China recibió la entrada en vigor este miércoles del Protocolo de Kyoto sobre cambio climático con una serie de iniciativas verdes, pero algunos ambientalistas temen que se trate de medidas simbólicas en el país más poblado y de más rápido crecimiento del mundo.
Las medidas incluyeron la suspensión este año de obras de construcción de 22 grandes proyectos de energía para evaluar su impacto ambiental y la orden de instalar unidades de desulfurización en centrales energéticas, pero algunas obras ya se han reanudado y las penas por incumplimiento son irrisorias.
El gigante de Asia es el segundo emisor mundial de gases de invernadero, después de Estados Unidos. Estos gases derivados de la quema de combustibles fósiles son causa del calentamiento de la atmósfera terrestre y el consiguiente cambio climático.
La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, predijo que el incremento de las emisiones de gases invernadero en China entre 2000 y 2030 equipararán al aumento de todo el mundo industrializado.
Sin embargo, el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, de 1997, no obliga a China a reducir sus emisiones, por tratarse de un país en desarrollo. India, el segundo país más poblado del mundo y otro gran emisor de gases invernadero, está en la misma situación.
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China tiene cerca de 1.300 millones de habitantes, e India, 1.100 millones.
El Protocolo establece que los países industrializados deben reducir en un promedio de 5,2 por ciento sus emisiones de gases invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, entre otros) respecto de los volúmenes emitidos en 1990, meta a cumplirse entre 2008 y 2012.
Hasta ahora, 84 países han firmado el tratado y 141 lo han ratificado. La ratificación el pasado noviembre de Rusia, que emite 17,4 por ciento del total mundial de gases invernadero, permitió la entrada en vigor del acuerdo, para lo cual era necesario el respaldo de países que emitieran más de 55 por ciento de los gases de invernadero en 1990.
Estados Unidos, que emite 25 por ciento de todos los gases de invernadero, se apartó del tratado en 2001, con el argumento de que la perspectiva del aumento de las emisiones de una potencia económica como China lo volverían inútil. Según el presidente George W. Bush, la exoneración de países en desarrollo de las obligaciones del tratado son una falla fatal del Protocolo.
Pero en un giro inesperado, China enlenteció o suspendió de forma abrupta 22 grandes proyectos de energía para analizar su impacto ambiental.
La Agencia Estatal de Protección del Ambiente, considerada un aparato burócrata e ineficaz, exigió a la poderosa industria de la energía que detuviera sus proyectos hasta que se realice una evaluación apropiada de sus efectos sobre el ambiente.
Los proyectos suspendidos tienen un valor conjunto de 14.000 millones de dólares se extienden por 13 provincias del país. A la cabeza está una central de energía integrante del proyecto de la represa de Xiluo, dirigido por China Three Gorges Project Corp. Esta corporación desarrolla la polémica represa de Tres Gargantas, que será el mayor proyecto hidroeléctrico del mundo.
Asimismo, la Agencia Estatal de Protección del Ambiente ordenó a 46 centrales de energía que instalaran unidades de desulfurización, bajo pena de cierre.
Estas medidas generaron ovaciones en el país y en el exterior. El primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, felicitó la semana pasada a China por su liderazgo en el combate al cambio climático.
Dentro del país, ambientalistas y medios de prensa también celebraron las iniciativas.
Sin embargo, las medidas podrían ser una victoria pírrica para los defensores del ambiente. Un informe publicado el día 7 por el diario 21st Century Business Herald señala que varios de los proyectos suspendidos ya han reanudado las obras y que algunos incluso comenzaron a generar energía..
Además, señaló el periódico, la pena máxima por incumplimiento de los estudios de impacto ambiental antes de emprender proyectos asciende apenas a 24.000 dólares.
Esa cifra es insignificante para compañías como China Three Gorges Project Corp., cuyo mayor proyecto, la represa de Tres Gargantas, habrá costado 30.000 millones de dólares cuando esté finalizada, en 2009.
El dilema de China se debe a la enorme demanda de energía para alimentar a su voraz economía, que el año pasado creció 9,5 por ciento según cifras oficiales, aunque expertos opinan que el crecimiento fue mucho mayor.
La escasez de energía desde 2003 llevó al gobierno a construir nuevos proyectos energéticos, que alcanzaron su máximo en 2004.
Analistas de energía afirman que las autoridades se proponen construir 562 nuevas centrales a carbón antes de 2012, cuando finalice la primera fase del Protocolo de Kyoto.
China produce 70 por ciento de su energía en base a carbón. Esto genera cada año unas 19 millones de toneladas de dióxido sulfúrico (Estados Unidos produce 11 millones anuales de esta sustancia), causante de lluvia ácida.
Si la economía china sigue creciendo, en tres décadas superará a Estados Unidos como el mayor emisor mundial de gases de invernadero.
