Los gobiernos no suelen avenirse con agrado a recibir relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero sobre todo temen una llamada del responsable de prevención del genocidio del foro mundial, Juan Méndez.
Méndez sólo ha visitado Sudán desde que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, lo designó en agosto como asesor especial suyo sobre prevención del genocidio. Y en esa ocasión se sumó a una misión del foro mundial encabezada por su alta comisionada para los derechos humanos, Louise Arbour.
Desde entonces, las preocupaciones de Méndez se centran en el caso de Darfur, la región occidental de Sudán sacudida en los últimos dos años por campañas de violencia que han cobrado la vida de unos 300.000 miembros de tribus de esa área. En diálogo con IPS, el funcionario analizó ése y otros aspectos de su gestión.
—¿Cuál es su evaluación más reciente de la situación en Sudán? —Creo que está empeorando. Desde septiembre es más amenazadora para la gente desplazada y con más peligro de ataques masivos. Ha aumentado la presencia militar de la Unión Africana (que reúne a todos los países del continente), pero las fuerzas locales en combate están acostumbrándose a la presencia de tropas extranjeras y consiguen burlarla en parte. En algunos casos las han atacado. También ha habido ataques contra funcionarios de organizaciones humanitarias, lo cual es grave de por sí, y además implica la posibilidad de que el retiro de los trabajadores humanitarios deje en mayor riesgo a la gente a la que ellos sirven. Creo que es un momento de definiciones muy importante, porque si no contenemos este avance de la violencia puede producirse otra catástrofe en Darfur, tan grave como la que se sufrió de mediados de 2003 a principios del 2004, y con consecuencias muy impredecibles.
—¿Ha tipificado como genocidio el caso de Darfur? —No, porque en realidad mi función es la prevención. No me toca calificar. Debo actuar cuando registro una situación que puede derivar en genocidio si no se hace algo. Si defino que existe genocidio, llego demasiado tarde. Además, la función de determinar si había genocidio en Darfur fue asignada por el Consejo de Seguridad de la ONU a una Comisión Internacional de Investigación.
—¿Favorece una intervención militar en esa región? —Aun con toda la gravedad de lo que veo, no estoy convencido de que una intervención militar no consensual vaya a mejorar las cosas. Al contrario, las puede empeorar mucho. Sí creo que en algunos casos la única solución es mandar tropas. Pero, precisamente, tiene que ser el último recurso y hay que medir las posibles consecuencias. Uno tiene la responsabilidad de proponer cosas que puedan mejorar la situación, no empeorarla.
—¿Se ha ocupado recientemente de Nepal? —Hemos estado observando la situación y analizando los acontecimientos, sin emprender acciones públicas ni privadas. El caso de Nepal muestra que no está claro si mi mandato permite actuar cuando la violencia que se puede producir no se relaciona con cuestiones étnicas, religiosas, raciales o de otros grupos nacionales, sino netamente ideológicas.
—¿Qué dice al respecto la Convención sobre Genocidio? —La definición de genocidio en esa Convención de 1948 no excluye estrictamente la violencia por motivos ideológicos o políticos, pero tampoco la incluye. Aparentemente, cuando se negoció ese acuerdo internacional (el líder soviético) Stalin se opuso a propuestas de incluir lo que ahora llama politicidio, y para conseguir consenso la definición fue limitada a las situaciones en que el grupo en riesgo de sufrir los distintos actos que constituyen el genocidio está determinado por la raza, la religión o el origen nacional, pero no por la identidad política o ideológica.
—¿Hay algún caso reciente de politicidio? —El de Camboya, que con esa definición de la Convención, no fue genocidio. Me refiero a las matanzas del régimen de Pol Pot, que en 1978 causó la muerte de alrededor de un millón de camboyanos. Por eso siento la responsabilidad moral de no estar en extremo ceñido a una definición demasiado técnica de genocidio. Si pasara algo como lo de Camboya, transcurriera un año mientras decidimos si una persecución política es en realidad genocidio, y muriera un millón de personas, creo que sería un fracaso en mi tarea. No quiero decir que debemos ignorar la Convención, porque es el instrumento en que todos estamos de acuerdo. Pero sí creo que por la labor de prevención uno tiene que actuar incluso antes de que todos los elementos de la definición estén en juego.
