El Departamento de Justicia estadounidense apeló al privilegio de los secretos de Estado para tratar de que se desestime una demanda de Maher Arar, sirio de nacimiento y ciudadano de Canadá, detenido en Estados Unidos en 2002 y enviado contra su voluntad a Siria, donde dice haber sido torturado hasta su liberación en 2003.
Esos privilegios fueron invocados para proteger intereses de la inteligencia, la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, según el trámite realizado por el fiscal general en ejercicio, James B. Comey, ante el Distrito Oriental del Poder Judicial de Nueva York.
Litigar (…) sobre la demanda requeriría develar información clasificada, incluyendo las bases para detener a Arar, negarse a deportarlo a Canadá como él solicitó, y enviarlo a Siria, sin que en ningún momento fuera acusado de algún delito, alegó Corney.
Arar, residente desde hace más de un año en su hogar de la sudoriental provincia canadiense de Ontario, es representado legalmente por el (CCR, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental (ONG) con sede en Nueva York.
El caso de Maher Arar es muy significativo, porque involucra la tortura y detención arbitraria de un hombre inocente, capturado y trasladado sobre la base de información no corroborada e incorrecta, y pone a prueba el compromiso de este gobierno con la erradicación de la tortura, comentó su abogada, Barbara Olshansky.
Es la tercera vez en dos años que el Departamento de Justicia invoca el privilegio de los secretos de Estado. En 2003 lo utilizó con éxito en beneficio de la Agencia Central de Inteligencia (más conocida por sus siglas en inglés, CIA), para que se dejara de lado una demanda de Jeffrey Sterling, ex agente de esa organización, quien alegaba haber sido víctima de discriminación racial en ella.
Sterling presentó una apelación que está en trámite.
El mismo privilegio se empleó en 2004 para bloquear una demanda de Sibel Edmonds, experta en idiomas de Medio Oriente contratada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) poco después de los atentados de septembre de 2001 en Nueva York y Washington, y despedida en 2002 tras presentar reiterados informes sobre problemas graves de seguridad e inconductas en el programa de traducciones de ese organismo.
Edmons impugnó su despido y la corte desestimó la demanda en julio, luego de que el entonces fiscal general John Ashcroft invocó el privilegio de secretos de Estado. Una apelación de la experta será considerada en abril.
La Inspección General del Departamento de Justicia llevó a cabo investigaciones reservadas sobre el asunto, y llegó a la conclusión de que las denuncias de Edmonds fueron por lo menos un factor contribuyente a que el FBI prescindieta de sus servicios.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Washington que asumió la defensa de la especialista en idiomas, afirmó que la corte de distrito actuante confió en la presunta evidencia secreta del gobierno, pero negó a Edmonds la oportunidad de probar su caso con base en evidencia no sensible.
Eso transformó el proceso en una burla y privó a Edmonds de su derecho constitucional a un día ante la corte, adujo.
La ACLU sostiene que el gobierno se ha valido del privilegio de los secretos de Estado para cubrir su propia negligencia, y cita un caso de 1948 ante la Corte Suprema en el que el Poder Ejecutivo arguyó que revelar el informe sobre un accidente aéreo militar iba a poner en peligro el carácter secreto de equipo military y a dañar la seguridad nacional.
Sin embargo, casi 50 años después se conoció el informe, y quedó claro que no había sido ocultado por razones de seguridad, sino porque probaba que la causa del accidente había sido un deficiente mantenimiento.
Arar, nacido en 1970, pasó a residir en Canadá en 1987. Tras obtener una maestría en ingeniería de sistemas, trabajó en la sudoriental ciudad de Ottawa como ingeniero de telecomunicaciones.
En septiembre de 2002, hizo una escala en Nueva York cuando iba de regreso a Canadá tras pasar vacaciones en Túnez, y fue detenido por funcionarios estadounidenses por presuntos vínculos con la organización terrorista Al Qaeda (La Base), a la que Washington condidera responsable de los atentados de septiembre de 2001.
Luego fue deportado a Siria, aunque llevaba un pasaporte de Canadá y pidió volver a es país.
Arar volvió a Canadá más de un año después, afirmando que había sido torturado durante su encarcelamiento en Siria, y acusó a funcionarios estadounidenses de enviarlo a su país de nacimiento pese a que sabían que allí se tortura.
Las autoridades de Estados Unidos informaron que el nombre de Arar estaba en una lista de terroristas buscados, debido a información procedente de Canadá, y que la decisión de enviarlo a Siria fue adoptada por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con base en nuestra propia evaluación de la amenaza a la seguridad que representaba.
En Canadá, el caso ha sido objeto de una amplia cobertura informativa, y el gobierno terminó por autorizar, sin mucho enttusiasmo, que fuera investigado por el Poder Judicial, con apoyo del Servicio de Inteligencia de Seguridad y la Policía Montada.
De acuerdo con un informe del diario canadiense Toronto Globe, se sospecha que el Poder Ejecutivo trata de empantanar la investigación y parece decidido a mantener el control de las decisiones sobre qué información relacionada con Arar se divulgará.
El Departamento de Estado estadounidense se negó a cooperar con la investigación canadiense sobre el asunto.
