El gobierno de Estados Unidos acusó a un ex empleado de la empresa Halliburton y a un subcontratista kuwaití por un fraude por 3,5 millones de dólares relativo a contratos por la reconstrucción de Iraq.
La denuncia penal se registró este jueves fue formulada por un jurado en el nororiental estado de Illinois, un día después de que la organización Transparencia Internacional advirtiera que la corrupción masiva amenazaba los esfuerzos de Washington en el país árabe.
La acusación recayó sobre Jeff Alex Mazon, ex empleado de Kellogg, Brown & Root (KBR), subsidiaria de Halliburton, y Ali Hijazi, socio y gerente de la empresa kuwaití LaNouvelle General Trading and Contracting Company.
Se trata de la primera acusación penal relativa a la actuación de la empresa estadounidense de servicios petroleros Halliburton y sus subsidiarias en Iraq.
La compañía, de la que fue gerente general entre 1995 y 2000 el hoy vicepresidente Dick Cheney, firmó contratos por 8.200 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos para brindar diversos servicios a las fuerzas en el país del Golfo.
Auditores militares y del Congreso legislativo estadounidense advirtieron ya el año pasado que Halliburton ganó ganado millones de dólares mediante sobrefacturación.
Según organizaciones civiles como Halliburton Watch, la empresa fue beneficiada por contratos asignados sin licitación por el gobierno estadounidense gracias a sus contactos con políticos del Partido Republicano, entre ellos Cheney, que, aseguran, aún recibiría 150.000 dólares anuales de la firma.
Halliburton, con sede en la ciudad de Houston, está a cargo de buena parte de la reconstrucción de la infraestructura petrolera iraquí. También brinda servicios de alimentación, vivienda temporaria, lavandería y conexión a Internet a los soldados allí apostados.
Mazon era el encargado en Kuwait de negociar en nombre de KBR con las empresas subcontratadas diversos servicios de asistencia a la operación militar estadounidense en Iraq y la subsiguiente ocupación.
La demanda se refiere a la firma de un subcontrato entre KBR y LaNouvelle por el suministro de combustible para las operaciones militares en Iraq antes de la invasión estadounidense, iniciada el 20 de marzo de 2003.
Según la acusación del Departamento de Justicia (fiscalía general), Mazon falsificó las ofertas de LaNouvelle y otra empresa que competía por el servicio para asegurarse de que Hijazi sería beneficiado por el contrato.
Además, supuestamente, Mazon triplicó el monto de la oferta de LaNouvelle y la de su competidor, para asegurarse de que la firma obtendría un pago superior al debido. En febrero de 2003, en nombre de KBR, asignó el suministro de combustible a LaNouvelle.
El subcontrato especificaba que KBR debía pagar a LaNouvelle más de 5,5 millones de dólares. La empresa había calculado antes de la asignación que la tarea no debería costar más de 680.000 dólares.
Al parecer, Hijazi presentó a Mazon un cheque por un millón de dólares a cambio del favor.
Mazon, de 36 años, fue detenido en el meridional estado de Georgia. Hijazi no fue arrestado aún, pues no vive en Estados Unidos.
La investigación es una entre varias que involucran a Halliburton y sus subsidiarias contratadas directa o indirectamente por el gobierno estadounidense para respaldar la ocupación de Iraq.
La acusación salió a la superficie un día después de que Transparencia Internacional indicó, en su informe anual sobre la corrupción mundial, que las irregularidades en torno de la contratación de empresas socava la reconstrucción de Iraq.
Cuando la magnitud de un soborno tiene prioridad (en las licitaciones) por sobre el dinero, las consecuencias son construcciones de mala calidad y un pobre manejo de la infraestructura. La corrupción supone despilfarro, deja a los países en bancarrota y cuesta vidas, dijo el presidente de Transparencia, Peter Eigen.
Esta organización con sede en Berlín reclamó medidas enérgicas contra la corrupción en el proceso de reconstrucción de Iraq.
La corrupción se aprovecha de un contexto de confusión y cambio, indica el informe.
Iraq, agrega, es especialmente vulnerable por su reciente historia de conflicto, tiranía y mala administración, así como por la gran magnitud de los fondos para la reconstrucción prometidos por la comunidad internacional.
La organización sostuvo que el nuevo gobierno iraquí, las fuerzas estadounidenses y los donantes internacionales debían poner más énfasis en apoyar a la prensa del país del Golfo para que vigile posibles actos de corrupción.
La prioridad, según el informe, es supervisar los ingresos petroleros de Iraq. Los fondos vertidos en países en reconstrucción como Iraq deben ser salvaguardados de la corrupción, dijo Eigen.
Los autores del estudio advirtieron que la mayor parte de los gastos anticipados para asistir a Iraq aún no fueron desembolsados.
Si no se toman medidas urgentes, el de Iraq se convertirá en el mayor escándalo de corrupción de la historia, aseguraron.
La aceleración de los desembolsos de donantes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y diversos países comprometidos con el proceso de reconstrucción podrían elevar el riesgo de despilfarro y fraude, indicaron.
Para Transparencia, los patrones de control establecidos por los donantes y las agencias que implementan la ayuda no son suficientes. Se requieren, además, amplias consultas que involucren a las comunidades locales, en la óptica de los expertos de la organización.
El ejemplo de Iraq es particularmente sombrío, indicaron.
El estudio indica que la Autoridad Provisional de la Coalición, órgano encabezado por Washington que gobernó Iraq el año siguiente a la ocupación, y el Departamento (ministerio) de Defensa de Estados Unidos contaban apenas con 80 personas para examinar el mayor programa de reconstrucción nacional de la historia de la humanidad.
Por otra parte, la acción de las empresas contratadas por Estados Unidos actuantes en Iraq se caracterizó por el despilfarro y la ganancia excesiva, sostiene el informe.
Una de las acusaciones de legisladores estadounidenses contra KBR se refiere a la sobrefacturación de 61 millones de dólares por venta de gasolina al ejército estadounidense en Iraq —un dólar de más por cada galón (0,264 litros)—, en el marco de un contrato asignado sin licitación pública.
Además, se acusa a otros empleados de cobrar 6,3 millones de dólares en concepto de sobornos por otro contrato en Iraq, y de facturar tres platillos por cada uno de los que en realidad servían en un cuartel de Kuwait.
