Cuando Anura Ananda abre las puertas de su mercería en esta localidad del sur Sri Lanka, obtiene un primer plano de la playa.
No era así antes del maremoto del 26 de diciembre, que barrió los otros comercios que le bloqueaban la vista. Las olas gigantescas provocaron cerca de 280.000 muertes en una decena de países de Asia y África, 31.000 de ellas en Sri Lanka.
Ananda estima que los daños que sufrió su negocio ascienden a 15 millones de rupias (unos 15.000 dólares), pero lo reabrió con su propio dinero hace dos semanas.
En lugar de recibir un premio del gobierno por su perseverancia y coraje, Ananda está enfrentada con las autoridades, que crearon una zona de amortiguación costera de 100 metros donde no puede haber edificaciones. La tienda de Ananda queda dentro de esa zona.
No me moveré de aquí. Esta es mi propiedad ancestral y aquí hemos trabajado toda nuestra vida. No nos iremos, dijo a IPS.
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Junto a la mercería hay un comercio de componentes electrónicos. Su propietario, Ahamed Faizal, estuvo de acuerdo con Ananda.
Hemos sufrido y vuelto por nuestra cuenta; nadie nos ha ayudado, se quejó.
Mientras, el gobierno anunció que proveerá viviendas alternativas fuera de la zona de exclusión, y ya demarcó un área donde se deberá reasentar Hambantota, una de las localidades meridionales parcialmente destruidas por las olas.
Sólo me iré de aquí si me ofrecen un lugar similar para instalar mi negocio, me pagan compensación y me garantizan mi sustento, dijo Ananda.
Los comerciantes coincidieron en que, si deben mudarse, toda la localidad de Galle también deberá hacerlo, con sus organismos comerciales y gubernamentales.
Además, es muy improbable que reciban grandes compensaciones, según anuncios del gobierno. El valor más alto a pagar por casas destruidas no pasará de 750.000 rupias (7.500 dólarse), incluso mediante préstamos.
Trescientos kilómetros hacia el este, Mohideen Ajmal expresó los mismos sentimientos.
Ajmal vende pescado al por mayor en Karathivu, en el oriental distrito de Ampara. Después de perder dos hijos en la catástrofe del 26 de diciembre, se fue del lugar, pero regresó. Su comercio queda más cerca de la playa que el de Ananda.
Antes de regresar, Ajmal intentó trabajar en el mercado principal de Kalmunai, la localidad más cercana, pero no tuvo éxito. No pasaba nada. No podemos hacer negocios allí, lamentó.
Si el gobierno lleva adelante su anuncio, los habitantes de la franja costera que abarca las aldeas de Marudamunai, Sainthamaruthu y Karathivu deberán mudarse. Según Ajmal, esa franja es el segundo centro de pesquero de Sri Lanka y los habitantes no querrán mudarse por esa razón.
No iré a ninguna parte, porque mi vida está aquí. No regresé para que me expulsaran, advirtió.
El gobierno todavía no anunció qué medidas se propone adoptar contra quienes infrinjan la prohibición.
El secretario del Tesoro, P.B. Jaysundera, dijo la semana pasada que en los próximos días el gobierno anunciará oficialmente y con más detalles la prohibición, que deberá ser ratificada por el parlamento.
El primer ministro Mahinda Rajapkse informó que se permitirá la permanencia en la zona de exclusión de aquellas estructuras que hayan quedado intactas.
Las autoridades no indicaron claramente dónde se construirán las nuevas casas, limitándose a señalar que se erigirán lo más derca posible de las casas destruidas.
La confusión no sólo aflige a los propietarios de las casas incluidas en la zona de prohibición, sino también a aquellos que viven cerca. Nadie quiere comenzar obras de reconstrucción hasta que la situación esté aclarada.
Pradeep Tilhan, su esposa Champika Jeevani y su hija de cinco años se instalaron recientemente en una tienda que les proveyó una organización humanitaria cerca de la meridional playa de Tangalle.
No pueden volver a su aldea destruida sobre la playa debido a la zona de exclusión, y se ven obligados a permanecer en la calurosa tienda.
Si nos quedamos aquí no podremos trabajar, y no podemos ir a la aldea porque nadie nos ayudará, se quejó Tilhan.
El gobierno ordenó a las organizaciones no gubernamentales que se abstengan de realizar obras permanentes en la zona de exclusión y a los bancos que no aprueben créditos para construcciones en esa zona.
Mientras, las escuelas que quedan sobre la playa en las tres aldeas también deberán ser reubicadas.
Los 3.000 estudiantes deben asistir a clases vespertinas en otra escuela pública, en la vecina localidad de Kalmunai, pero el espacio es escaso.
Debemos alternar entre la escuela primaria y secundaria cada semana, porque no hay espacio suficiente para ambas, explicó el maestro I.A. Azeez.
