Grupos ambientalistas cuestionaron al gobierno de Chile por habilitar la reapertura de una planta de celulosa considerada responsable de la mortandad de cisnes de cuello negro, en el austral santuario natural de Río Cruces, e iniciaron una campaña internacional de denuncias.
Apenas un mes duró la alegría de la comunidad ecológica chilena por el cierre de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), propiedad del grupo empresarial Angelini, el segundo más poderoso del país, ya que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Décima Región resolvió autorizar su puesta en marcha nuevamente.
Celco había sido clausurada el 18 de enero pasado por la Corema, luego de constatarse numerosas irregularidades. La planta, que había comenzado a operar en febrero de 2004, vierte sus desechos industriales en el río Cruces, unos 15 kilómetros antes de que éste llegue al santuario de la naturaleza Carlos Andwanter", llamado así en memoria de un científico,
Algunos de los cargos contra la empresa, que se ubica en la provincia de Valdivia y a unos 790 kilómetros al sur de Santiago, fueron producir más de las 550.000 toneladas anuales autorizadas de celulosa kraft blanqueada de pino radiata y eucalipto, descargar aguas con mayor temperatura de la permitida y utilizar pozos no acreditados para extraer agua.
Los ambientalistas responsabilizan a Celco de la masiva mortandad de cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus) y otras especies protegidas que habitan el lugar declarado Humedal de Importancia Internacional en 1981 por la Convención de Ramsar, suscrita en 1971 en esa ciudad iraní para preservar ecosistemas prioritarios como recursos hídricos y fuentes de biodiversidad.
En ese momento, el gerente de la planta Valdivia de Celco, José Vivanco, calificó de desproporcionada la decisión de la Corema de cerrarla en forma temporal.
"Los problemas que se imputan para la paralización de la planta podríamos haberlos resuelto mediante acuerdos con las autoridades", recalcó Vivanco. A pesar de su oposición a las razones que llevaron a la clausura temporal de la planta Valdivia, la firma aseguró que acataba la medida.
La Corema reabrió la planta el 16 de este mes luego de asegurarse que la empresa cumplió con las cuatro exigencias impuestas.
Los responsables de la planta fueron obligados a cerrar un caño que conectaba pozos de agua no autorizados con el proceso productivo, ejecutar un plan de contingencias para no sobrepasar los valores permitidos en la llamada Resolución de Calificación Ambiental (RCA), empezar a monitorear en línea una serie de parámetros productivos y contratar auditorías nacionales y extranjeras.
"Tres de las cuatro exigencias consideradas por la Corema para reabrir la planta implican la implementación de acciones por parte de la firma en el mediano y largo plazo", explicó el economista Cristóbal Zolezzi, de la no gubernamental Fundación Terram.
Con ello, los impactos ambientales quedarán en evidencia en forma tardía, "cuando éstos resulten irreversibles", aseguró.
"Creemos que el gobierno ha tomado una decisión irresponsable", dijo a IPS, a su vez, Sandra Conejeros, representante de la organización ciudadana Acción por los Cisnes, que cuenta con el apoyo de reconocidas instituciones ecologistas como el capítulo chileno de Greenpeace.
"Nuestra agrupación ha entregado numerosos antecedentes que demuestran el grave deterioro en que está sumido el ecosistema del santuario y los problemas de salud que ha traído para la comunidad la contaminación proveniente de la planta de celulosa", apuntó Conejeros.
Para los ambientalistas, todos los datos indican que la planta es culpable del desastre ecológico, porque desde que se instaló en la zona la situación del humedal se deterioró de forma dramática. Empero, admiten no tener la seguridad absoluta.
De todas maneras, dicen, la sola posibilidad de que sea responsable obliga a actuar con un "principio de prevención"
Conejeros destacó los centenares de habitantes de las localidades de San José de la Mariquina, Rucaco, Rayula y Ciruelos, aledañas a la planta industrial de Celco, afectados por problemas respiratorios, irritaciones en los ojos y dolores de cabeza, entre otras afecciones, a causa de las emanaciones de gases tóxicos de la planta.
La representante de Acción por los Cisnes advirtió que no se quedarán con las manos cruzadas y que ya iniciaron una campaña internacional de denuncia.
