La judicialización de la vida política se instala en Venezuela, con el proceso por rebelión al dirigente sindical opositor Carlos Ortega y el desfile ante los tribunales de políticos, banqueros, militares, policías, periodistas e incluso activistas populares seguidores del presidente Hugo Chávez.
Ortega estaba prófugo desde 2003, vivió un año asilado en Costa Rica y fue capturado en febrero en un casino caraqueño. Como presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cargo que aún ostenta, codirigió la huelga contra Chávez en diciembre de 2002 y enero de 2003.
Se le juzga por ejercer el derecho de huelga. Es un preso político, dijo su correligionario socialdemócrata y reemplazante al frente de la CTV, Manuel Cova, mientras que Orlando Castillo, de la central obrera Unión Nacional de Trabajadores, progubernamental, opinó que al fin se hará justicia a un sindicalista irresponsable.
La captura y el juicio a Ortega es apenas el más vistoso de los procesos, mediante imputaciones ante tribunales o investigaciones abiertas por la Fiscalía General, que han llevado a un desfile, ante órganos de la justicia, de opositores y de figuras de los medios comunicación y la banca privada.
El socialcristiano Enrique Mendoza, ex gobernador del estado de Miranda (al este de Caracas) y ex jefe de la coalición opositora Coordinadora Democrática —que promovió un referendo para revocar el mandato de Chávez que el presidente ganó el pasado agosto— ha sido acusado de cerrar la televisora estatal Canal 8.
[related_articles]
Mendoza ordenó a la policía bajo su mando cerrar la televisora entre los días 11 y 13 de abril de 2002, cuando Chávez fue depuesto por un efímero golpe de Estado.
Alfredo Peña, ex alcalde opositor de Caracas, quien se marchó del país antes de que en octubre fuese elegido su sucesor, el oficialista Juan Barreto, ha sido acusado de malversar fondos de su administración. Otro tanto ocurre con el joven líder opositor Eduardo Lapi, ex gobernador del noroccidental estado de Yaracuy.
En el campo militar, el general Francisco Usón, ex ministro de Finanzas de Chávez que se apartó del presidente en abril de 2002, fue recientemente condenado a cinco años de prisión por difamar a la Fuerza Armada, después de haber dado unas declaraciones sobre supuesto uso irresponsable de lanzallamas en los cuarteles.
Varios oficiales son procesados por facilitar el ingreso de paramilitares colombianos un año atrás, los que según las pesquisas fueron contratados por opositores extremistas para generar violencia antes del referendo de agosto, pero fueron tempranamente descubiertos.
Otros oficiales son juzgados por participar en diciembre en el secuestro en Caracas del guerrillero colombiano Rodrigo Granda, y el gobierno los acusa de haber recibido sobornos de Bogotá.
También varios generales retirados que se manifestaron contra Chávez en una plaza caraqueña en octubre de 2002 son solicitados por la justicia, y uno de ellos, Felipe Rodríguez, sindicado además de dirigir atentados dinamiteros contra sedes diplomáticas de Colombia y España, fue recientemente capturado por las autoridades.
El Tribunal Supremo de Justicia, recientemente reformado, se apresta a revisar la sentencia que dictó en agosto de 2002, que exculpó a cuatro jefes militares que dirigieron el golpe contra Chávez en abril de ese año.
Esa sentencia es una barbaridad jurídica y los que la suscribieron (11 de los entonces 20 magistrados) deben asumir la responsabilidad, dijo el nuevo presidente del Tribunal Supremo, Omar Mora, quien se confiesa de izquierda hasta la muerte y sostiene que en toda la pirámide judicial ha comenzado una revolución.
En el golpe en abril de 2002, una decena de personalidades firmaron el acta con la que se autoproclamó presidente el empresario Pedro Carmona, y centenares más firmaron el libro de visitas al palacio de gobierno aquellos días.
Todas ellas eran investigadas por un fiscal especial, Danilo Anderson, asesinado en noviembre con una bomba de alto poder colocada bajo su automóvil.
La fiscalía ha hecho declarar como testigos al magnate de medios de comunicación Gustavo Cisneros, a empresarios de prensa y televisión como Miguel Henrique Otero y Alberto Ravell, y a la presidenta de la central patronal Fedecámaras, Albis Muñoz, muy activa en la Coordinadora Democrática que quiso revocar a Chávez.
En la cárcel esperan ser juzgados tres ex jefes de la Policía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero. Efectivos de esa policía acompañaron a la marcha opositora que el 11 de abril de 2002 detonó el golpe de Estado, y participaron en los confusos tiroteos que liquidaron la marcha, con saldo de 19 muertos.
En las últimas semanas se abrió un proceso contra casi toda la plana mayor de la banca privada del país (y contra dos ex presidentes del emisor Banco Central), por presunta usura, al aplicar a sus clientes una modalidad de créditos con intereses indexados, lo que perjudicó a miles de compradores de autos y viviendas.
El abogado Tulio Álvarez, quien redactó un informe sobre supuesto fraude en el padrón electoral utilizado durante el referendo de agosto, fue sentenciado a un año de cárcel (condena en suspenso) por difamar al diputado oficialista Willian Lara.
Los periodistas también han ido al banquillo. Contra Patricia Poleo, directora del tabloide opositor Nuevo País, la fiscalía abrió un proceso por divulgar documentos del crimen de Anderson, y la redactora Tamoa Calzadilla, del diario independiente Últimas Noticias, ha sido interrogada para que revele sus fuentes en el mismo caso.
Ivéyise Pacheco, columnista del diario liberal y opositor El Nacional, fue condenada a nueve meses de cárcel, con sentencia en suspenso, por difamar a un general a propósito de sus estudios, pero la comunicadora sostiene que se le cobra su militancia opositora.
Finalmente, un emblemático caso de la justicia es el de la activista popular Yasmín Manuitt, seguidora de Chávez que promovió la invasión de personas sin techo a unas 50 casas y edificios en varios lugares de Caracas.
Manuitt fue acusada por el oficialista alcalde del oeste capitalino, Freddy Bernal, de lesionar la propiedad y las personas, y un tribunal la condenó a seis años de prisión. Estoy desencantada, ya no creo en Chávez, dijo la activista tras las rejas.
Hay que ser claros: no veo nada de malo en que toda persona susceptible de haber incurrido en un ilícito sea llevada a tribunales, y que no existan intocables, dijo a IPS Javier Elechiguerra, quien fue fiscal general de la República durante los primeros años de gobierno de Chávez. El problema es cuando los intocables están de un solo lado.
Puso como ejemplo que los diputados a la Asamblea Nacional están obligados por la Constitución a entregar cuentas anuales a sus electores, pero incumplen el mandato y nadie se los reclama o pretende enjuiciarlos por ello.
Elechiguerra sostiene que desde 1969, cuando se creó un Consejo de la Judicatura, se politizaron la justicia y la selección de jueces, y eso aún sigue siendo así, con pérdida de la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Ahora entramos en una nueva fase, una especie de judicialización de la política.
Para Teodoro Petkoff, director del vespertino opositor Tal Cual, estamos en presencia de un operativo de judicialización de la política extremadamente peligroso. La fiscalía no opera como una institución del Estado sino como un brazo represivo del gobierno. Los problemas políticos son despojados de tal condición y transferidos al escenario judicial.
En cambio, Chávez y sus colaboradores sostienen que al fin se está haciendo justicia, al cabo de años de impune violación de leyes por parte de opositores, y sostienen como principal referencia los daños causados al país por el golpe de abril de 2002 y la paralización de industria petrolera durante la larga huelga a fines de ese año.
