El gobierno de Estados Unidos utiliza fondos públicos para producir noticias, a menudo falsas, y distribuirlas entre los medios de comunicación, a pesar de las crecientes críticas de organizaciones de defensa de la libertad de prensa.
Periodistas, activistas y expertos se han levantado en armas contra lo que consideran la diseminación encubierta de propaganda por parte de agencias gubernamentales.
En un caso, el gobierno de George W. Bush le pagó 240.000 dólares a un columnista negro, Armstrong Williams, para que promoviera un plan educativo oficial en su programa de televisión, difundido en todo el país, y en su columna publicada en una cadena de periódicos.
Williams, que pidió disculpas públicamente por no haber advertido el conflicto de intereses, también tuvo la misión de convencer a otros periodistas negros de participar en su cruzada.
Otros dos periodistas conocidos en todo el país, Maggie Gallagher y Michael McManus, también admitieron haber aceptado miles de dólares para manifestar desde sus tribunas su adhesión a diversos programas gubernamentales.
El Servicio de Noticias de la Marina y la Fuerza Aérea tienen contratados desde 2001, al comienzo de la presidencia de Bush, a 40 reporteros, productores y relacionistas públicos para que crearan buenas noticias militares con miras a su difusión en radios y televisoras locales.
Los segmentos de buenas noticias así producidos han sido vistos por unos 41 millones de telespectadores, en muchos casos sin que las emisoras de radio y televisión informen sus fuentes.
Más de 20 diferentes agencias federales emplearon fondos fiscales para producir segmentos televisivos en que se promocionó las políticas del gobierno de Bush. Esos vídeos fueron emitidos por cientos de emisoras locales que no revelaron sus fuentes.
Y el Pentagon Channel, canal del Departamento (ministerio) de Defensa, hoy es puesto a disposición del público en general por los servicios de televisión para abonados, luego de años en que apuntaba a un espectro de espectadores puramente militar.
La Oficina de Contabilidad del Congreso, una agencia de control que opera de manera independiente dentro del Poder Legislativo, consideró que los denominados paquetes de noticias producidos por organismos del gobierno constituían propaganda encubierta.
El presidente Bush replicó que la práctica era legal y que no tenía planes de ponerle fin.
Las agencias del Poder Ejecutivo no están obligadas a cumplir con los dictámenes de la Oficina de Contabilidad del Congreso, advirtió el gobierno en un comunicado.
Dos organizaciones de defensa de la libertad de prensa, Free Press y el Centro para Medios y Democracia, urgieron la semana pasada a la gubernamental Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a investigar a las emisoras que difunden noticias producidas por el gobierno sin identificar la fuente.
Unos 40.000 ciudadanos firmaron una petición elaborada por las dos organizaciones, en que exigieron a la FCC, al Congreso legislativo y a emisoras locales a poner fin a las noticias falsas.
El director ejecutivo de Free Press, Josh Silver, explicó que la petición implica que la FCC debe actuar de inmediato y erradicar el fraude noticioso, así como hacer cumplir las leyes vigentes sobre la payola. La payola es la práctica por parte de empresas discográficas de pagar a las radios por la difusión de sus productos.
El Congreso debe aprobar leyes que pongan fin a la difusión sin aclaraciones de noticias fraguadas financiadas por el gobierno, agregó Silver.
Steven Aftergood, del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos de Estados Unidos, consideró que el apoyo clandestino de comentaristas y la difusión de paquetes de noticias en vídeo refuerza las sospechas en que lo que pasa por noticia hoy es, en realidad, comprado y pagado.
Pagar a periodistas para que escriban noticias positivas es parte del patrón gubernamental de secretismo y manipulación pública que socava nuestra seguridad y nuestra democracia, dijo Aftergood a IPS.
La práctica de los paquetes de noticias comenzó durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), del hoy opositor Partido Demócrata. Pero Bush no sólo la mantuvo: también duplicó los fondos públicos utilizados con ese fin, que sumaron 254 millones de dólares en su primera presidencia.
Usar el dinero de los contribuyentes para escribir noticias sobre programas de gobierno, aprobación de medicamentos, programas de protección al consumidor y esfuerzos de seguridad le quita a los ciudadanos la posibilidad de inspeccionar cómo se usan sus impuestos, dijo a IPS Rick Blum, de la organización OpenTheGovernment.org.
