Los fondos prometidos por gobiernos y organizaciones donantes para las víctimas del maremoto del 26 de diciembre en el Índico no irán a parar a manos de corruptos, prometió la oficina humanitaria de la ONU.
Nos proponemos fortalecer nuestro sistema de rastreo para vigilar el uso del dinero, declaró Kevin Kennedy, director de la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Más de 220.000 personas murieron el mes pasado por los tsunamis, palabra japonesa para referirse a las grandes olas que invaden las costas a causa de terremotos o erupciones volcánicas submarinas.
El maremoto fue provocado por un sismo de magnitud 9,0 en la escala de Richter, con epicentro cerca de la isla indonesia de Sumatra.
Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Malasia, Maldivas, Seychelles, Sri Lanka, Singapur, Somalia y Tailandia fueron los países más afectados.
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En la primera colecta de fondos para la asistencia humanitaria a los damnificados, la ONU recaudó 717 millones de dólares, que representan 73 por ciento del monto solicitado por el secretario general de la organización, Kofi Annan.
Los fondos, comprometidos formalmente la segunda semana de este mes por representantes gubernamentales reunidos en Ginebra, se destinarán a las operaciones de urgencia para atender a unos cinco millones de personas afectadas por la catástrofe, que en total afectó las costas de 11 países de Asia y Africa.
Por primera vez, el foro mundial aceptó los servicios honorarios de una firma contable, Price Waterhouse Coopers, para controlar el desembolso de la ayuda de emergencia.
La firma estadounidense ayudará a la ONU a investigar cualquier acusación creíble de fraude, despilfarro o abuso en la ayuda de emergencia, dijo Kennedy a la prensa.
Patty Lynn, directora de campaña de Corporate Accountability Internacional, una organización no gubernamental estadounidense, declaró que su grupo es contrario a la influencia de empresas transnacionales sobre la ONU y sus agencias.
En cuanto a los esfuerzos humanitarios para el desastre del maremoto, nos preocupa que grandes empresas usen esta oportunidad para su propio beneficio, en algunos casos a expensas de la salud humana. Estaremos vigilantes a estos acontecimientos, dijo a IPS.
El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, que encabezarán los esfuerzos de reconstrucción en los países afectados, también prometieron rastrear el flujo de la ayuda.
Mucho dinero irá directamente a los gobiernos, dijo a la prensa el presidente del Banco, James Wolfensohn, la semana pasada.
La comunidad internacional y los países afectados se beneficiarán si se logra separar los 'fondos del maremoto' de manera transparente, agregó..
India y Tailandia declararon que son capaces de manejar la reconstrucción por sí mismos y no precisan ayuda financiera internacional.
Seychelles pidió una moratoria de la deuda, mientras Malasia, Myanmar, Bangladesh, Somalia, Kenia y Tanzania dijeron que no pedirán ayuda por el momento, por que sus daños son mínimos.
La mayor parte de los fondos de reconstrucción se destinarán a tres países: Indonesia (por lejos el más afectado, con 166.000 muertos), Sri Lanka y Maldivas.
El Banco Mundial está estimando las necesidades totales de estos tres países, que podrían ascender a miles de millones de dólares.
El gobierno de Indonesia ya estimó sus necesidades entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, pero como ese país tiene un alto índice de corrupción (la organización Transparencia Internacional lo describió como uno de los países más corruptos del mundo), la comunidad donante enfrenta un dilema.
En una conferencia de prensa celebrada en Yakarta la semana pasada, el embajador estadounidense Lynn Pascoe admitió que el alto nivel de corrupción en Indonesia es un problema muy grave para la comunidad donante.
David Nussbaum, director de Transparencia Internacional, consideró crucial que el sector privado, autoridades locales y donantes internacionales acuerden un sistema transparente de gasto.
Pero no sólo es necesario evitar la corrupción y el desvío de fondos, advirtió, sino garantizar normas de seguridad y calidad en el proceso de reconstrucción.
