Varias medidas gubernamentales intentan contrarrestar los efectos de la crisis económica cubana de los últimos 15 años, sobre todo en aquellos sectores de la población más vulnerables y en riesgo de pobreza.
El cambio fundamental está en la prioridad que ha decidido otorgarle el Estado al consumo individual por encima del social, afirmó a IPS un economista que no quiso divulgar su nombre.
El cercano fin de la libreta, símbolo de décadas de distribución subsidiada, racionada e igualitarista de algunos bienes de primera necesidad, fue anunciado por el presidente Fidel Castro el 17 de este mes.
Se le dará más al pueblo y habrá que repartirlo con espíritu de justicia y mediante fórmulas socialistas, de acuerdo al principio de a cada cual según su trabajo, de cada cual según su capacidad, dijo el mandatario en un discurso.
Las fórmulas socialistas benefician en una primera etapa a pensionados con bajos ingresos y a más de 257.000 núcleos familiares que reciben asistencia social, y privilegian a poblaciones afectadas por una severa sequía de casi dos años.
Para los próximos días se espera aumento de las pensiones y de los salarios para trabajadores de varios sectores de la economía.
Las medidas anunciadas por Castro este mes, durante dos discursos transmitidos por la televisión estatal, incluyen la distribución de ollas de cocina eléctricas y de algunos alimentos a precios subsidiados y por núcleo familiar.
De acuerdo con el economista consultado por IPS, el país enfrenta una acumulación de problemas de amplio impacto social, y que se manifiestan en descensos del nivel de vida y aumento de las desigualdades sociales.
Aunque el sistema de distribución racionada por la libreta de abastecimientos se ha mantenido siempre, la variedad de los productos incluidos disminuyó sensiblemente desde 1990, y los consumidores acuden cada vez más a otras vías para garantizar la canasta básica.
Las alternativas están en mercados agropecuarios de libre concurrencia y en la red de tiendas estatales que venden en divisa, en las que el impuesto al consumidor (de hecho, la suba de precios) supera 220 por ciento y crece sistemáticamente, según especialistas.
Castro hizo referencia también a inversiones importantes en el sector eléctrico que podrían poner fin a los apagones para mediados de 2006 y a iniciativas de apoyo a la construcción privada de viviendas.
En el área de las finanzas, el Banco Central de Cuba disminuyó en siete por ciento el valor del peso cubano convertible (CUC, equivalente a un dólar) frente al peso, con el fin oficial de fortalecer la moneda nacional. Las operaciones de venta bajaron de 26 pesos a 24 pesos por CUC.
El salario medio mensual en Cuba ronda los 260 pesos, según fuentes no oficiales.
Entre los efectos de la crisis iniciada en 1990, Cuba muestra lo que los especialistas llaman pirámide social invertida: un portero de un hotel o un taxista pueden tener mayores ingresos que los de un médico o cualquier otro profesional.
En lugares como la capital, con 2,2 millones de habitantes, hay descontento. La vida se hace cada vez más difícil y la gente no está dispuesta a volver a un punto crítico como el que se vivió a inicios de la década pasada, opinó el economista.
Estudios realizados a inicios de esta década en Ciudad de La Habana, indican que una familia de la capital puede necesitar hasta siete veces sus ingresos salariales para satisfacer sus necesidades básicas.
Más de 70 por ciento de la población cubana de 11,2 millones de habitantes vive en zonas urbanas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el porcentaje de la población citadina en riesgo de pobreza pasó de 6,3 en 1988 a 14,7 en 1996.
Una investigación publicada el pasado año por la Cepal en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas de Cuba, reconoce el papel de la distribución racionada de alimentos en la seguridad alimentaria de este país caribeño.
Pero el subsidio por este concepto llega por igual a las familias independientemente del nivel de sus ingresos y, en una sociedad donde aumenta la desigualdad, significa cierta insuficiencia de la política social, afirma el estudio.
Yo entiendo que todos no debemos recibir por igual, pero también quisiera que los beneficios fueran realmente para las personas más necesitadas, independientemente de sus méritos políticos, dijo Sonia Gómez, vecina de un barrio residencial habanero.
Las dificultades están en que los ingresos no siempre se pueden medir por los salarios. Se estima que alrededor de 60 por ciento de la población tiene acceso al dólar, fundamentalmente por la vía de las remesas familiares desde el exterior o de trabajos privados no declarados.
El fin de la crisis parece estar aún lejos, pero las arcas estatales vivieron una inyección de liquidez a finales del pasado año.
Economistas estiman que el Estado puede haber recaudado unos 1.200 millones de dólares por la creación de una caja central que reunió los fondos en esa moneda de todas las empresas estatales y la restricción a la circulación de la divisa estadounidense en el territorio nacional.
Durante varios días la población acudió a cambiar sus ahorros en dólares por CUC, dejando así la divisa en manos del Estado y recibiendo a cambio un peso que tiene la categoría de convertible sólo en el territorio nacional.
Desapareció el dólar, pero todo siguió igual. El salario da para ir dos o tres veces al mercado agropecuario, y necesitas CUC para ir a las tiendas que hasta hace poco eran en dólares, y comprar detergente o puré de tomate, dijo Gómez.
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