Una jueza de Washington sentenció que las cortes marciales creadas para determinar la condición de terroristas de los prisioneros en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, son inconstitucionales.
Esos juicios militares no satisfacen los principios del debido proceso requeridos para casos de este calibre, dictaminó este lunes la jueza Joyce Hens Green, en un fallo que dejó mal parados al Departamento (ministerio) de Defensa y a todo el gobierno de George W. Bush.
La sentencia, que seguramente será objeto de una apelación gubernamental, deja en tela de juicio la amplitud de las potestades reivindicadas por el Poder Ejecutivo para conducir su guerra contra el terrorismo.
Estamos respetuosamente en desacuerdo con la decisión judicial, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.
El funcionario recordó que otro juez federal, Richard Leon, consideró el 19 de enero que los detenidos en Guantánamo carecen de mecanismos legales que les permitan cuestionar su situación ante un tribunal estadounidense.
Cientos de supuestos combatientes islámicos detenidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán y Pakistán en 2001 están encerrados en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo sin explicaciones ni acceso a abogados ni a sus familiares.
Las condiciones de detención y las técnicas de interrogatorio aplicadas por funcionarios del Pentágono en Guantánamo, así como en prisiones instaladas en Afganistán e Iraq, han sido cuestionadas incluso por funcionarios del gobierno estadounidense.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional aseguró el año pasado que los detenidos permanecen encerrados todo el día en celdas minúsculas, sin reconocimiento del estatus de prisioneros de guerra, a pesar de que fueron apresadas en la guerra contra Afganistán.
Washington encabezó entonces una coalición militar con amplio apoyo internacional para atacar Afganistán en respuesta a los atentados terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
Según las Convenciones de Ginebra, los prisioneros de guerra pueden invocar la condición de tales ante un tribunal independiente. Pero el gobierno de Bush decidió a comienzos de 2002 que los detenidos en Guantánamo no son prisioneros de guerra.
En diversos estrados judiciales, el gobierno argumentó también que los tribunales federales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre la base de Guantánamo porque no se encuentra en territorio de Estados Unidos.
La sentencia emitida este lunes por Green, según el abogado de uno de los prisioneros, envía al mundo un esperanzado mensaje según el cual las instituciones democráticas funcionan para garantizar la preservación de la justicia a pesar de la continua negativa del gobierno a admitir la ilegalidad de su comportamiento.
De ser confirmada en la apelación prevista, la decisión de Green será un golpe mortal para los órganos jurisdiccionales instituidos por el Pentágono, denominados Tribunales para la Revisión del Estatus de Combatiente (CSRT, por sus siglas en inglés).
Estas cortes marciales, que realizaron audiencias para determinar la situación de unos 550 detenidos, se crearon luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara en junio que los combatientes enemigos tenían derecho a cuestionar tal condición ante un tribunal independiente.
La sentencia no disponía explícitamente si los detenidos tenían derecho a presentar una apelación ante tribunales federales. Por lo tanto, el Pentágono se apresuró a crear por su cuenta sus propios tribunales con el fin de revisar esa situación, pretendiendo cumplir así con el fallo de la Corte Suprema.
El juez Leon, designado por Bush en su primer periodo de gobierno (2001-2005), coincidió con el Departamento de Defensa en que el tribunal independiente mencionado en el fallo de la Corte Suprema no tenía por qué ser, necesariamente, un tribunal federal civil.
En un caso de hábeas corpus presentado en nombre de siete detenidos, Leon argumentó que, si bien éstos tenían derecho a presentar tal petición, ninguna teoría jurídica viable les beneficiaba.
Según el magistrado, los tribunales carecen de poder para revisar la decisión ejecutiva de detener a extranjeros no residentes, fuera de Estados Unidos, durante un conflicto armado.
Pero Green, una veterana jueza designada por el ex presidente Jimmy Carter (1977-1981), rechazó esa interpretación. Su fallo será, seguramente, revisado por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia o por la Corte Suprema de Justicia.
Sería mucho más fácil para el gobierno actuar en la guerra contra el terrorismo si pudiera detener en Guantánamo a todos los sospechosos de 'combatientes enemigos' sin reconocer ni respetar los derechos constitucionales de los detenidos, escribió la jueza en su fallo.
Aunque esta nación deba, sin dudas, tomar acciones fuertes bajo el liderazgo de comandante en jefe para protegerse de amenazas enormes y sin precedentes, eso no puede negar derechos fundamentales más básicos por los que el pueblo de este país ha luchado y muerto durante más de 200 años, observó Green.
La jueza consideró que los CSRT no cumplían los requisitos constitucionales del debido proceso en varios aspectos, y recordó, en ese sentido, que no facilitaban a sus defendidos piezas de evidencia que, según el gobierno, debían permanecer en secreto.
En muchos casos, de acuerdo con los propios registros de los tribunales impugnados, esas evidencias incluían declaraciones de otros supuestos terroristas.
Tal circunstancia, advirtió Green, le negaba a los detenidos la posibilidad justa de rebatir su condición de combatientes enemigos.
La jueza sugirió que los representantes personales —funcionarios sin formación en abogacía elegidos por esos tribunales para representar a los detenidos en los CSRT— tampoco cumplen con las normas del debido proceso. (
