Grupos de derechos humanos y senadores opositores estadounidenses criticaron al Departamento de Defensa por desvincular a los altos mandos militares de las torturas cometidas en el marco de la guerra contra el terrorismo.
El Senado recibió el jueves las conclusiones de una nueva investigación sobre los maltratos cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán, Iraq y la base naval de Guantánamo, Cuba. El informe considera que se trataron de casos aislados y no fueron consecuencia de una política general agresiva hacia los prisioneros.
Legisladores del opositor Partido Demócrata pidieron la creación de una comisión independiente para investigar los casos y llevar a la justicia militar, si es necesario, a altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Nadie, dentro o fuera del Pentágono (sede del Departamento de Defensa), le ha pedido a los oficiales que den cuentas por las políticas que estimularon maltratos a los prisioneros, lamentó el senador demócrata Carl Levin, del Comité de Servicios Armados.
Sólo puedo concluir que el Departamento no es capaz de pedir cuentas a oficiales de determinado rango, añadió.
Levin se unió a las críticas lanzadas por los grupos de derechos humanos a la última investigación, coordinada por el vicealmirante Albert Church.
Los vacíos en el informe de Church demuestran la necesidad de una investigación independiente sobre nuestra política relativa al trato de los detenidos, sostuvo el director ejecutivo del grupo estadounidense Derechos Humanos Primero, Michael Posner.
La semana pasada, esta organización presentó, junto a la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés), una demanda contra el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a quien consideran responsable de las torturas.
Posner señaló que el informe de Church revela la falta de voluntad del gobierno de George W. Bush para examinar a fondo el problema y asignar responsabilidades por lo que se hizo mal, previniendo así nuevos abusos.
Pero Church defendió su trabajo, afirmando que se trata de una mirada minuciosa y exhaustiva sobre 71 casos confirmados de torturas.
Su informe concluyó que el Pentágono ni autorizó ni condonó el tratamiento abusivo a los detenidos, y atribuyó la actitud de los soldados a la fuerte presión a la que son sometidos para obtener información de inteligencia, así como a la falta de disciplina en ciertos casos y de políticas claras de interrogatorio.
No fui comisionado a investigar responsabilidades personales en niveles jerárquicos, dijo contundente Church al Senado.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron al informe de superficial, sobre todo porque no tuvo en cuenta una serie de mensajes de correo electrónico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) divulgados recientemente, en los que se sugiere el consentimiento del gobierno a los apremios físicos.
En los mensajes queda claro que el FBI objetó esas prácticas, al parecer avaladas por el Pentágono, como privación de sueño y utilización de perros para intimidar a los detenidos, las mismas torturas aplicadas en la prisión iraquí de Abu Ghraib, que causaron la indignación internacional el año pasado.
En el informe de Church persisten vacíos substanciales, vacíos que hacen difícil identificar quién es responsable de las torturas, dijo Posner.
El activista señaló que Church nunca habló con un solo prisionero ni con oficiales a cargo de los interrogatorios. Tampoco investigó la responsabilidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los maltratos.
Posner criticó que Church tampoco entrevistara oportunamente al ex jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición, Paul Bremer, y que hubiera dicho ante el Senado ignorar que éste respondía al Pentágono y no al Departamento de Estado (cancillería).
Church tampoco dialogó con autoridades del FBI.
Estas son omisiones imperdonables. Éste no es el 'minucioso y completo' informe que muchos de nosotros esperábamos, dijo el senador demócrata Jack Reed.
No obstante, el informe sirvió para revelar la existencia de un memorando enviado por el asistente del Departamento de Justicia, John Yoo, al asesor legal del Pentágono, William Haynes, diciendo que las Convenciones de Ginebra y las leyes internacionales sobre crímenes de guerra no eran aplicables a la guerra contra el terrorismo.
Activistas ahora exigen la divulgación de todos los memorandos de la administración Bush vinculados con políticas de detención e interrogatorio.
Incluso el senador John Warner, del gobernante Partido Republicano y presidente del Comité de Servicios Armados, lamentó que la investigación no haya alcanzado a los altos mandos militares.
No tuvo la finalidad de hacer que las autoridades rindieran cuentas. Este Comité tendrá que hacer un mayor trabajo en ese sentido, afirmó.
Mientras, el independiente Centro para los Derechos Constitucionales, que representa a más de 500 detenidos en Guantánamo, señaló que el informe de Church sigue cubriendo la implicancia de los altos mandos en los casos de torturas.
