Brasil debería invertir casi 7,2 billones de reales (2,7 billones de dólares), el monto equivalente al producto interno bruto de más de cuatro años, para alcanzar en 2020 el nivel de vida de los países industriales.
Esa es la conclusión del Atlas de la exclusión social, elaborado por 17 investigadores de distintas disciplinas y universidades, que estima la necesidad de generar más de 56 millones de nuevos empleos en los próximos 15 años, o sea 3,5 millones cada año, en este país de 182 millones de habitantes.
Parece una tarea imposible. Pero Marcio Pochmann, economista y coordinador del estudio, la ve factible si se amplían las inversiones en el área social, con políticas públicas más articuladas y eficaces, superando la fragmentación actual.
El grupo estimó la deuda social brasileña en unos 2,7 billones de dólares, analizando la situación de los 26 estados del país y las inversiones necesarias para alcanzar metas definidas en nueve áreas, que incluyen educación, salud, vivienda, cultura y trabajo decente.
En educación, por ejemplo, se destaca que solo un tercio de los jóvenes de 15 a 20 años están en la enseñanza media (o secundaria), mientras en Chile alcanzan 80 por ciento. El estudio calculó los costos de elevar, en los próximos 15 años, la escolaridad secundaria al nivel chileno actual, explicó Pochmann a IPS.
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Si la meta es llegar a 2020 con el nivel de vida de países ricos como Japón o los europeos más avanzados, será necesario invertir por año 27,6 por ciento del producto interno bruto (PIB). Con una inversión anual de 14,5 por ciento se alcanzarían las condiciones actuales de países intermedios, como Grecia.
Conocida esta dimensión de la deuda, es indispensable que el gobierno defina objetivos sociales, tal como lo hace en economía, pero articulados de manera que las metas económicas no desorganicen lo social como ocurre actualmente, dijo Pochmann, profesor de economía del trabajo en la meridional Universidad de Campinas, a 100 kilómetros de Sao Paulo.
Se exige un cambio drástico en las políticas vigentes, como la que amplía el peso de los productos primarios en la exportación, cuya competitividad exige costos siempre menores, reduciendo más aún los bajos salarios que debilitan el mercado interno, sostuvo.
Sin fuertes inversiones sociales, Brasil corre el riesgo de tener en 15 años condiciones socioeconómicas peores que las actuales, agravando las dificultades de gobernabilidad, advirtió Pochmann, quien vivió hasta diciembre una experiencia de gobierno como secretario municipal de Trabajo de la ciudad de Sao Paulo, una de las más pobladas del mundo.
Además, falta integración entre los ministerios y órganos del gobierno, que actúan sin articulación, como departamentos autónomos que no se comunican, restando eficacia a las inversiones y las políticas, criticó.
El grupo de investigadores del Atlas de la exclusión social busca promover el debate nacional sobre la deuda social y la necesidad de definir objetivos y políticas de conjunto para esa área aún supeditada a las metas macroeconómicas.
Sus conclusiones podrían presentarse en el Consejo de Desarrollo Económico y Social, creado como órgano consultivo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con representantes de la sociedad civil y del empresariado, y cuyas sugerencias poco influyeron en el gobierno hasta ahora.
Brasil asumió propósitos más modestos al comprometerse con las ocho Metas de Desarrollo para el Milenio, aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2000 y con norte en 2015.
Esas metas incluyen abatir a la mitad la proporción de población que sufre pobreza extrema y hambre, entre otros objetivos de salud, educación, trabajo, género y ambiente.
De acuerdo con un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 2003, Brasil se encontraba entre los siete países de la región que seguirían disminuyendo la pobreza extrema, pero demasiado lentamente como para cumplir el objetivo en 2015.
Los países en desarrollo se caracterizan por la desorganización de la sociedad y del gobierno, dijo Pochmann. El crecimiento económico no se sostiene sin avances en el desarrollo social, que exige pesadas inversiones, principalmente en educación y salud.
La generación de empleos es clave para el desarrollo, señala el Atlas, publicado a fines de enero. Para que Brasil llegue al nivel de Grecia en 2020, necesita crear 50,4 millones de nuevos empleos, lo que exige un crecimiento económico de por lo menos cinco por ciento anual. En las dos últimas décadas el país solo logró un promedio cercano a dos por ciento al año.
Aun cumpliendo el esfuerzo de generar tantos puestos de trabajo, quedarán sin empleo 14,7 millones de trabajadores en 2020, estima el estudio. En 2002, las estadísticas oficiales registraban 22 millones de desempleados o subempleados en Brasil.
El problema en Brasil (como en muchos países de América Latina) es el déficit de trabajo decente. Hay millones de ocupados en el sector informal, sin garantías ni derechos laborales y con bajísima remuneración.
La experiencia en la ciudad de Sao Paulo en los cuatro últimos años indica que, aun con inversiones limitadas, se puede hacer mucho, aseguró Pochmann.
Hasta 2000, siete de cada diez empleos se concentraban en el centro de la ciudad, y solo tres eran ofrecidos en la periferia, agravando las desigualdades sociales.
El año pasado, de los 200.000 empleos generados, 60 por ciento correspondían a la periferia, destacó el ex secretario. Uno los efectos sociales de ese cambio fue una gran reducción de los asesinatos en la ciudad, concluyó.
