La legalización del aborto parece muy lejana en Brasil, a la vista de las encendidas polémicas que aún provocan los pocos casos en que la legislación nacional permite, desde 1940, la interrupción del embarazo.
En el debate en curso sobre la necesidad de denuncia policial de una violación para legalizar la interrupción de un embarazo provocado por ese crimen, está implícito un descrédito a la palabra de la mujer, el supuesto de que ella miente, dijo a IPS la activista Dulce Xavier, de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
El presidente del Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, advirtió que los médicos que practican el aborto en mujeres víctimas de estupro sin el boletín de denuncia policial, estarán sujetos a penas legales, aunque su procedimiento esté habilitado por las autoridades sanitarias.
La advertencia fue una reacción al anuncio del Ministerio de Salud, que adoptará una norma técnica dispensando los trámites policiales para que las mujeres puedan abortar, en hospitales públicos, el feto generado en un acto de violencia sexual.
La dirección de la Asociación Médica Brasileña, que congrega cerca de 250.000 médicos, apoyó la medida. Pero el Colegio de Abogados de Brasil considera que, tal como fue anunciada, no protege a los médicos de una acusación penal.
El Código Penal vigente desde 1940 condena el aborto, pero lo considera legal en caso de riesgo para la vida de la mujer y de embarazo resultante de estupro. La ley no exige el registro policial, pero sí lo hacen los hospitales y médicos en general, que a veces piden incluso autorización judicial.
El movimiento femenino logró romper esa regla no escrita. Ya existen en el país 46 hospitales que pasaron a atender embarazadas en esa situación, sin exigir la denuncia en la policía, según CDD.
La decisión del Ministerio de Salud, ahora en cuestión, solo reafirma un derecho ya reconocido de las mujeres, sin considerarlas sospechosas de antemano, sostuvo Xavier, socióloga responsable de comunicación de CDD y coordinadora de la Red Feminista de Salud en la meridional ciudad de Sao Paulo.
Cuando la policía ve a un herido lo lleva primero al hospital y no a la comisaría, el mismo principio debe aplicarse en la violencia sexual, argumentó, explicando que muchas veces la víctima no quiere o no puede denunciar el agresor, por tratarse de alguien allegado o que amenaza su vida.
El argumento de que la embarazada puede engañar al hospital, alegando un falso estupro, es lo que más irrita a Xavier. Cuando las mujeres buscan el servicio público para interrumpir un embarazo, están debilitadas, atemorizadas, no mienten, aseguró.
La asistencia en este caso supone un equipo conformado por médico, enfermeras, psicóloga y asistente social que pueden perfectamente evaluar si se trata de una farsa, acotó.
Pero los mismos médicos están divididos. Reducir la burocracia, humanizando la atención a las mujeres que sufrieron violencia es un avance, sostuvo el presidente de la Federación Brasileña de Ginecología, Edmundo Baracat.
Pero su colega Isac Jorge, que preside el Consejo de Medicina del Estado de Sao Paulo, siguió a los portavoces de la Iglesia Católica, al acusar al Ministerio de Salud de abrir las puertas a la generalización del aborto.
Ante tales resistencias y las opiniones de los juristas, la norma técnica del Ministerio no alejará los temores de los médicos. La tendencia es mantener la exigencia del registro policial del estupro, indican varias opiniones difundidas en los últimos días.
La polémica comprueba la dificultad en avanzar hacia la legalización del aborto, reclamada en la Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres, convocada por el gobierno en julio del año pasado.
La inclusión de una tercera situación de aborto legal, la de fetos anencéfalos, enfrenta manifestaciones contraria desde julio, cuando un juez del Superior Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello, habilitó abortos en estos casos, sin necesidad de autorizaciones judiciales.
El apoyo del Consejo Nacional de Salud, órgano que orienta el gobierno en esa área, y del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana no desalentó la resistencia de la Iglesia Católica, fuerzas políticas conservadoras e incluso del jefe de la fiscalía, el procurador general de la República, Claudio Fonteles.
El derecho a abortar fetos sin cerebro, que no tienen ninguna posibilidad de vida fuera del útero, sigue así dependiendo de un fallo del plenario de la Suprema Corte, sin plazo fijado.
Además, hay intentos de anular algunas conquistas de las mujeres. Está en trámite en la Cámara de Diputados un proyecto que, de ser aprobado, obligaría a los hospitales a ofrecer un programa de orientación a las pacientes en vías de someterse a un aborto legal, sobre los métodos utilizados y sus efectos colaterales.
El objetivo es inducir las mujeres a desistir del aborto, provocando miedo y culpa, criticó el Centro Feminista de Estudios y Asesoría, que llamó a una campaña para presionar a los parlamentarios a rechazar el proyecto.
Se estima que en Brasil, con má de 182 millones de habitantes, se practican anualmente entre 750.000 y 1,4 millones de abortos, la mayoría de forma clandestina e insegura. En consecuencia, los servicios públicos de salud atienden por año a casi 250.000 mujeres con secuelas de intervenciones inadecuadas.
En América Latina y el Caribe, donde rigen legislaciones muy restrictivas sobre el aborto, el Instituto Alan Guttmacher, de Estados Unidos, estimó que 20 por ciento de los embarazos son interrumpidos, alcanzando cerca de cuatro millones de abortos cada año.
