Si el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quiere que Egipto conduzca al resto del mundo árabe por la senda de la democracia, debería lograr antes que el gobierno de ese país ponga fin a la tortura y las detenciones arbitrarias.
Hasta hoy continúan incomunicadas unas 2.400 personas detenidas a raíz del atentado del 7 de octubre contra el hotel Hilton Taba, en la frontera entre Egipto e Israel, lo que contraviene las propias leyes egipcias, advirtió la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Activistas consideran que muchos de ellos han sido torturados en la cárcel, según el informe de 48 páginas titulado Arrestos y tortura masivos en Sinaí, publicado este martes por HRW y otras dos organizaciones egipcias.
Las fuerzas de seguridad egipcias respondieron a la atrocidad (del atentado) cometiendo ellas mismas abusos masivos de derechos humanos, dijo el director en Washington de la división de HRW para Medio Oriente y África Septentrional, Joe Stork.
El activista investigó las detenciones con la ayuda del Centro Legal Hisham Mubarak, con sede en El Cairo, y la Asociación Egipcia contra la Tortura.
El gobierno de (el presidente Hosni) Mubarak aún no recibió el mensaje de que la rutina de la tortura y los arrestos arbitrarios es ilegal y no mejora las condiciones de seguridad, declaró Stork. Si Egipto no acusa a los detenidos ante la justicia ni les garantiza un juicio justo, debería liberarlos de inmediato.
El informe de HRW fue difundido un día después de que Bush repitió, ante dirigentes políticos y empresarios europeos reunidos en Bruselas, su exhortación a que Egipto sea el faro de la democratización de Medio Oriente, ante dirigentes políticos y empresarios europe
En su discurso, Bush llamó a la Unión Europea (UE) a unirse a la campaña mundial de su país por la democracia. La gran y orgullosa nación de Egipto, que mostró el camino hacia la paz en Medio Oriente, puede mostrar el camino hacia la democracia en Medio Oriente, afirmó.
Pero Mubarak muestra poco entusiasmo en la función que Bush le ha asignado.
De hecho, desde enero, las fuerzas de seguridad egipcias han arrestado a varios conocidos dirigentes políticos egipcios, entre ellos Ayman Nur, opositor a los planes de Mubarak de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de este año.
El mandatario egipcio ocupa el cargo desde el asesinato en 1981 de su predecesor, Anwar Sadat, y de triunfar en los próximos comicios, como todo hace prever, iniciaría su quinto periodo presidencial.
Nur, a quien se le despojó de su inmunidad parlamentaria y fue arrestado en duras condiciones en las escalinatas del Congreso legislativo egipcio, propuso una enmienda constitucional para admitir la comparecencia de más de un candidato en elecciones presidenciales.
La constitución egipcia establece que el parlamento designa a un candidato único y que los ciudadanos deben limitarse a marcar opciones por sí o no en la hoja de votación.
El gobierno confió en que Egipto estaba dando vuelta una página en materia de derechos humanos cuando dio permiso para una manifestación opositora al presidente Mubarak en diciembre, dijo a comienzos de mes la directora de HRW para Medio Oriente, Sarah Leah Whitson.
Pero la represión radical del gobierno contra el disenso pacífico es una señal de que no hay espacio para las libertades democráticas en un gobierno de Mubarak, advirtió la activista.
Nur y otros conocidos opositores presos no están incomunicados, pero ese es el destino de cientos de detenidos menos célebres, sospechosos de participar en organizaciones islámicas y perseguidos luego del atentado en el hotel de Taba, según el último informe de HRW.
La operación con un coche bomba, en que murieron más de 30 personas —la mayoría israelíes, turistas y empleados del hotel egipcios— y más de un centenar resultaron heridos, fue atribuido primero a la red terrorista Al Qaeda u otras organizaciones internacionales.
Pero a fines de octubre, el Ministerio del Interior egipcio identificó a nueve personas —dos de los cuales habían sido muertas y otras cinco mantenidas bajo arresto— como responsables del atentado y otros dos menores en sitios turísticos cercanos ocurridos simultáneamente.
El anuncio fue efectuado casi dos semanas después de que la poderosa agencia de inteligencia Investigaciones de Seguridad del Estado (ISS) lanzó arrestos en masa en Al-Arish, centro gubernamental y comercial del norte de Sinaí, y en sus alrededores.
Para diciembre, organizaciones de derechos humanos egipcias advertían que hasta 3.000 personas habían sido arrestadas, entre ellas varios cientos con el único motivo de asegurar que se entregaran sus familiares sospechosos.
La negativa del gobierno a dar cualquier información respecto de los arrestados aumentó la tensión en la zona.
El 28 de enero, entre 500 y 1.000 manifestantes que protestaban contra las detenciones chocaron con la policía en Al-Arish. Varios días después, uno de los sospechosos desaparecidos murió en un tiroteo en el área. Las autoridades liberaron a 90 detenidos el 5 de febrero.
Los últimos informes se basan, fundamentalmente, en una visita de HRW y organizaciones egipcias a la región a comienzos de diciembre, durante la cual entrevistaron a ex detenidos y a testigos de los arrestos.
En todos los casos, según HRW, ISS no informó a los sospechosos de las razones de la detención, generalmente realizada antes del amanecer en sus propias viviendas.
Esta agencia suele mantener a los detenidos en sus oficinas locales durante tres o cuatro días sin acusarlos, luego libera a unos pocos y transfiere al resto a prisiones en El Cairo y en el delta del río Nilo.
Al parecer, la mayoría de los detenidos eran islámicos o así se los consideraba, indicó HRW.
Familiares de los arrestados dijeron conocer la condición de sus seres queridos a través de otros detenidos, una vez que fueron liberados. El gobierno se ha negado a darles cualquier información.