—¿Existe jurisprudencia sobre la calificación de genocidio con el criterio de que hubo politicidio? —Sí, un fallo de la Audiencia Nacional, que es el tribunal superior de España, al escuchar una apelación contra el pedido de arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet librado por el juez español Baltasar Garzón. Un fiscal había apelado, y la Audiencia Nacional confirmó la orden de arresto, ratificando que los delitos de los cuales Garzón podía acusar a Pinochet incluían el genocidio. Y dijo que el concepto de genocidio había evolucionado y ahora incluía el politicidio. Obviamente eso es una norma emergente, un precedente importante para el derecho español. En Gran Bretaña, la Cámara de los Lores, cuando decidió extraditar a Pinochet a España, negó la extradición por genocidio, alegando que no correspondía porque en el derecho británico esa evolución todavía no se había producido. Otro caso es un episodio de 1971 en que el gobierno mexicano, siendo secretario de Gobernación Luis Echeverría, que después fue presidente, ordenó disparar contra una marcha de estudiantes. El fiscal especial que ha nombrado el actual presidente Vicente Fox para el caso acusó a Echeverría de genocidio, diciendo que el grupo social llamado los estudiantes constituye un grupo a ser protegido bajo la definición de genocidio. El tribunal al que se dirigió rechazó eso, y el caso está en apelación ante la Corte Suprema. Según ese fiscal, en México la definición de genocidio también ha evolucionado.
—¿Por qué sostiene que lo ocurrido en Argentina durante la dictadura de 1976-1983 no fue genocidio? —Por lo mismo, porque la determinación del enemigo a eliminar era política, no racial ni religiosa. No quiero decir que no deba ser considerado genocidio. Quiero decir que bajo la definición internacional de la Convención de 1948, no cabe el genocidio por razones puramente políticas o ideológicas.
—En las últimas semanas, algunas organizaciones internacionales mencionaron la posibilidad de un caso de genocidio en Laos. —Lo de Laos se refiere a una tribu que se llama hmong. Los hmong están históricamente enemistados con el gobierno laosiano, porque cooperaron mucho con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Hay un grupo de ellos, no todos, que se han ido a vivir a la selva. Se llaman hmongs armados, porque aparentemente tienen algún arsenal, no se sabe si para autodefensa o para bandidaje. No parece que busquen derrocar a las autoridades, pero de todas maneras están armados. La política del gobierno para los hmong es hacerlos bajar de la selva y tenerlos en lugares donde puedan alimentarlos y darles tratamiento, pero no está nada claro si la reubicación es voluntaria o forzada. Hay grupos de hmong exiliados en varios lugares de Asia y también en Estados Unidos, y algunos de esos grupos alegan que son reubicaciones forzadas y que implican genocidio. El gobierno de Laos, obviamente, lo niega. Estamos tratando de averiguar más, y por el momento no hay grandes números de muertos.
—¿Cómo ve la situación en la región africana de los Grandes Lagos? —Con mucha preocupación, especialmente en la República Democrática del Congo (RDC). Hemos dirigido una nota al Consejo de Seguridad (de la ONU) a través del secretario general, insistiendo en la necesidad de establecer lo que se llama zonas de protección de civiles. Especialmente al este, cerca de las fronteras con Burundi y Ruanda. Pero la dotación armada en el terreno que tiene la ONU es muy pequeña, y después de nuestra nota se produjo una emboscada contra soldados de la fuerza internacional, en la que murieron unos once de ellos, originarios de Bangladesh. Me preocupa pedir medidas que ponen en riesgo a las tropas internacionales, pero al mismo tiempo creo que es una indicación de que hay población civil en riesgo muy inminente de violencia, y de que hay que hacer algo.
—¿Cree que después del genocidio de 1994 en Ruanda, que costó la vida de unas 800.000 personas, se ha avanzado algo en el clima de la región? —Depende un poco de cada país. En Ruanda hay menos riesgos ahora, pero el conflicto se ha movido a RDC, y un poco también a Burundi. Observamos la situación esos países con mucha atención, y lamentablemente creo que estamos muy lejos de poder decir que esos conflictos no van a empeorar. Al contrario, especialmente en la zona este de RDC puede decirse que hay un cuasi genocidio.
—¿Y en Chechenia? —Tratamos de seguir informados, en la media de lo posible. No hemos adoptado todavía ninguna determinación ni acción, pero es uno de los conflictos que seguimos a título informativo, y si vemos una tendencia hacia el deterioro, sugeriremos alguna acción a la comunidad internacional.
—¿Existe en América Latina alguna zona de riesgo? —Estoy preocupado por la situación de ciertos pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia, ubicados en lugares muy específicos, que son obviamente zonas de conflicto, y sometidos a actos de violencia tanto de paramilitares y guerrilleros. El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, me ha llamado la atención sobre algunos de estos grupos. Estoy tratando de informarme mejor para ver si se pueden ofrecer algunas sugerencias para proteger a esas comunidades que, según el relator, están en riesgo de extinción. (
