La prórroga del Estatus de Protección Temporal otorgado por Estados Unidos es sólo un respiro para los 344.000 inmigrantes centroamericanos comprendidos por la medida, mientras millones siguen sin papeles y trabajando en condiciones de explotación, afirman especialistas.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permite a algunos inmigrantes permanecer y trabajar en Estados Unidos durante un período fijo, con carácter excepcional y sin generar derechos para aspirar a la residencia legal. La última prórroga es de sólo 18 meses.
Washington otorgó el TPS como paliativo a los desastres económicos y sociales causados en el istmo por el huracán Mitch, en 1998, y por los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador. A la medida sólo pueden acceder inmigrantes salvadoreños, nicaragüenses y hondureños.
El anuncio de la extensión se efectuó el 6 de enero, 14 días antes de que George W. Bush iniciara su segundo mandato presidencial.
Activistas y expertos en migraciones consultados por IPS consideraron insuficiente la medida para responder a una realidad migratoria como la centroamericana.
Pobres manteniendo a pobres es la realidad detrás de la inmigración salvadoreña y regional en Estados Unidos, dijo a IPS Gilma Pérez, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de El Salvador
La frase es muy común, pues quienes se mudan a territorio estadounidense no mejoran su condición social, y el envío de remesas a las familias que permanecen en su país pasa a ser casi el único sostén económico de éstas.
De hecho, muchas familias salvadoreñas con algún integrante en Estados Unidos han abandonado labores agrícolas a las que se dedicaban, y dependen exclusivamente de las remesas.
Ahora son los nicaragüenses los han comenzado a trabajar en tareas agrícolas en El Salvador. Aquí no se les dan las condiciones laborales adecuadas a ellos como a los centroamericanos tampoco se les concede en Estados Unidos, afirmó Pérez.
A El Salvador ingresaron el año pasado 2.550 millones de dólares por remesas, 445 millones más que en 2003, y Honduras percibió 1.120 millones, 270 millones más que el año anterior.
El Banco Interamericano de Desarrollo calificó de vitales para la región las remesas llegadas en 2004. Si la fuente de remesas se cortara de manera abrupta, la economía centroamericana podría derrumbarse en tan solo tres meses, añadió la institución.
Las remesas son un pilar de nuestra economía y desde esta perspectiva la ampliación del TPS ayuda mucho a los salvadoreños, dijo a IPS Sandra Guevara, de la Consultoría en Inmigración y Negocios Salvadoreños Americanos.
Pero el TPS solo favorece a los salvadoreños que ingresaron antes del 13 de febrero de 2001 y muchos no pueden demostrarlo. Este año hubo menos solicitudes que en el proceso anterior, porque los trámites son cada vez más burocráticos, dijo Pérez.
En total, 244.000 salvadoreños, 90.000 hondureños y 10.000 nicaragüenses cuentan ahora con el TPS, que les da derecho al trabajo y a asistencia médica y evita que sean deportados en cualquier momento.
En Estados Unidos viven al menos dos millones de ciudadanos de El Salvador, cuya población es de 6,8 millones, 1,7 millones de Guatemala, país de 12,8 millones de habitantes, y 800.000 hondureños, contra 7,3 millones de personas en Honduras, según datos de organizaciones que estudian las migraciones.
Unos 300 salvadoreños intentan diariamente ingresar a Estados Unidos, y son más los hondureños que hacen lo propio, según Pérez.
La posible aprobación del Tratado de Libre Comercio entre cinco países América Central, República Dominicana y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés) ya resuelta en El Salvador y en discusión parlamentaria en Honduras, agudizará el fenómeno migratorio, a juicio de la especialista.
En el Instituto (de Derechos Humanos de la UCA) creemos, con base en estudios, que el Tratado favorecerá a las grandes empresas que ya tienen conexiones en Estados Unidos y excluirá de sus beneficios a la población, dijo Pérez.
La explotación de mano de obra barata, la ausencia de reglas claras sobre derechos laborales y sociales y la invasión de productos estadounidenses, son algunos peligros señalados por la analista.
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son cinco de las siete naciones del istmo que firmaron el Cafta. Panamá y Belice no formaron parte del acuerdo.
La mitad de los 36,7 millones de centroamericanos vive en la pobreza.
Algunos analistas estiman que la prórroga del TPS es también una suerte de retribución de Washington al apoyo que prestaron los gobiernos de Honduras, Nicaragua y El Salvador a la invasión estadounidense de Iraq, que incluyó el envío de tropas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador instó al gobierno a revisar las condiciones económicas, pues es posible que no haya más prórrogas al TPS y decenas de miles de afectados deban regresar al país en un año y medio.
La Casa del Migrante de Honduras y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala constataron que sólo en la primera mitad del año pasado fueron deportados por tierra 100.000 centroamericanos sin papeles que intentaban cruzar la frontera estadounidense desde México.
El promedio mensual de deportaciones fue de 16.000 personas a Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y, en menor proporción, a Costa Rica. La mayoría vuelve a intentar hasta 10 veces el peligroso viaje.
Los coyotes, traficantes de personas, cobran 5.000 dólares o más por traslado al país norteamericano. Por lo general, los inmigrantes cruzan la frontera de Guatemala con México por tierra y siguen hacia el norte.
En el camino se topan a menudo con el tren de la muerte, que sale del sudoriental estado mexicano de Hidalgo con destino a la capital, y lo abordan cuando ya está en movimiento, arriesgándose a frecuentes accidentes mortales.
