La administración estadounidense del Iraq ocupado no rindió cuentas de casi 9.000 millones de dólares aportados por contribuyentes y donantes de ese país del Golfo, según una auditoría oficial.
Las autoridades civiles de la ocupación no pudieron comprobar que ese dinero hubiera sido empleado en beneficio del pueblo iraquí, según un informe del inspector general de la Reconstrucción de Iraq, Stuart Bowen Jr. elevado al gobierno y al Congreso legislativo estadounidense.
El estudio fue conocido seis meses después de la disolución de la Autoridad Provisional de la Coalición ocupante (CPA, por sus siglas en inglés), cuerpo conducido por Estados Unidos que ejerció de hecho el gobierno de Iraq desde el triunfo de la invasión de 2003.
El órgano presidido por el embajador L. Paul Bremer no ejerció suficiente control sobre los miles de millones de dólares entregados a ministerios iraquíes en que trabajaban cientos de expertos estadounidenses a cargo de la tarea, según la auditoría.
La consecuencia fue una corrupción generalizada, que incluye la presencia de empleados fantasma en la nómina de esos ministerios, indica el informe oficial conocido el domingo, el mismo día en que la ciudadanía iraquí concurría a las urnas por primera vez desde la invasión..
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La CPA concluyó su mandato a fines de julio para abrir paso a un gobierno interino iraquí, que será reemplazado este mismo año por la administración que la ciudadanía eligió el domingo.
El estudio del Inspector General de la Reconstrucción de Iraq indica que, aunque la CPA publicó reportes sobre los desembolsos totales a los ministerios, no fue transparente en informar para qué se usaron exactamente esos fondos.
Bowen, designado en enero de 2004, acusó a la CPA de no ejercer suficiente control sobre los procedimientos de contratos firmados por los ministerios iraquíes.
En su informe de 53 páginas, el Inspector General admitió las dificultades que implicaba trabajar bajo condiciones de guerra, pero concluyó: Creemos que el proceso presupuestario y el control de los fondos iraquíes por parte de la CPA estuvo aquejado de graves ineficiencias y un mal manejo.
El Inspector General tiene el mandato de evaluar la efectividad de los procesos de manejo y control de la CPA en áreas como el análisis financiero de los ministerios y el uso de fondos requisados a Iraq y donados a ese país.
Este órgano de contralor eleva sus informes directamente al Departamento de Estado (cancillería) y al secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, y cada tres meses al Congreso de Estados Unidos.
Tanto el Departamento de Defensa como el embajador Bremer manifestaron desacuerdos con las conclusiones del informe, tal como consta en su mismo texto. Allí indican que la auditoría no tuvo en cuenta el difícil contexto en que operaba la CPA.
También manifestaron que el estudio del Inspector General no consideró las debilidades de la gestión presupuestal y financiera de las autoridades iraquíes.
La auditoría mencionó como ejemplo el pago de salarios por parte de la CPA a 74.000 guardias de seguridad, aunque el cuerpo no pudo corroborar la cantidad exacta de funcionarios reales a los que el dinero se dirigía.
En una ocasión, un registro contaba con el nombre de 8.206 guardias, a pesar de que solo se pudo identificar a 602 personas reales entre ellos. En otro ministerio, se pagaba salario a 1.471 guardias de seguridad, pero solo pudo corroborarse la existencia de 642.
No es la primera vez que el manejo financiero de Estados Unidos en Iraq es objeto de cuestionamientos, en especial en relación con los fondos destinados a la reconstrucción tras la invasión lanzada en marzo de 2003.
La organización humanitaria británica Christian Aid advirtió en junio que al menos 20.000 millones de dólares en ganancias petroleras y otros fondos iraquíes que debían destinarse a la reconstrucción del país desaparecieron de cuentas bancarias administradas por la CPA.
Otras organizaciones criticaron la falta de transparencia en el manejo de los fondos iraquíes por parte de la CPA y de funcionarios iraquíes, especialmente en lo que respecta a contratos para la reconstrucción nacional, algunos asignados sin licitación pública y abierta.
Pocas horas antes de su disolución, la CPA se apresuró a asignar contratos mal concebidos por 2.000 millones de dólares en una sola sesión, advirtió Iraq Revenue Watch, organización financiada por el inversionista húngaro-estadounidense George Soros para controlar el gasto del dinero supuestamente destinado a la reconstrucción de Iraq.
La intención, según Iraq Revenue Watch, era imponer esos contratos al gobierno iraquí que aún no había asumido.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó el 8 de junio al actual gobierno interino iraquí honrar todas las obligaciones asumidas por el Fondo para el Desarrollo de Iraq antes del 30 de junio, lo cual no le dejaba a Bagdad más opción que cumplir con esos contratos.
Iraq Revenue Watch alertó también que la CPA dejó como legado al gobierno iraquí cientos de expertos y asesores estadounidenses que trabajan en los 29 ministerios y otras agencias oficiales, la mayoría procedentes de empresas privadas.
Estos empleados mantienen, según los críticos, una enorme influencia sobre las decisiones gubernamentales.
Washington restringió los contratos más lucrativos por la reconstrucción de Iraq a empresas estadounidenses que se aseguraron así enormes beneficios.
El gobierno de George W. Bush fue por eso acusado de pretender el beneficio de unas pocas compañías más que buscar a través de un proceso de licitación las mejores opciones —y tal vez las más baratas— para el país del Golfo.
Como consecuencia de las quejas de los aliados de Washington en la invasión —especialmente Gran Bretaña—, las contrataciones se abrieron a empresas de otras naciones, pero muchas de ellas insisten que no pueden competir en un pie de igualdad con las estadounidenses.
La empresa de servicios petroleros Halliburton, de la que fue gerente general el vicepresidente estadounidense Dick Cheney, firmó contratos por 8.200 millones de dólares con el Departamento de Defensa para brindar servicio de alimentación, vivienda y conexión a Internet a los soldados estadounidenses en Iraq.
Informes oficiales del Congreso legislativo estadounidense advirtieron que Halliburton había ganado millones de dólares mediante sobrefacturación.
