El mexicano Ignacio, de 22 años, adelantó sus planes de emigración a Estados Unidos, como le aconsejó el pollero que promete llevarlo a ese país, tras advertirle que para abril o mayo el pasaje por la frontera será más difícil y costoso.
Entre los polleros o coyotes, apodos con los que se conoce en México a los traficantes de personas, se divulgaron en los últimos días rumores de que Estados Unidos endurecerá sus controles migratorios.
Es su negocio, así que están bien informados, dijo a IPS Valentín Contreras, un voluntario que trabaja en una centro de atención a emigrantes en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos.
Es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 9 de este mes el proyecto de ley titulado de Identificación Real, apoyado por el gobierno de Washington y que en caso de ser ratificado por el Senado restringirá los derechos de los inmigrantes indocumentados y extenderá los muros levantados en su larga frontera con México.
En los últimos meses surgieron además otras iniciativas parlamentarias y de ciudadanos estadounidenses que buscan dificultar la vida a los inmigrantes, pero que aún no han sido discutidas.
La mayoría de proyectos tienen similitudes con la Propuesta 200, aprobada en noviembre en el sudoccidental estado estadounidense de Arizona en el marco de las elecciones presidenciales. Con esa norma, se limitó la entrega de servicios de salud y educación a inmigrantes que no tengan residencia legal en esa jurisdicción.
También senadores del gobernante Partido Republicano por el septentrional estado de Arkansas presentaron en enero un proyecto de ley dirigido a restringir a indocumentados los servicios públicos, mientras el grupo ciudadano Defiendan Colorado Ahora del central estado de ese nombre informó que impulsará un plebiscito para una iniciativa igual a la Propuesta 200.
Algo similar hizo en el occidental estado de California la agrupación Comité Salven Nuestras Licencias, que se opone a la expedición de permisos de manejo para indocumentados.
Asimismo, en el estado sudoriental estado de Georgia y en los occidentales Idaho, Nevada y Utah existen grupos que promueven antes sus legisladores y gobernantes la aprobación de medidas contra inmigrantes.
Hay un endurecimiento severo de las políticas contra la inmigración en Estados Unidos, declaró Joel Magallán, director de la Asociación Tepeyac de Nueva York, grupo no gubernamental de origen mexicano que defiende los derechos de los inmigrantes.
En Estados Unidos viven 39,9 millones de personas nacidas en América Latina o descendientes de inmigrantes de esa procedencia, principalmente mexicanos. De ese grupo, unos cinco millones carecen de documentos de residencia en regla.
Según relató vía telefónica Contreras, quien trabaja en el Albergue Juvenil para Menores Migrantes de Tijuana, Ignacio y otros aspirantes a ingresar a Estados Unidos le indicaron que los polleros que contrataron están pidiendo apurar los viajes. Saben que luego será más complicado y caro, así que viajarán pronto, indicó.
Antes de 1993, cuando Washington comenzó a endurecer sus controles migratorios en su frontera sur a través de operativos policiales y la construcción de muros, contratar a un traficante de personas en México para atravesar la línea divisoria y llegar a un sitio seguro en Estados Unidos costaba unos 150 dólares.
En la actualidad, cuando cruzar la frontera es más peligroso y difícil, el mismo viaje cuesta más de 2.000 dólares, indican diversos testimonios y estudios realizados sobre el tema por académicos.
Cálculos del estatal Instituto Nacional de Migración de México indican que operan en este país al menos 100 redes de traficantes de personas.
Unos 112 kilómetros de los 3.200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México ya están divididos por muros de metal o concreto, mientras el resto tiene barreras naturales o pequeñas cercas, pero todas fuertemente vigiladas.
La mayoría de los emigrantes a Estados Unidos cruzan por los lugares menos resguardados, que son los más peligrosos por la geografía y el clima extremo. Entre 2000 a 2004, murieron 404 mexicanos por año de promedio en su intento por llegar al vecino país del norte.
Tal como lo hicieran con la Propuesta 200, grupos humanitarios y el gobierno mexicano del presidente Vicente Fox protestaron por la reciente aprobación en la cámara baja estadounidense del proyecto de ley de Identificación Real. Atenta contra los derechos de los inmigrantes, denunciaron.
En caso de que el Senado la transforme en ley, lo cual seguramente suceda, el gobierno de Estados Unidos apoyará la ampliación de 22 a 27 kilómetros el muro divisorio existente ya entre las ciudades de Tijuana y la estadounidense de San Diego, estado de California.
Además, limitará a los inmigrantes la obtención de licencias para conducir automóviles y la validez de la llamada matrícula consular mexicana, que el gobierno entrega a los ciudadanos de este país residentes en Estados Unidos y que ya es aceptada en varios de sus estados para abrir cuentas bancarias y hacer algunos trámites burocráticos.
La ley de Identificación Real no contribuye a establecer un orden en la inmigración por lo que México no está de acuerdo, dijo Fox.
Para la estatal, pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se trata de una iniciativa que generará violencia e intolerancia contra los inmigrantes y obstaculizará el diálogo diplomático.
Pero el gobierno estadounidense de George W. Bush defiende el proyecto. A través de un comunicado de la Oficina de Administración y Presupuesto, señaló que da su fuerte apoyo para su aprobación, pues entiende que reforzará la capacidad de protegernos contra el ingreso de terroristas..
El gobierno y los legisladores de Estados Unidos criminalizan la inmigración, lo que va contra la amistad que debe haber entre dos países vecinos, sostuvo el presidente de la CDDH, José Luis Soberanes.
México y Estados Unidos mantienen desde 2001 diálogos para definir un plan de migración. El primero insiste en uno que legalice la estancia de los inmigrantes, pero Washington advierte que promoverá uno que sólo incluya permisos de trabajo temporal.
Hasta la fecha ninguna de las dos versiones ha sido aprobada. Sin embargo y fuera de la agenda bilateral, van avanzando en Estados Unidos proyectos que apuntan contra los derechos de los inmigrantes.
