El brutal asesinato de ocho campesinos en el noroccidente de Colombia, entre ellos tres niños, fue atribuido al ejército por pobladores y organizaciones de derechos humanos. Las autoridades lo niegan.
Agradezcan que no matamos a otros tantos porque la noticia se regó muy rápido, espetaron militares a 25 pobladores que el 24 de febrero acudieron al lugar de la matanza para buscar los cadáveres e impedir que se alterara la escena del crimen.
El lunes 21 del mes pasado fueron asesinados dos familias y otro campesino de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una iniciativa nacida en marzo de 1997 con el respaldo de la Iglesia Católica, y que se basa sobre la resistencia a colaborar con bando armado alguno de la guerra colombiana.
Amérigo Incalcaterra, director adjunto de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó este miércoles a la comunidad, para escuchar a sus miembros y a las autoridades civiles y militares.
Según testigos, los crímenes fueron cometidos por el ejército en las veredas (aldeas rurales) Mulatos y La Resbalosa, Serranía de Abibe, en el eje bananero del noroccidente del país, zona de fuego cruzado en la guerra colombiana de cuatro decenios.
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San José es un corregimiento a 12 kilómetros del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.
El ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, declaró el lunes que la fuerza pública colombiana está hoy tranquila, no fue ella la que cometió estos atropellos, estos crímenes, y está prestándole toda la colaboración a la fiscalía y a la procuraduría en el esfuerzo por esclarecer estos hechos.
Al mismo tiempo, las autoridades militares afirmaron que ese día no hubo efectivos de la Brigada XVII efectuando operaciones.
Uno de los asesinados, Luis Eduardo Guerra, de 35 años, era el líder histórico de la comunidad, que lo había designado portavoz ante el gobierno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2000 dictó medidas provisionales de protección para los pacifistas.
Uniformados que se identificaron como miembros del ejército, detuvieron, interrogaron y torturaron a Guerra y luego lo mataron, aparentemente a garrotazos, igual que a su esposa, de 17 años, y a su hijo Deiner Andrés, de 11, afirmó un sobreviviente.
Según la denuncia, los militares fueron luego al hogar de Alfonso Bolívar Tuberquia, en las cercanías. El informe de la Comisión de Verificación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fechado el domingo y distribuido en la noche del lunes 28, afirma que el ejército entró disparando e hirió a la esposa de Tuberquia, de 24 años.
Dos campesinos que caminaban en las inmediaciones de la casa también fueron blanco de las balas. Y en la huida, uno de ellos murió.
Tuberquia, de 30 años, que había salido huyendo con otro campesino, regresó al escuchar los gritos de su compañera rogando al ejército que no asesinara a sus hijos, de 18 meses y cinco años de edad.
El labriego dijo a su compañero que prefería morir con su familia, que no podía dejarlos abandonados y regresó a la casa, según el informe.
A los cadáveres se les desmembraron cabezas y extremidades, y fueron depositados en dos hoyos. La fiscalía los encontró el viernes al mediodía. A Guerra, su hijo y su compañera los dejaron en el campo y por eso fue más difícil encontrarlos.
El grupo de 25 pobladores que custodiaba la evidencia fue reforzado el viernes con la Comisión de Verificación integrada por otros 100 campesinos, designados por el consejo interno de la comunidad para emitir un informe.
El sábado 26 un soldado se acercó al lugar donde yacían los cuerpos, recogió un machete ensangrentado, lo lavó y se lo llevó consigo, según una recopilación de los hechos, efectuada el martes por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), asociación de abogados que lleva una demanda colectiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El batallón 33 de contraguerrilla Cacique Lutaima, de la Brigada XVII, es el responsable de este crimen, dijo el lunes la defensora de derechos humanos Gloria Cuartas, quien fue alcaldesa de Apartadó cuando arreciaba la guerra, en la segunda mitad de los años 90.
Cuartas acompañó el viernes a la Comisión de Verificación, escoltada también por miembros de la CJL, las Brigadas Internacionales de Paz, Fellowship of Reconciliation, una organización ecuménica internacional, y Concern America, grupo estadounidense que promueve el desarrollo en países pobres.
La Comisión se desplazó desde el casco urbano de San José hasta las veredas donde ocurrieron los hechos, en una marcha a pie de siete horas. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General (ministerio público) se trasladaron a la zona el viernes, en helicóptero.
La tropa estuvo rodeándonos todo el tiempo, acusándonos de ser guerrilleros, reza el informe.
Para nosotros es claro, y los testigos así lo afirman, que se trató de un operativo del ejército que acordonó la zona antes de la masacre, desde el 17 de febrero, afirma el documento. Las tropas todavía se encuentran en todas las veredas.
La contundencia de las pruebas, la evidente presencia militar en la zona antes, durante y después de la masacre, señalan claramente la responsabilidad del ejército colombiano en este nuevo atentado contra la población civil, dice el informe.
Además, los militares han amenazado a varias familias de las veredas y les han advertido que si no se van, les va a suceder lo mismo, agrega.
Desde su creación, la Comunidad de Paz ha sido atacada por los derechistas paramilitares que se agrupan bajo la sigla AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y por el ejército que actúa en coordinación con ellos, afirman denuncias de los campesinos.
La guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que lleva 30 años en la zona, asesinó en octubre de 1997 a tres campesinos que se negaron a vender alimentos a los guerrilleros, pues habían pactado no apoyar a ningún combatiente.
En ocasiones, las FARC ingresan con armas al espacio humanitario para realizar acciones violentas, afirma el sacerdote jesuita Javier Giraldo, acompañante cercano de la comunidad.
El filo de la Serranía de Abibe, de 900 metros de altura, marca el límite entre las fincas de la Comunidad de Paz y Santa Fe del Ralito, donde hoy se concentran los jefes paramilitares que negocian con el gobierno su desmovilización.
En diciembre de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos había dictado medidas cautelares para la comunidad, pues de 350 fundadores, 47 habían sido asesinados.
Desde la proclamación de la Comunidad de Paz han perecido más de 146 personas, la mayoría líderes, y se han cometido 350 violaciones de derechos humanos. Ningún crimen se ha aclarado.
El informe de la Comisión de Verificación indica que la justicia colombiana ha recogido cientos de testimonios señalando a los responsables. A pesar de ello, la impunidad se mantiene y se mantendrá porque es totalmente necesaria para proteger a los asesinos.
El 14 de marzo, el Estado colombiano deberá comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia fijada con anterioridad a estos hechos, para explicar qué medidas está tomando para preservar la vida de los miembros de la Comunidad de Paz.
En abril de 2004, la Corte Constitucional de Colombia pidió protección efectiva para los más de 1.300 comuneros, objeto de matanzas y asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, violaciones y torturas, amenazas y hostigamientos, incendio de viviendas y comercios, bombardeos y retenes donde les son robados sus productos.
Estas disposiciones obligan al Estado colombiano a tomar medidas especiales de seguridad en favor de la comunidad y de sus integrantes, advirtió el lunes la oficina colombiana de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
