Una visita a un familiar en un área rural es, en cualquier país de África, un asunto privado. Pero no en Zimbabwe, según Tiseke Kasambala, investigadora de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
El interior de Zimbabwe es zona de peligro para los habitantes de las ciudades durante las campañas electorales.
Los dirigentes locales del partido de gobierno ZANU-PF tienen en cuenta que la mayoría de los citadinos simpatizan con la oposición, y, por lo tanto, se mantienen vigilantes ante cualquier visita que reciban sus vecinos desde las ciudades, observó Kasambala.
Este panorama se reitera a medida que se acercan las elecciones parlamentarias del 31 de este mes.
ZANU-PF (Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico), partido liderado por el presidente Robert Mugabe, recoge buena parte de sus adhesiones en áreas rurales. Y sus dirigentes no vacilan en actuar ante cualquier movimiento que crean un desafío a sus simpatizantes.
Un hombre que vivía en la ciudad fue a visitar a una sobrina en el campo. Cuando el tío volvió a su casa, integrantes de ZANU-PF fueron donde la mujer y la interrogaron sobre las razones de la visita. Luego, la condujeron a la casa del jefe tribal, donde la siguieron interrogando, dijo Kasambala.
Muchos zimbabwenses de áreas rurales tienen miedo y no desean pasar por este duro trance, agregó la investigadora, al presentar en Johannesburgo el informe Un campo de juego desnivelado: Elecciones parlamentarias en Zimbabwe.
Kasambala integró un grupo de investigadores de HRW que visitaron Zimbabwe durante tres semanas entre diciembre y febrero pasado. En ese periodo entrevistaron a 135 representantes del partido de gobierno, de la oposición y de la sociedad civil.
El equipo de HRW consideró probado que los simpatizantes de la oposición y otros zimbabwenses eran intimidados por dirigentes del oficialismo y funcionarios del gobierno en las vísperas de las elecciones parlamentarias.
Esta situación sigue los patrones de represión que caracterizaron los ciclos electorales en los últimos cinco años.
Los comicios parlamentarios de 2000 y los presidenciales de 2002 fuero precedidos por violencia generalizada, la mayoría contra la oposición. Observadores consideran que en esta ocasión se redujo el nivel de intimidación, pero lo atribuyen a que ZANU-PF está seguro de su triunfo ante una oposición debilitada por años de represión.
Human Rights Watch condenó el uso por parte del gobierno de la Ley de Orden Público y Seguridad, que establece severas reglas para la realización de actos públicos, y la de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad, aplicada para acallar a la prensa independiente.
En resumen, el campo de juego para las elecciones de 2005 no ha sido nivelado, según los investigadores de la organización de derechos humanos con sede en Nueva York.
Human Rights Watch también manifestó preocupación por las irregularidades del sistema de registro de votantes y de escrutinio, que no se han solucionado desde las anteriores elecciones amañadas.
Hay, por ejemplo, pocos centros donde pueda fiscalizarse los padrones electorales, consideró el equipo de investigadores.
A pesar de esa dificultad, la organización FreeZimSupport Group concluyó que más de dos millones de los 5,6 millones de los nombres registrados en el sistema son sospechosos de no responder a ciudadanos reales.
Al mismo tiempo, no existe el voto consular o por correo, lo que obliga a numerosos zimbabwenses en el extranjero que deseen sufragar a trasladarse al país.
La Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC), bloque que Zimbabwe integra, también está bajo intensa presión internacional respecto de las elecciones.
El año pasado, la SADC estableció una serie de reglas electorales para asegurarse de que los comicios en la región sean libres y justos.
De acuerdo con estas normas, los gobiernos están obligados a asegurar la tolerancia política, el acceso a todos los partidos a los medios de comunicación estatales y la creación de organismos especializados independientes.
El gobierno de Mugabe asegura regirse por las normas de la SADC. Pero Human Rights Watch desacredita esa afirmación.
Observadores electorales de los 13 países del bloque analizarán las elecciones en Zimbabwe. Human Rights Watch los exhortó a mirar más allá de la relativa calma que predomina en el país respecto de comicios anteriores.
Los observadores deberán tener en cuenta el efecto de cinco años de violencia, informes recientes de intimidación, la persistencia de irregularidades electorales y el uso de leyes restrictivas, sostuvo la organización.
El director de campañas de Human Rights Watch para África, Michael Clough, cree que la represión en Zimbabwe es la prueba de fuego para la SADC.
La credibilidad del bloque está en juego, así como el compromiso de Sudáfrica con el afianzamiento de la democracia en la región, dijo Clough.
Mugabe, quien ha estado al frente de la jefatura de Estado desde la independencia de esta ex colonia británica en 1980, acusa con frecuencia al principal partido opositor, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), de actuar en beneficio de los intereses occidentales.
Sus críticos advierten que Mugabe dejó sin efecto los avances de sus primeros años en el poder al alentar el mal manejo económico y actuar de manera autoritaria. (
