La pena más severa para quien causó accidentalmente el peor incendio forestal de los últimos 20 años en Chile fue una multa de 213 dólares. El fuego ya ha arrasado con 14.000 hectáreas de bosque nativo en una reserva de biosfera de la austral Patagonia.
El incendio en el Parque Nacional Torres del Paine, 2.998 kilómetros al sur de Santiago, fue iniciado por un turista distraído, el checo Jiri Smitak, 31 años, que el 17 de este mes volcó por error una cocinilla a gas en los pastizales de la zona de Laguna Azul, lugar prohibido para encender fuego.
El culpable pagó a las autoridades una multa de 121.000 pesos chilenos (equivalentes a 213 dólares) y sin más fue dejado en libertad y retornó a su país. La pena es la máxima estipulada por la ley.
El artículo 22 de la Ley de Bosques, de 1931, establece que en caso de no demostrarse la premeditación en el origen de un incendio, se sancionará al responsable con una multa de 4 unidades tributarias mensuales, que trasladadas al año 2005 no suman más de los 121.000 pesos, que fue lo que se cobró, dijo a IPS la portavoz de Greenpeace Chile, Mónica Infante.
La multa es absolutamente inaceptable y parece una burla frente a la población, por lo que significa la pérdida de patrimonio, dijo a IPS la ecologista Sara Larraín, directora del no gubernamental Chile Sustentable.
En este caso se debió aplicar la responsabilidad objetiva, pues la persona hizo uso de fuego en una zona protegida, no avisó del incendio y pretendió negar su culpabilidad en el lugar, sostuvo.
De ese modo además de una multa, esta persona quedaría retenida en Chile a fin de responder legalmente, al menos con los daños de apagar el incendio que, según nuestros cálculos, significará para los chilenos más de 2.000.000.000 de pesos, unos 3,4 millones de dólares.
Larraín cree que la aplicación de la ley forestal fue insuficiente y debieron agregarse las penalidades ambientales que determina la ley, y el juez local no lo hizo. La ecologista acusó de falta de preparación e incumplimiento de deberes al juzgado local del austral Puerto Natales.
Las áreas silvestres protegidas por el Estado, y que son tierras públicas, no pueden pertenecer a un organismo de derecho privado como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), sostuvo la activista.
Larraín solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado para investigar cómo se aplicó la legislación en este caso, para buscar una compensación por parte de este ciudadano o del gobierno checo por los daños producidos.
Chile Sustentable estudiará además acciones legales, pues la Constitución nos asegura vivir en un ambiente limpio, libre de contaminación y el derecho a proteger la naturaleza, puntualizó.
El Parque Nacional Torres del Paine fue creado en 1959 y declarado reserva de biosfera en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Posee una superficie de 242.242 hectáreas, con alturas de 200 a 3.050 metros, en los macizos del Paine.
Los bosques destruidos tenían especies nativas muy valiosas, cuya recuperación podría llevar muchos años o no restaurarse nunca, según expertos.
Más allá de la culpabilidad personal, no se puede desestimar la responsabilidad de las autoridades, opinó Infante.
La del gobierno, por tener una ley obsoleta que deriva en medidas obsoletas como ésta, y la del Congreso (legislativo), por tener hace 12 años un proyecto de ley de bosques absolutamente congelado, lo que impide evitar este tipo de situaciones o manejarlas mejor, dijo.
Greenpeace Chile lleva 10 años batallando a puños y dientes con las autoridades para la aprobación de la ley de bosque nativo, comentó la activista.
Una de las primeras promesas de la campaña electoral del presidente Ricardo Lagos fue la promulgación de la ley de bosque nativo. Ahora está llegando a su último año de presidencia y no ha cumplido ninguno de sus compromisos, dijo Infante.
El ministro de Agricultura, Arturo Barrera, aseguró que se trabaja desde hace un año para modernizar la legislación sobre incendios forestales, regular el uso del fuego, establecer una mejor tipificación de los delitos y aumentar penas y sanciones.
El director nacional de la Oficina de Emergencias, Alberto Maturana, consideró desproporcionada y ridícula, la multa cobrada por el siniestro con relación al costo que deberá que enfrentar el gobierno.
Maturana pidió reformar la ley que establece las penas, de modo que se tomen en cuenta los daños provocados por las personas que, intencionalmente o no, resulten culpables. También recordó la importancia de la reserva y emplazó a las instituciones a endurecer las medidas, de lo contrario vamos a seguir consumiendo un patrimonio de todos los chilenos, dijo.
Tras más de una semana de combate a las llamas, el incendio está controlado pero no extinguido debido a los fuertes vientos característicos de la Patagonia. Trabajan en la zona personal de bomberos, 500 brigadistas de la Conaf y del ejército y 130 voluntarios de la vecina Argentina.
Más de 100 turistas que se hospedaban en el complejo Las Torres fueron evacuados. El resto de las instalaciones turísticas del parque permanecen abiertas, ya que se encuentran a más de 40 kilómetros del lugar del incendio.
Las dimensiones totales del desastre sólo se conocerán una vez apagado el fuego. Pero es probable que cambie completamente el paisaje, pues muchos árboles no volverán a crecer, dijo René Cifuentes, jefe del Programa de Manejo del Fuego de la Conaf.
Si bien la gobernación de la zona comunicó que el incendio entró en su fase de contención, las labores de control y extinción total de focos se prolongarán por 30 días más, debido a las condiciones climáticas variables, según las autoridades.
