El único progreso visible alcanzado por la conferencia sobre la información y las telecomunicaciones celebrada en Ginebra fue la adopción de un plan de financiación creado un año atrás por gobiernos de ciudades de Europa y África.
La resolución de los demás temas clave para cerrar la brecha digital entre países ricos y pobres, que incluyen aspectos como la gobernanza de Internet, la búsqueda de mecanismos de financiación y la libertad de expresión en la red, quedó postergada para septiembre.
En esa fecha se realizará la última sesión del Comité Preparatorio (PrepCom), que negocia las declaraciones políticas y los planes que deberá aprobar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) cuando se reúna en su segunda fase, en Túnez, en el mes de noviembre.
El plan aprobado por el PrepCom, que sesionó en Ginebra desde el 17 de febrero hasta este viernes, había sido propuesto hace dos años por el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, quien lo bautizó como Fondo de Solidaridad Digital.
La iniciativa obtuvo pronto el respaldo de las autoridades de la ciudad de Ginebra. Luego, con el apoyo de las comunas de Lyon, en Francia, Turín, en Italia, y Dakar, en Senegal, se convirtió en un proyecto de ciudades y quedó establecido en 2004.
Los recursos del Fondo de Solidaridad Digital serán distribuidos en un 60 por ciento en proyectos para los países menos avanzados. Una parte de 30 por ciento se destinará a los países en desarrollo y a las economías en transición. El resto se invertirá en otras naciones.
El fondo, que se nutrirá de contribuciones voluntarias, ha obtenido apoyo entusiasmado de las naciones de África y su adopción por el PrepCom se alcanzó luego de una negociación entre el bloque africano y la Unión Europea.
Pero el concepto del fondo aún debe ser definido con más esmero, previno en una declaración a IPS, Tracey Naughton, presidenta del grupo de medios de comunicación, uno de los sectores de la sociedad civil que participa en las negociaciones de la CMSI.
Los representantes de África advirtieron que cualquier nuevo fondo financiero debe ser administrado cuidadosamente. Lo que más importa es reducir los costos de la organización que sea necesaria crear para distribuir esos recursos, mencionó Naughton.
El desembolso en personal, gerencia y administración del Fondo no debe superar el 10 por ciento de los caudales acumulados, precisó.
Aunque el Fondo de Solidaridad Digital quedó consagrado como uno de los medios para sostener a los países atrasados en las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la sociedad civil reclama la búsqueda de otras fórmulas para aportar más recursos.
Anitha Gurumurthy, otra representante de la sociedad civil, sostuvo que la CMSI debe explorar nuevos mecanismos financieros para apoyar la información y las comunicaciones para el desarrollo.
Esos mecanismos no deben distraer recursos que ya se destinan a los países pobres a través de la ayuda oficial al desarrollo. Pueden consistir en un impuesto mundial, voluntario o compulsivo, y en contribuciones de titulares de nombres de dominios de Internet, sugirió Gurumurthy.
La sociedad civil sostiene que la informática y las telecomunicaciones son bienes públicos globales y por tanto se deben financiar, como esa clase de bienes, con impuestos.
Una de las ideas barajadas había sido la aplicación de un impuesto global a la venta de computadoras. Pero esa alternativa ha sido trocada por una tasa que no recaiga en el consumidor final, el comprador de la computadora, sino en el otro extremo, en el fabricante de microchips (procesadores), explicó a IPS el activista Roberto Bissio, del Instituto del Tercer Mundo, de Uruguay.
El grupo especial creado en la CMSI para elaborar propuestas de mecanismos de financiación se limitó a estudiar fórmulas existentes y no cumplió con su mandato, observó Bissio. En consecuencia, el tema de nuevos mecanismos se pospuso hasta la sesión de septiembre.
La misma suerte corrió la cuestión de la gobernanza de Internet, que agitan los países en desarrollo para obtener participación en el manejo de la red, hasta ahora permanece en manos privadas y bajo la protección del gobierno de Estados Unidos.
En materia de libertad de expresión, el grupo de los medios de comunicación presiona para que la CMSI declare que el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye el primer fundamento filosófico de Internet.
El Artículo 19 establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
En la primera fase de la CMSI, que se realizó en Ginebra en diciembre de 2003, la mención al Artículo 19 se aplazó hasta último momento a causa de la oposición de países como El Salvador, Egipto y China, precisó Naughton.
Durante el segundo PrepCom se distribuyó un informe de la organización Intercambio Internacional sobre Libertad de Expresión, conocida por la sigla en inglés IFEX, que reveló violaciones a esos derechos perpetradas en Túnez.
El grupo de medios de comunicación examinó esos abusos con la participación mayoritaria de comunicadores de Túnez, explicó Naughton. El documento final adoptado por el grupo defiende los principios del Artículo 19 a pesar de que numerosos países no acatan esas máximas, sostuvo.
La presidenta del grupo declaró que no se opone a la realización de la segunda fase de la CMSI en Túnez, pues acepto que las decisiones han sido tomadas y no pueden cambiarse.
Creo que la única forma para que las cosas cambien es que los ciudadanos desde el interior de sus países se enteren y las promuevan, añadió.
