El gobierno de Venezuela declaró como tierras sujetas a reforma agraria una emblemática finca de la empresa británica Vestey, y el Hato Piñero, famoso sitio para observación de aves y otras especies propias de las llanuras del Orinoco, considerados latifundios.
En enero, el presidente Hugo Chávez ordenó "pisar el acelerador de medidas de reforma agraria previstas en una ley de tierras cuya promulgación, a fines de 2001, detonó movilizaciones y huelgas de la oposición empresarial, sindical y política.
Después de que Chávez fue relegitimado por un referendo sobre su mandato en agosto de 2004, basó la campaña para gobernadores de estados, en octubre, sobre una lucha contra el latifundio y por "profundizar la revolución bolivariana, lo que se tradujo en enero en decretos para revisar la propiedad y el uso de grandes predios.
La primera propiedad afectada por las nuevas reglas es la hacienda El Charcote, que opera desde hace décadas la empresa Agroflora, productora de carne y filial de la británica Vestey Group, con 12.950 hectáreas en las llanuras del estado de Cojedes, al noroeste del río Orinoco y unos 200 kilómetros al sudoeste de Caracas.
Eliécer Otaiza, presidente del Instituto de Tierras (INTI), dijo que en El Charcote se comprobó que "la cadena titulativa, es decir, la sucesión de títulos de propiedad y documentos de compraventa, "sólo existe desde 1850, lo que le resta soporte a su carácter de propiedad privada.
Ello porque una vieja ley venezolana determina el inicio de la cadena titulativa desde el 10 de abril de 1848, cuando se promulgó la primera norma sobre terrenos ejidos y baldíos.
Además, dijo Otaiza, el INTI determinó que casi 5.000 de las 12.950 hectáreas del fundo "son ociosas, no tienen productividad y se consideran latifundio, por lo que se entregarán a 230 familias que las ocupaban informalmente desde hace algunos años.
El resto del terreno, utilizado para cría de ganado y cultivo de maíz, girasol, sorgo, ajonjolí y leguminosas, recibirá una certificación de que está en producción, sin que esos documentos avalen la propiedad que Vestey deberá demostrar en tribunales.
El Hato Piñero, un poco más al sur de El Charcote, ocupa 80.200 hectáreas y se ha dedicado a la cría extensiva de ganado "en un 25 por ciento de la superficie, porque el resto son bosques de galería y sabanas inundables que no pueden aprovecharse con ese fin y se mantienen como reserva", dijo a IPS durante una visita en 2003 el presidente de su junta de propietarios, Jaime Pérez Branger.
En los 800 kilómetros cuadrados del hato habitan todas las especies de fauna propias de la llanura venezolana, incluidos felinos como el jaguar (Pantera onca) y el cunaguaro (Felis pardales). El sitio es un observatorio de aves intensamente utilizado, y desarrolló un herbario con más de 2.000 ejemplares de plantas.
Según Pérez Branger, el hato corresponde a tierras colonizadas por sus antecesores desde mediados del siglo XVIII, pero el dictamen del INTI estableció que "su tradición legal no demuestra documentos debidamente verificados que determinen propiedad privada, de acuerdo con los criterios del marco legal.
"Ese predio no es privado y se considera como latifundio, según la declaración del INTI, en la que fue "la primera decisión revolucionaria que se ha llevado a cabo en el directorio, reunido con ese propósito el pasado fin de semana, indicó Otaiza.
Como en el caso de El Charcote, el INTI otorgará un certificado de que parte del Hato Piñero está en producción, sin reconocer la propiedad de los Pérez Branger, y parte de las tierras que considera ociosas las entregará a la comunidad campesina Quebrada de Agua, establecida dentro de los linderos del fundo.
El organismo solicitó por otra parte al Ministerio del Ambiente que estableciera un área bajo régimen de protección especial, con criterios conservacionistas, sobre cuatro bosques de galerías presentes en el hato.
Organizaciones ambientalistas habían expresado inquietud porque el avance de la reforma agraria se tradujese en depredación de áreas que deben protegerse.
"No estamos en contra de que se garanticen tierras a los campesinos, pero pedimos que se respeten los espacios que albergan gran diversidad de especies, dijo a IPS Marieta Hernández, de la no gubernamental Audubon de Venezuela, asociada a Birdlife International.
"Nos preocupa que se destruyan bosques primarios que luego no podrán recuperarse, insistió Hernández.
Pero Otaiza había advertido que "el problema está en que ningún particular puede manejar reservas biológicas y forestales para su propio provecho, explotando en forma de negocio turístico ese recurso de todo el país.
Braulio Álvarez, líder de una federación de campesinos que respalda al gobierno, justificó los decretos y dijo a IPS dijo que "muchos de los crímenes ecológicos han sido cometidos por empresarios del campo. Fue un crimen apropiarse de grandes extensiones de terreno con fines privados y dejar a mucha gente sin poder trabajar.
Los propietarios de El Charcote y Hato Piñero, que dispondrán de dos meses para apelar las decisiones ante tribunales, todavía no reaccionaban este lunes.
Pero el presidente de la federación de empresarios agrícolas, José Manuel González, dijo que "con estas decisiones, definitivamente en Venezuela la propiedad privada está amenazada.
Los empresarios agrícolas aseguran que el Estado tiene más de 11 millones de hectáreas en sus manos y que si quiere atender a campesinos sin tierra puede empezar por repartir esa propiedad en lugar de afectar predios privados.
El gobierno asegura que desde hace dos años ha entregado más de dos millones de hectáreas a unas 100.000 familias campesinas, en este país donde apenas unos tres de sus 25 millones de habitantes vive en zonas rurales. ***** Instituto Nacional de Tierras (http://www.inti.gov.ve/)
