El designado fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, sorteó las críticas de legisladores del opositor Partido Demócrata. El Comité Judicial del Senado aprobó por 10 votos contra ocho su designación, que deberá ser refrendada por el plenario.
Y en otra victoria anticipada para el presidente George W. Bush, su ex consejera de Seguridad Nacional, Condolezza Rice, fue confirmada como nueva secretaria de Estado (canciller) en el Senado, por 88 votos contra 13.
Las principales organizaciones de derechos humanos con actuación en este país, como Human Rights Watch (HRW), Human Rights First (HRF) y Conferencia de Líderes por los Derechos Civiles, reclaman al Senado que rechacen a Gonzales por los consejos que dio a Bush sobre el tratamiento a los prisioneros capturados en la guerra contra el terrorismo
La Conferencia de Líderes reconoce el significado histórico de la designación del señor Gonzales como primer hispano estadounidense para el cargo de fiscal general, dijo el director ejecutivo de la organización, Wase Henderson.
Pero nos nos convence que el señor Gonzales vigile con independencia el cumplimiento de las leyes, sino que continuará simplemente racionalizándolo, como hizo cuando participó en la administración del entonces gobernador (de Texas) y hoy presidente Bush, agregó Henderson.
HRW y HWR, en declaraciones independientes, advirtieron que por primera vez se oponen a una designación de integrantes del gabinete estadounidense desde que fueron fundadas hace un cuarto de siglo.
El señor Gonzales es un talentoso y experimentado abogado con una inspiradora historia personal, dijo el fundador y director de HRF, Michael Posner. Pero ayudó a abrir la puerta a abusos que socavaron la disciplina militar, puso a combatientes estadounidenses en gran riesgo y dejó a Estados Unidos sin estatura moral.
Durante más de 25 años, HRW ha trabajado para acabar con la tortura en todo el mundo. Esa lucha se ha tornado difícil por las posiciones legales asumidas por el gobierno de Bush, incluida la negativa de Gonzales a asegurar que un presidente no podía ordenar legítimamente torturas, indicó el lunes esta organización en un comunicado.
HRW también deploró una nueva declaración de Gonzales en cuanto a que ninguna ley ni convención internacional prohíbe a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tratar a los detenidos de manera inhumana, siempre que eso suceda fuera de territorio estadounidense.
También se oponen a la designación de Gonzales Médicos para los Derechos Humanos, Global Rights, el Memorial Robert Kennedy, la Liga Internacional para los Derechos Humanos, el Instituto Sociedad Abierta, el Centro de Derechos Constitucionales, el Comité de Abogados por los Derechos Civiles, la Alianza por los Derechos Humanos, la Alianza por Justicia y el Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educación (MALDEF).
La semana pasada, MALDEF, la principal organización de derechos civiles de la comunidad latinoamericana y uno de los tres grupos de ese origen que se opone a la designación, cuestionó en una declaración el rol de Gonzales en la fijación de políticas de detención e interrogación, así como su manejo de la pena de muerte en Texas.
Gonzales aprobó una definición de tortura tan estrecha que muchas de las barbaridades evidentes en las fotografías de Abu Ghraib habrían quedado sin posibilidad de castigo, sostuvo HRF, por su parte
Este funcionario aprobó, en su función de asesor de la Casa Blanca, una serie de memorandos que los críticos vinculan directamente con las torturas constatadas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib y otros abusos que han salido a luz desde abril último.
En los memorandos más polémicos, Gonzales afirmó que la protección ordenada por las convenciones de Ginebra de 1949 a prisioneros de guerra no deberían aplicarse a los sospechosos de terrorismo, y que las leyes nacionales e internacionales que prohíben la tortura no se aplican a la detención y al interrogatorio de combatientes enemigos por decisión presidencial.
Gonzales nació en San Antonio y creció en Houston, dos de las principales ciudades del meridional estado de Texas, de donde también es oriundo Bush y que alberga una gran comunidad de origen mexicano.
Es el segundo de ocho hijos en una familia que carecía de agua caliente y teléfono. Después de completar la educación secundaria, se alistó en la fuerza aérea, pero la abandonó tras completar su segundo año de abogacía en la Universidad Rice, en Houston.
Se graduó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en 1982 y regresó a Houston, donde se asoció en el principal bufete de abogados de la ciudad, Vinson & Elkins.
En su carácter de gobernador de Texas elegido en 1994, Bush lo designó su asesor general, luego, secretario de Estado y, en 1999, miembro de la Corte Suprema de Justicia estadual.
Como asesor, Gonzales estuvo a cargo de redactarle a Bush los memorandos sobre clemencia a los condenados a muerte. La revista Atlantic Monthly sostuvo que el abogado solía no informar a su jefe sobre circunstancias atenuantes de los crímenes, como asesoramiento legal ineficaz a los condenados, conflicto de intereses y hasta pruebas de inocencia.
Mientras Bush fue gobernador de Texas, ese estado ejecutó a más presos que ningún otro.
En los tribunales, Gonzales se mostró como un conservador moderado. En un caso que escandalizó a la derecha cristiana —el sector al que pertenece Ashcroft y uno de los puntales de Bush—, votó en favor de permitir a las menores abortar sin informar a sus padres en determinadas circunstancias.
También redujo las posibilidades de querellas de consumidores contra grandes empresas o corporaciones de gobierno. Además, recibió grandes contribuciones de la firma de servicios petroleros Halliburton, entonces presidida por el hoy vicepresidente Dick Cheney, pero no se excusó de intervenir en casos judiciales en que esa compañía estaba involucrada.
En su periodo como asesor de la Casa Blanca, hizo gestiones para mantener en reserva documentos reclamados por el Congreso legislativo y en respaldo de algunas de las cláusulas más extremas de la Ley Patriótica, aprobada con el supuesto fin de combatir el terrorismo tras los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington.
A pesar de su reputación de relativa moderación, el equipo de Gonzales ha estado dominado por miembros de la ultraconservadora Sociedad Federalista, de la que Ashcroft es dirigente destacado.
En 1997, como un presagio de lo que pasaría años más tarde, Gonzales recomendó a Bush no respetar la Convención de Viena, que permite a los consulados asesorar legalmente a los nacionales de sus países perseguidos por la justicia.
Entrevistado en 2001 por el diario Los Angeles Times, Gonzales reconoció que su origen latinoamericano le había ayudado en su meteórico ascenso político. La gente tiene confianza cuando ve personas de su mismo color tomando decisiones, particularmente en la rama judicial, dijo entonces.
