras especies.
Ipinza alegó que en Chile los bosques de pino y eucalipto también ocuparon tierras erosionadas, y aseguró que "gracias a las plantaciones que se establecieron en terrenos abandonados por la agricultura, abandonados por la ganadería, hoy tenemos patrimonio de suelo, que es el principal valor que poseen los campesinos forestales".
Pero la bióloga Adriana Hoffman, quien encabeza la organización Defensores del Bosque Chileno, contradijo en diálogo con IPS las afirmaciones de Ipinza. El pino y eucalipto "se han plantado muchas veces sustituyendo al bosque nativo", aseveró.
Eso es muy preocupante en cuanto a la defensa "del patrimonio natural de la nación", planteó.
La especialista, que estuvo al frente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de marzo de 2000 a noviembre de 2001, al inicio del gobierno del actual presidente Ricardo Lagos, enfatizó que los peores impactos contaminantes son los de las plantas de celulosa, como lo atestigua "el horror de Río Cruces".
Para Ipinza "los ambientalistas se quedaron en el pasado, porque hoy día los procesos para sacar la celulosa de la madera son muy depurados, muy limpios y poco contaminantes". En Chile, añadió, "predominan las plantas de tercera generación, que emplean elementos contaminantes muy bajos".
"Es posible hacer bien las plantas de celulosa, pero necesitan más inversión" para tratar los residuos líquidos, para evitar la producción de sustancias tóxicas en grandes cantidades, apuntó Hoffman a su vez.
El desastre del santuario natural del Río Cruces, donde fue diezmada la mayor concentración en América Latina de cisnes de cuello negro (Cygnus malencoryphus), parece dar la razón a los ecologistas en cuanto a la falta de fiscalización de las autoridades sobre los procesos mitigadores de la contaminación en las plantas de celulosa.
De los 6.000 cisnes que anidaban en el lugar, situado 790 kilómetros al sur de Santiago, hoy quedan 289. Unos 4.000 emigraron al agotarse el luchecillo y otras algas que eran su alimento, destruidas según denuncias por los vertidos de desechos de la planta de celulosa Valdivia, instalada unos 15 kilómetros río arriba.
Esa fábrica es propiedad de la compañía Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del holding Copec, controlado a su vez por Anacleto Angelini, cabeza del segundo grupo empresarial chileno, con inversiones forestales también en Uruguay y Argentina. En este último país posee una planta de pulpa blanqueada de celulosa en el Alto Paraná.
La muerte de los cisnes es investigada por expertos de la Convención Ramsar (que desde 1971 protege ecosistemas de humedales), quienes visitaron Chile a fines de marzo y emitirán su informe a mediados de abril.
Para la misma fecha se espera también un informe final de la Universidad Austral de Valdivia, cuyo retraso provoca suspicacias y protestas de los ecologistas e incluso causó la molestia de Paulina Saball, actual directora de la Conama.
Sin embargo, la propia Conama otorgó a Celco tres años de gracia para la habilitación de un ducto de eliminación desechos para otra planta de celulosa, en el valle de Itata, unos 400 kilómetros al sur de Santiago, cuya instalación en una zona vitivinícola y de tradición alfarera también es resistida por ambientalistas y productores locales.
Si bien los cisnes son el emblema del desastre del Río Cruces, Hoffman señaló los daños provocados por la planta Valdivia a otras especies y a los habitantes de los alrededores.
"Tenemos informaciones de que el agua contaminada y las emisiones gaseosas y líquidas han afectado la salud de las personas, con afecciones gástricas y bronquiales y un aumento de las enfermedades en las consultas (médicas) de (los hospitales de) Valdivia", dijo.
"Incluso un médico que estaba llevando adelante la campaña, para llamar la atención no sólo sobre los cisnes, sino también sobre su propia salud, murió a fines del año pasado por el agravamiento de su cáncer pulmonar debido a las emisiones de la planta", indicó Hoffman.
En Brasil se conoció el caso de una pequeña planta de celulosa en Minas Gerais, al sur de ese país, que mató peces con desechos vertidos en un río, pero el mayor impacto adverso de la industria en cuestión es social según Melquiades Spinola, del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur.
El principal daño de las cuatro plantas de celulosa y papel instaladas en la parte sur del estado de Bahía es el desempleo, mientras "hay 12.000 familias de campesinos (sin tierras) acampadas en las carreteras", dijo Spinola a IPS.
Barrichelo destacó que Veracel, una empresa de capitales brasileños, suecos y finlandeses instalada en 1992, prometió 10.000 empleos directos e indirectos, pero sólo contrató a 380 trabajadores en su planta y a otros mil en los bosques.
El caso de Río Cruces ha sido divulgado en Uruguay por la organización no gubernamental Grupo Guayubira, que agita la oposición a las plantas de celulosa en Río Negro.
El 22 de febrero Vázquez se reunió con los ejecutivos de Botnia para darles un sí definitivo a la instalación de su planta, pero Guayubira presentó un recurso al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para que revoque la autorización otorgada por el anterior gobierno de Jorge Batlle (1999-2005) a los finlandeses.
"Sin duda la pesada herencia que dejaron los compromisos asumidos por el gobierno saliente estará embretando (atando) al nuevo gobierno. Pero confiamos en que la fuerza de la decisión popular puede llegar a ser la fuerza que el gobierno (de Vázquez) haga suya para enfrentar esas presiones", señalaron a IPS dirigentes de ese grupo ambientalista.
* Con aportes de Diana Cariboni (Uruguay) y Mario Osava (Brasil).
