El gobierno de Chile no informa a los consumidores sobre los transgénicos ni establece el etiquetado de alimentos que los contienen, mientras la mayoría de los consultados en una encuesta rechaza estos productos y exige información en los envases.
El etiquetado obligatorio de los transgénicos fue la demanda central planteada por la no gubernamental Consumers International (CI) con que se celebró este martes en todo el mundo el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Hace sólo un par de meses que Lilia Lizama, ama de casa de 60 años, se enteró de la existencia de los alimentos transgénicos. "Estaba en la casa de mi hermana y de repente surgió el tema. Me dijeron que eran productos modificados y que podían producir cáncer".
"Me sorprendí y me asusté, porque a la hora de comprar algo no tengo cómo saber si es natural o transgénico", dijo a IPS Lizama, que podría haber sido una de las 500 encuestadas por la consultora Ipsos en noviembre de 2004, a petición del capítulo chileno de Greenpeace.
Según la encuesta dada a conocer el 11 de este mes en Santiago, 53,5 por ciento de los entrevistados conoce o ha oído hablar de los alimentos transgénicos, 58,5 por ciento prefiere consumir productos que no contengan organismos genéticamente modificados (OGM) y 95,9 por ciento estima que éstos deberían ser etiquetados obligatoriamente.
Para hacer públicos estos resultados, los activistas realizaron una acción a metros del palacio de gobierno de La Moneda, donde instalaron dos marionetas que mostraban al presidente Ricardo Lagos y al ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, tapándose los oídos.
Tanto Greenpeace como otros grupos ecologistas acusan al Ministerio de Economía, responsable de la política de biotecnología de 2002 y de un proyecto de ley que intenta regular la materia, de no incluir a la ciudadanía en esta discusión.
En Chile la única norma que regula los OGM es una resolución del gubernamental Servicio Agrícola y Ganadero, que data de 1993. Según este decreto, solo se autoriza el ingreso al territorio de semillas transgénicas para su multiplicación y posterior exportación en cultivos que actualmente no superan las 8.000 hectáreas.
No hay restricción para la importación de ingredientes o alimentos transgénicos para el consumo interno, a los cuales no se les exige rotulación. Esto se pretendía regular con una legislación que el gobierno estudiaba enviar al Congreso en 2004, pero que terminó archivando debido a la oposición de parlamentarios de la gobernante coalición de centroizquierda.
"El gobierno ha desestimado todas nuestras opiniones, por eso venimos a entregarle la información que arroja la encuesta, para que sea incorporada a la ley que se maneja a puertas cerradas", dijo a IPS el coordinador de ingeniería genética de Greenpeace, Juan Carlos Cuchacovich.
"Cuando el gobierno comenzó a estudiar el tema de los transgénicos se mostró muy interesado en considerar la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, pero conforme fue avanzando la elaboración del proyecto, fuimos excluidos", señaló a IPS José Vargas, director de la oficina para América Latina y el Caribe de CI.
Esta federación de 250 organizaciones repartidas en 115 países eligió el Día Mundial de los Derechos del Consumidor para profundizar la campaña global contra los OGM que inició en Bangkok en octubre del año pasado, en la víspera del Segundo Foro Mundial de Autoridades Reguladoras sobre Inocuidad de los Alimentos.
"En este día, organizaciones del todo el mundo pedimos que se implemente el etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos, conforme al derecho a la información y la libre elección de la ciudadanía", dijo Vargas, quien destacó la realización de actividades en más de 100 países, incluido Chile, que incluyen marchas, conferencias de prensa, entrevistas y reparto de información.
Un alimento transgénico es aquel obtenido a partir de un organismo modificado por ingeniería genética. La técnica consiste en transferir genes de una especie biológica a otra no relacionada, como por ejemplo, de un pescado a un tomate. El agente transmisor o vector suele ser un virus o una bacteria.
Los efectos para el ambiente y la salud humano todavía no han sido establecidos con exactitud por la ciencia, pero hasta el momento se menciona la posible resistencia de bacterias a algunos antibióticos útiles para el ser humano.
El año pasado, aproximadamente 8,25 millones de agricultores de 17 países sembraron cultivos transgénicos, de acuerdo con el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés), una organización financiada por la industria.
Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y China concentran 96,5 por ciento de los cultivos de OGM en el mundo, los que se dividen básicamente en soja, maíz, algodón y canola. En los tres primeros países no se identifica obligatoriamente a estos alimentos.
CI plantea presionar al Codex Alimentarius -creado en 1963 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud- para que adopte una norma internacional amplia en el etiquetado de los productos transgénicos.
Paralelamente, la federación mundial de consumidores exigirá a los gobiernos nacionales la implantación de rotulados para los OGM, los que espera sean "positivos" (indican la existencia de contenido transgénico) y no "negativos" (señalan su ausencia).
Las regulaciones deben incluir productos cárnicos y lácteos provenientes de animales criados con alimentos transgénicos, según plantea CI.
Vargas destaca el reglamento de la Unión Europea que entró en vigencia en octubre de 2003, el cual exige el etiquetado de todos los productos que contienen, consisten en o son derivados de componentes transgénicos, independientemente de que éstos puedan ser detectados en el producto final.
"Creemos que no darle la oportunidad a la gente de saber qué está consumiendo es una falta de democracia, ya que ésta se construye con transparencia e información", manifestó Cuchacovich.
"El gobierno tiene que decir por qué no quiere escuchar a la ciudadanía. Obviamente nosotros tenemos nuestras suposiciones, que nos dicen que hay grandes intereses económicos detrás de esto", advirtió el experto de Greenpeace.
El director regional de Consumers International cree que en Chile la conciencia de los ciudadanos en torno a este asunto es baja, "en gran medida por culpa del gobierno, porque no implementa programas informativos ni educativos".
"Los consumidores tienen que ser más exigentes al momento de comprar, las organizaciones sociales tenemos que seguir difundiendo los datos que manejamos y las autoridades tienen que diseñar políticas sociales que respondan a las necesidades las personas", recalcó Vargas.
La desinformación de la mayoría de los chilenos también alcanza a otros temas de interés para la salud humana, como "el manejo de pesticidas en las faenas agrícolas, el uso indiscriminado de hormonas en aves y el abuso de antibióticos en la producción lechera", lamentó Vargas.
