La madre de la ex senadora y ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, cree que el presidente de su país, Álvaro Uribe, boicotea activamente un acuerdo para liberar a su hija, secuestrada por las insurgentes FARC.
Betancourt cumplirá este miércoles tres años de cautiverio en la selva colombiana.
"En varias oportunidades en que se ha logrado comunicación con la guerrilla a través de las Naciones Unidas, la Iglesia (Católica), la Cruz Roja o los países amigos, para acercar las posiciones en torno al acuerdo humanitario, y en particular para lograr un encuentro cara a cara en una zona de confianza para las partes, es el presidente Uribe quien, al enterarse, hábilmente se interpone para evitar una solución", dijo Pulecio el lunes en acto para recordar el secuestro.
La guerrilla izquierdista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en armas hace 40 años, quiere que el Estado libere a medio millar de guerrilleros presos a cambio de los rehenes que retiene.
Se trata de 34 oficiales y suboficiales del ejército y la policía, tres agentes estadounidenses, 26 políticos y la ex candidata y ex senadora, secuestrada cuando se rompieron las negociaciones de paz entre las FARC y el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002).
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Pero para el gobierno de Uribe, ese canje aumentaría los secuestros, desmoralizaría a las tropas (si los guerrilleros liberados vuelven a las armas) y debilitaría al Estado, pues implicaría reconocer la legitimidad de una oposición armada.
En un tira y afloje prácticamente empantanado, el gobierno da pasos unilaterales vistos como una farsa por la guerrilla.
En julio de 2004 el gobierno propuso liberar a 50 guerrilleros presos. Las FARC contestaron en agosto que les correspondía definir "cuáles y cuántos son sus presos", y en diciembre, cuando un total de 23 condenados quedaron libres tras firmar que no volverían a combatir, la insurgencia guardó silencio.
También en julio, Bogotá propuso a Suiza y Francia como facilitadores del canje. "Hasta entonces esa mediación la estaba realizando la Iglesia Católica, y fue un baldazo de agua" para los prelados, dijo a IPS Darío Villamizar, director en Colombia de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos.
"Para ese momento estaba claro que el gobierno había salido ya de (James) LeMoyne (el enviado de buenos oficios de la ONU para una salida negociada), quien en julio no tenía juego ya, no tenía nada qué hacer", agregó.
LeMoyne terminará su misión en dos meses y no hay ningún anuncio sobre un eventual reemplazo.
El gobierno también propuso que un potencial encuentro fuera en una iglesia a designar por las FARC, lo que para la guerrilla no ofrece seguridad.
También las condiciones de las FARC para el canje han ido variando. Pasaron de pedir la desmilitarización de dos departamentos en el sur del país, en los que precisamente se desarrolla la guerra, a pedir esa medida en dos municipios del sudoccidental Valle del Cauca, una concesión que el gobierno considera inviable. Mientras el tiempo pasa y la guerra arrecia, algunos integrantes de la fuerza pública en manos de las FARC cumplen en 2005 su octavo año de cautiverio.
El vicepresidente Francisco Santos había dicho a esta periodista en mayo de 2002 que el gobierno golpearía militarmente a la guerrilla y la pondría a negociar en dos años, "pero bajo nuestras condiciones".
Un año atrás las autoridades iniciaron el Plan Patriota, una vasta operación militar contrainsurgente financiada y asesorada por Estados Unidos y que busca atacar la retaguardia de las FARC.
La ofensiva de guerra de Uribe fue respondida por el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, con una orden de repliegue táctico que acaba de llegar a su fin, según anunció el sábado el portavoz guerrillero Raúl Reyes, a través del noticiero de televisión Noticias Uno.
En los últimos días se multiplicaron los partes de bajas militares causadas, en su mayoría, por los explosivos, principal arma estratégica de la guerrilla, pero también por las enfermedades tropicales. Desde las ciudades se percibe que Betancourt y los demás rehenes por cuya libertad se clama están en el corazón de la guerra, donde opera el Plan Patriota, y en riesgo de caer en bombardeos o enfrentamientos, además de sufrir los rigores del clima y la intemperie.
"Al contrario del que diga que la guerrilla se va acabar en uno, dos, cinco, diez o veinte años, nosotros siempre hemos considerado que eso es muy difícil", dijo a IPS Marleny Orjuela, portavoz de Asfamipaz, asociación que reúne a las familias de los militares y policías prisioneros.