La iniciativa "contempla hablar con las empresas que le compran celulosa a Celco en Estados Unidos y Japón y hacer las gestiones para que el santuario ingrese al registro de Montreux de la Convención Ramsar", petición que el gobierno todavía no efectúa, a pesar de que se había comprometido públicamente.
Además de intentar gestionar una solución a través del registro de Montreaux (la lista de humedales en peligro con la cual se facilita la ayuda internacional), la organización Acción por los Cisnes ya envió todos los antecedentes al Directorado del Medio Ambiente de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos).
"Nosotros pedimos que se reestablezca el ecosistema del santuario y que se proteja a los cisnes que quedan, y claramente la decisión del gobierno de reabrir la planta no contribuye a eso", dijo a IPS Jürguen Rottman, presidente del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna, Codeff.
"Los cisnes no saben de normativas, la planta se abre y el ambiente está tan mal como antes", arguyó Rottman, tras indicar que, mientras, el gobierno insiste en que se está haciendo todo lo debido y que se deben esperar las conclusiones de los estudios científicos.
"La empresa cumplió las sugerencias y ordenanzas de la Corema regional", fue la escueta declaración que hizo el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, validando la determinación que permitió que Celco dejara de perder 1.000.000 de dólares en ventas y 250.000 dólares de utilidades diariamente.
Hasta octubre, el santuario albergaba a unos 6.000 cisnes de cuello negro, la mayor población de ellos en América del Sur, quedando en la actualidad menos de 1.000, según la Corporación Nacional Forestal.
El día 17 se dio a conocer el segundo informe del "Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el santuario de la naturaleza Carlos Andwanter, en la provincia de Valdivia", realizado por la Universidad Austral de Chile.
La primera parte del estudio solicitado por la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) concluyó que la muerte de 120 cisnes y la migración de otros 4.000 ejemplares que habitaban el santuario se debió a la falta de alimento (luchecillo) y a la elevada presencia de hierro y parásitos en sus organismos.
El segundo tramo corrobora las conclusiones del primero, pero no se refiere al origen de las altas concentraciones de metales pesados como hierro, cobre y manganeso encontradas en el luchecillo (Egeria densa).
El documento señala, además, que la composición química del agua existente en la actualidad en el santuario natural presenta menos toxicidad que la analizada en la primera etapa de la investigación y que no se detectaron compuestos organoclorados, uno de los principales residuos del proceso de la celulosa.
Sin embargo, en el análisis se aseguró que existe presencia de "compuestos extraños al sistema" como ftalatos, compuestos naturales "derivados de la madera".
Se ha anunciado que en la tercera y última parte de la investigación se intentará determinar si las altas concentraciones de metales tienen un origen natural o antrópico (causado por el ser humano).
"Tenemos la peor impresión de la Universidad Austral, ya que creemos que el estudio realizado por ellos no goza del más alto rigor científico", declaró Conejeros, señalando que "no va a ser nunca concluyente porque no estudia específicamente la relación entre los desechos de la planta y el estado del santuario".
"Esto es la crónica de una muerte anunciada", concluyó la ecologista, al recordar que el no gubernamental Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y la Fauna (Codeff) emitió en noviembre de 1995 un Informe Técnico de Impacto Ambiental de la Planta Celulosa Arauco en Valdivia, el que aseguraba la inviabilidad ambiental y política del proyecto.
Hace casi una década, la organización ambientalista afirmaba que el Estudio de Línea Base (ELB) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) eran incompletos e insuficientes, por cuanto no se habían realizado con la rigurosidad científica requerida y en el tiempo apropiado.
Codeff argumentaba que la escasa profundidad de la información impedía pronosticar con un mínimo de certeza, la magnitud del impacto ambiental en la flora, fauna, suelos, vegetación y personas en la cuenca del río Cruces.
El EIA, elaborado por Geotécnica Consultores, no consideraba, por ejemplo, el efecto de la captación de aguas por parte de Celco en la avifauna acuática.
"Las aves herbívoras (cisnes y taguas) requieren un adecuado nivel de agua para obtener su alimento, constituido principalmente por plantas sumergidas como el luchecillo", decía el informe hace casi 10 años.
