Masacres, asesinatos de líderes de varios grupos aborígenes, la impunidad de los autores, el aumento de suicidios entre guaraníes y la lenta demarcación de sus tierras son hechos que marcan un incierto futuro para los indígenas de Brasil, denunció este miércoles Amnistía Internacional (AI).
El informe Extranjeros en nuestro propio país, divulgado por la organización no gubernamental (ONG) internacional, destaca varios casos de violaciones de derechos que amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas.
La asunción a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2003, despertó esperanzas de cambios de la política oficial, ya que el gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) prometió prioridad a la solución de los problemas indígenas y corrección de los errores del pasado.
Los hechos relatados por AI dejan en evidencia la frustración posterior, duramente manifestada hace 34 días por una ONG nacional, el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), de la Iglesia Católica.
El gobierno dejó finalmente el discurso engañoso de aliado de la causa indígena para revelar su verdadera cara de instrumento de sus más poderosos y letales enemigos, declaró la dirección del CIMI en un comunicado.
En la segunda semana de la gestión de Lula, el 13 de enero de 2003, Marcos Verón, un líder de los guaraní-kaiwoá, fue apaleado hasta la muerte delante de su familia, al resistir el desalojo de las tierras tradicionalmente ocupada por su pueblo en el centrooccidental estado de Mato Grosso do Sul, recuerda el informe de AI.
Luego se multiplicarían los asesinatos de indígenas, que ya suman 63 desde el inicio del gobierno de Lula, según el CIMI. Estos actos doblaron el promedio anual en relación al período anterior, que registraba unas 14 muertes por año, comparó para IPS Saulo Feitosa, vicepresidente de CIMI.
Antes, la mayor parte de la violencia provenía de agentes públicos, y ahora del sector privado, observó. En su evaluación, los ataques recrudecieron porque las fuerzas retrógradas imaginan que los indígenas cuentan ahora con mayor apoyo del gobierno y reaccionan con mayor agresividad.
Los indígenas no disfrutan los supuestos beneficios, pero sufren los efectos negativos en la forma del agravamiento de los conflictos, señaló..
En la cifra de asesinatos no se incluyen atentados, como el que se tendió a Marcos Xukurú, líder del grupo indígena xukurú, en el nororiental estado de Pernambuco, del que logró escapar aunque sus dos acompañantes murieron. Su padre, Chicao Xukurú, había sido asesinado en 1998.
Otros actos de violencia contra los indígenas son mencionados en el informe. Es el caso de la masacre de 14 tikunas, seis de ellos niños, en 1988, en sus tierras en el municipio de Sao Leopoldo, norteño estado de Amazonas, cuyos verdugos sufrieron condenas leves e incluso aligeradas más tarde.
La invasión de tierras reservadas a los indígenas por mineros, extractores de madera y agricultores está en el origen de varios cruentos conflictos.
En abril del año pasado, los cinta larga mataron a 39 mineros que buscaban diamantes en la tierra indígena. El mes siguiente, un adolescente cinta larga apareció muerto a tiros, en una aparente venganza.
Pero es la desesperanza de los indígenas guaraníes, en Mato Grosso do Sul, lo que conmueve el país actualmente. Muchos niños están muriendo de desnutrición y los suicidios son frecuentes entre los jóvenes.
Entre enero de 2001 y julio de 2003 la gubernamental Fundación Nacional de Salud registró 132 suicidios entre los guaraníes, con un fuerte incremento, ya que de 1986 a 1999 se habían contado 305 suicidios.
La escasez de tierras provoca las tragedias del hambre y de los suicidios, según Feitosa. La reconstitución de la territorialidad es indispensable a la supervivencia física y cultural de aquel pueblo, sentenció.
La AI recomienda al gobierno hacer efectiva la prioridad prometida de una política clara que asegure los derechos humanos y la tierra de los pueblos autóctonos, con amplia consulta al movimiento indígena y fortalecimiento de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano oficial de protección a esa población.
Combatir la impunidad de la violencia, ampliar la protección y la seguridad de los indígenas y solucionar las disputas por la tierra son otras recomendaciones específicas.
El informe de AI apunta violaciones conocidas de los derechos indígenas y medidas correctas para solucionarlas, evaluó Feitosa. En varios casos son fenómenos surgidos hace muchas décadas, y las situaciones mencionadas son muy distintas, pero tienen un factor común, la incapacidad del Estado para solucionar los problemas, concluyó.
En respuesta al informe de AI, la Funai emitió una nota destacando que la política indigenista brasileña se basa en el respeto a la diferencia y la armonía entre las etnias que componen la nación.
En los dos primeros años del gobierno de Lula se homologaron 48 tierras indígenas, sumando 16,5 millones de hectáreas, y se reconocieron otras 43 con 2,8 millones de hectareas.
Los indígenas brasileños ya cuentan con 480 reservas reconocidas y demarcadas o en proceso de demarcación, extendiéndose a 11 por ciento del territorio nacional.
En salud, el órgano reconoce que la mortalidad infantil indígena supera el promedio nacional, pero la población indígena también creció más que el promedio nacional, de 120.000 personas en 1955 a 430.000 actualmente.
Dos territorios guaraníes fueron homologados desde octubre, contribuyendo a la solución de la desnutrición y los suicidios, señala la nota.
Además, se ampliaron las escuelas destinadas a la enseñanza primaria y secundaria de los 150.000 indígenas en edad escolar, y ese sector de la población amplió su participación política, con la elección de seis alcaldes y más de cien concejales en los comicios de 2004, dijo la Funai .