Los guerrilleros "llevan 50 años combatiendo, conocen las selvas como la palma de su mano, y nosotros, como familias de policías y soldados, pensamos que lo que vale es la solución política y negociada, y la puerta para ese diálogo es el acuerdo humanitario, que es lo que puede acercar a las dos partes", explicó.
"Esa es nuestra gran esperanza: no solamente que haya acuerdo humanitario sino que se firme la paz del país", agregó.
"Nos oponemos al rescate militar", dijo Pulecio en la conmemoración de lo que llamó "un paréntesis". Éstos han sido "tres años de paréntesis en la vida de una mujer, de una mamá, de una política".
"Paréntesis en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de salidas negociadas para el país", las principales banderas de Betancourt, agregó.
"El único instrumento es el acuerdo humanitario, que ha sido discutido (…) por diferentes sectores del país", subrayó ante un apretado auditorio en la estatal Universidad Pedagógica Nacional, en el que se encontraban el ex presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), los embajadores de Francia y Bélgica, el encargado de negocios de Alemania y una delegación multipartidaria del parlamento belga.
Acerca de la profundización de la guerra, Pulecio dijo a IPS que "el gobierno se pone a torearlos, a decir que ya los acabaron, que ya triunfó la política de 'seguridad democrática', entonces los tipos (los guerrilleros) salen a decir que ahí están, y quieren demostrarlo".
Pulecio expresó "las peores expectativas, de un lado y del otro" ante el fin del repliegue de las FARC.
"¿Cómo va (el presidente Uribe) a pensar en una política de exterminio, tal como anunció recientemente, cuando hay tanta gente inocente de por medio?", preguntó.
En el encuentro (citado por la madre de Betancourt para buscar nuevas fórmulas que materialicen el intercambio), pidió que tanto el gobierno como la guerrilla "dejen sus petulancias".
El 1 de febrero, Juan Carlos Lecompte, esposo de Betancourt, afirmó que la captura del guerrillero Rodrigo Granda en Caracas puso fin a gestiones nacionales e internacionales por el intercambio humanitario.
Según Lecompte, Uribe sabía que Granda, quien residía en Venezuela, era el contacto de las familias de los rehenes y de actores internacionales que trabajan por el acuerdo humanitario (como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Cruz Roja y los gobiernos de Francia y Suiza).
"Granda tenía contactos con los suizos y estaban arreglando o iniciando un proceso de acuerdo humanitario con las FARC. Uribe se dio cuenta de eso y mandó por él", dijo Lecompte al programa televisivo Caracol Noticias.
La captura de Granda el 13 de diciembre por un comando colombiano que sobornó a miembros de la fuerza pública venezolana, generó una crisis diplomática y política entre Caracas y Bogotá que sólo se arregló formalmente la semana pasada, en una cumbre de Uribe y su par venezolano Hugo Chávez.
Un año atrás, el francés Fabrice Delloye, ex marido y padre de los hijos de Betancourt, dijo al diario Le Monde que la familia fue manipulada por Uribe para abortar un contacto de la ONU con portavoces de las FARC en Brasil.
El encuentro había sido sugerido por el secretario general del foro mundial, Kofi Annan, en respuesta a una carta de las FARC.
El 13 de enero de 2004, las FARC adujeron que el guerrillero Simón Trinidad gestionaba en Ecuador un encuentro "con representantes del gobierno francés con el propósito de hallar una solución definitiva al cautiverio de Ingrid Betancourt y demás prisioneros de guerra mediante el canje o intercambio humanitario".
Trinidad fue portavoz negociador del canje hasta su captura en Quito en diciembre de 2003. El 31 de diciembre del año pasado fue extraditado por Bogotá a Estados Unidos.
"Los familiares agonizamos al ver cómo gobierno y guerrilla van endureciendo sus posiciones sin consideración alguna por las vidas humanas que están en juego", escribió Lecompte en su libro "Buscando a Ingrid", un relato sobre estos tres años de pesadilla, publicado este mes por editorial Aguilar.
El libro lleva como epígrafe la frase de un soldado secuestrado: "Uno le reza a Dios, pero sabe que la solución la tienen los hombres".
