La recomendación de la ONU de que la Corte Penal Internacional (CPI) se encargue de investigar los crímenes cometidos en la occidental zona sudanesa de Darfur resucitó agrias disputas entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.
Una comisión especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) concluyó el lunes que la masacre de más de 400.000 personas en Darfur constituye una grave violación de los derechos humanos y de la ley internacional.
Sin embargo, no la calificó de genocidio, lo que hubiera obligado a la comunidad internacional a intervenir. De todas formas, recomendó especialmente que el Consejo de Seguridad de la ONU derive el caso a la CPI.
Ese tribunal, facultado para investigar y procesar casos de crímenes de guerra y contra la humanidad, genocidio y otras atrocidades, fue instalado en La Haya, Holanda, hace dos años, en el marco del Estatuto de Roma, convención internacional aprobada en 1998.
El Estatuto de Roma ya ha sido firmado por 139 países y ratificado por 97, incluidos todos los miembros de la UE y los aliados de Washington en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, excepto Turquía.
El tratado había sido firmado por Estados Unidos, entonces gobernado por el presidente Bill Clinton (1993-2001), pero la administración de Bush, en una acción sin precedentes, retiró su firma arguyendo que el tribunal podría ser usado contra sus soldados con fines políticos.
Al mismo tiempo, Washington lanzó una ofensiva diplomática para que los países adherentes al Estatuto de Ruma firmaran acuerdos bilaterales de inmunidad, que apartarían de la jurisdicción de la CPI a los ciudadanos estadounidenses o a extranjeros que trabajen para Estados Unidos.
El gobierno de Bush también logró que el Consejo de Seguridad de la ONU exceptuara de la CPI a los soldados y funcionarios de países no firmantes del Estatuto de Roma al servicio de misiones internacionales de mantenimiento de la paz creados por el foro mundial.
Pero, ante el escándalo mundial por las torturas cometidas por soldados estadounidenses en la prisión iraquí de Abu Ghraib, el Consejo se negó a ampliar el período de excepción.
La actitud de Washington hacia la CPI ha irritado en más de una ocasión a la UE, y la recomendación de la ONU del lunes puso el dedo en la llaga.
El jefe de Política Exterior y de Seguridad de la UE, Javier Solana, dijo esta semana a periodistas que los responsables de los crímenes en Darfur debían comparecer ante la CPI.
A pesar de que Sudán no es un país firmante de la CPI, la ONU debería trabajar en esa dirección si hay personas acusadas de crímenes contra la humanidad, sostuvo.
La guerra civil en Darfur estalló en febrero de 2003, cuando la comunidad indígena negra respondió con violencia a los continuos hostigamientos de las milicias árabes Janjaweed, con las que se disputaba tierras de pastoreo.
Las milicias, al parecer respaldadas por Jartum, fueron acusadas de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra las tribus negras.
Se estima que unas 400.000 personas han muerto, y 1,6 millones fueron desplazadas.
Estados Unidos calificó de genocidio la masacre en Darfur y exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones contra el gobierno sudanés. También propuso la creación de un tribunal especial en Arusha, Tanzania, para juzgar a los responsables.
Nuestra discrepancia con la recomendación de que la CPI intervenga no debe ser ninguna sorpresa. Nuestras objeciones a ese tribunal son bien conocidas, dijo a IPS un diplomático estadounidense en Bruselas.
El informe de la ONU deja en claro la necesidad de que el Consejo de Seguridad actúe, y eso es lo mejor para todos, en especial para el pueblo de Darfur, pues así se evitará un debate sobre la CPI, añadió.
Washington explicó que el propuesto tribunal en Tanzania sería organizado por países africanos, en concordancia con el liderazgo asumido por la Unión Africana para acabar con la crisis en Darfur.
La idea también tiene la ventaja práctica de que se puede utilizar la infraestructura existente del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, instalado para juzgar a los responsables del genocidio en ese país en 1994, indicó.
El vicesecretario principal adjunto de Estado para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Michael Kozak, viajó esta semana a Bruselas para discutir la propuesta.
El desacuerdo sobre Darfur y la CPI será la nueva piedra en las relaciones transatlánticas, luego de las discrepancias sobre la invasión estadounidense a Iraq, sostuvo el analista Daniel Keohane, del independiente Centro para la Reforma Europea, con sede en Londres.
Esta disputa se produce en un momento terrible para las dos partes. A pesar de que el gobierno de Bush asegura que trabaja para reconstruir las relaciones transatlánticas, este desacuerdo se suma a una larga lista de roces, dijo a IPS.
Keohane señaló además que esta polémica tiene un gran potencial explosivo.
El analista dice estar de acuerdo en que los crímenes cometidos en Darfur sean investigados por el tribunal de La Haya, aunque pronosticó que Washington ganará la pulseada. Yo creo que Estados Unidos usará su poder de veto en el Consejo de Seguridad, señaló.
El caso de Sudán es un ejemplo de lo que debe investigar la CPI. Pero, en definitiva, lo más importante no es el lugar, sino el derecho de las personas de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes, indicó.
No deberíamos estar hablando de política. Deberíamos estar hablando de lo que pasa en Sudán, añadió.
La polémica además se produce en vísperas de la visita que el presidente Bush hará a Bruselas el 22 de este mes.
También la nueva secretaria de Estado (canciller), Condolezza Rice, hará una gira por varias capitales europeas los próximos días.
