En 2004, el gobierno de Nepal escapó por poco a una resolución condenatoria de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cortesía de Estados Unidos e India. Pero este año no tendrá la misma suerte.
Estados Unidos e India se sumaron al resto de la comunidad internacional en sus críticas al rey Gyanendra, que el pasado 1 de febrero asumió poderes absolutos, y exigieron la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nepal.
El monarca del único reino hindú del mundo cuestionó la capacidad del gobierno encabezado por Sher Bahadur Deuba para restaurar la paz en el país, asolado por una guerra civil entre fuerzas gubernamentales y una guerrilla maoísta, y declaró el estado de emergencia.
A diferencia del año pasado, India, Estados Unidos y la mayor parte de la comunidad internacional estarían ahora atados por sus pronunciamientos públicos en contra del golpe de Estado y por tanto es menos probable que defiendan al régimen de Gyanendra, señalaron analistas.
¿No sería el mensaje correcto, verdad? Condenar el golpe y luego defender sus resultados en Ginebra, preguntó un diplomático occidental que solicitó reserva.
[related_articles]
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, celebra su 61 período de sesiones entre el 14 de marzo y el 22 de abril.
El gobierno encontrará un gran escollo en Ginebra, dado que no cumplió sus compromisos anteriores, predijo Kedra Paudel, secretario interino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aunque los miembros de esa comisión son designados por el gobierno, el organismo se ganó amplio respeto en los últimos cinco años por sus investigaciones de abusos tanto del gobierno como de las fuerzas maoístas, y por sus esfuerzos para hacer justicia.
Momentos después de su discurso televisado a la nación el 1 de febrero, Gyanendra suspendió las libertades civiles fundamentales, incluida la libertad de expresión, lo que generó una fuerte condena de la comunidad internacional. Las líneas de teléfonos fijos y celulares fueron clausuradas y se prohibió el uso de aparatos satelitales, lo que aisló al país del resto del mundo.
Días después, el rey puso a todos los líderes políticos bajo arresto domiciliario y juramentó a su propio gabinete.
Cientos de activistas políticos y periodistas han sido encarcelados, y líderes de la sociedad civil y activistas de los derechos humanos tienen prohibido abandonar Katmandú, la capital.
Además, trascendió que las fuerzas reales de seguridad alentaron en febrero a aldeanos del distrito occidental de Kapilvastu a matar e incendiar casas de vecinos que apoyaban a los rebeldes maoístas. Como resultado, unos 24 aldeanos fueron asesinados y más de 70 casas fueron quemadas en ese distrito.
Quizá anticipándose a la sesión de esta semana en Ginebra, el gobierno liberó la semana pasada a presos políticos para crear una impresión favorable. El derrocado primer ministro Sher Bahadur Deuba y algunos miembros de su gabinete fueron liberados el viernes.
Pero Girija Prasad Koirala, presidente del Congreso, Madhav Kumar Nepal, secretario general del Partido Comunista, y Amik Sherchan, presidente del Frente Popular, todavía están bajo arresto domiciliario. Y el fin de semana, las autoridades detuvieron a cuatro líderes estudiantiles que protestaban contra el golpe de Estado.
Mientras, grupos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron informes que documentan abusos de las fuerzas de seguridad y de los rebeldes maoístas.
Según ambas organizaciones, Nepal tiene hoy el mayor número de desapariciones forzadas del mundo, alentadas por una cultura de impunidad.
En tales circunstancias, en Ginebra se apuesta a que la comunidad internacional se unirá esta vez para emitir una resolución condenatoria a Nepal, y quizá para pedir que un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas investigue violaciones a los derechos humanos en ese país himalayo.
Momentos duros esperan al gobierno en sesión de la CDHNU, tituló el diario The Katmandú Post.
