Los habitantes de los asentamientos precarios de esta ciudad del oeste de India no recibieron advertencia y sólo pudieron correr, agarrando a su paso cualquier cosa que pudieran rescatar de la destrucción: un bolso por aquí, una olla por allá.
No se trata del maremoto que el pasado 26 de diciembre devastó las costas de una decena de países de Asia y Africa, sino de una campaña de demoliciones que el gobierno del estado de Maharashtra lanzó para dar lugar a proyectos de desarrollo y mejorar la apariencia de su capital, una ciudad portuaria considerada el centro financiero de India.
Cuando visitó la zona cero el día 17, Miloon Kothari, relator especial independiente sobre vivienda ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, describió la medida gubernamental como la campaña de demoliciones más brutal de los últimos tiempos.
Unos 300.000 habitantes de Mumbai (ex Bombay), entre ellos hasta 100.000 niños y niñas, quedaron sin hogar debido a la destrucción de viviendas precarias, que se habían convertido en una de las principales características de esta ciudad.
Más de 50 por ciento de los 12,5 millones de habitantes de la ciudad residen en pequeños ranchos construidos con materiales precarios, sin saneamiento ni electricidad, agrupados en barrios o improvisados sobre las aceras. Esos barrios ocupan cerca de 10 por ciento del territorio urbano.
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Hace un año, cuando Mumbai fue sede del Foro Social Mundial de 2004, los interminables asentamientos ilegales que flanqueaban el camino entre la sede de las reuniones y el aeropuerto ofrecían a los visitantes una rápida visión de la disparidad social en este país.
Mucho se dijo entonces sobre cómo la globalización y los llamados proyectos de desarrollo estaban ampliando esa brecha social y poniendo fin a medios de sustento en el vasto interior rural de India, el segundo país más poblado del mundo después de China, con 1.100 millones de habitantes.
Esos proyectos desplazan a innumerables agricultores y campesinos pobres en busca de cualquier trabajo que les permita sobrevivir en los centros urbanos, donde terminan invariablemente en barrios precarios.
Sin embargo, un año después, las autoridades encontraron una solución sencilla y rápida para ese problema: demoler los asentamientos sin advertencia previa, como los tsunamis.
Nadie organiza conciertos para recaudar fondos para las víctimas de esta tragedia. Por el contrario, el gobierno municipal de Mumbai solicitó a las autoridades electorales que borraran del padrón los nombres de todos aquellos cuyas viviendas ilegales fueron demolidas.
Según las autoridades municipales, unas 70.000 familias fueron desalojadas hasta ahora. Si podemos probarlo, más de 100.000 personas perderán su derecho al voto, anunció un funcionario.
La finalidad de las demoliciones, que comenzaron a principios de diciembre, es dar lugar a un proyecto de desarrollo de 71 millones de dólares que según el ministro jefe de Maharashtra, Vilasrao Deshmukh, convertirá a Mumbai en otro Shangai, en referencia a la próspera ciudad portuaria del sur de China.
Hasta tres millones de personas quedarán sin hogar si todos los asentamientos construidos después de 1995 son demolidos, como anunció el gobierno.
Esto es una violación flagrante a los derechos humanos, acusó Hosbet Suresh, un antiguo juez de la Alta Corte de Bombay e integrante del Tribunal Popular Indio, que analiza la campaña de demoliciones.
Puede que el gobierno necesite las tierras, pero India es signataria de la resolución de la las Naciones Unidas de 1993 (decisión de la Comisión sobre los Derechos Humanos acerca del derecho a una vivienda digna). Según el derecho humanitario internacional, no se puede demoler viviendas sin darle a la gente un alojamiento alternativo, dijo Suresh a IPS.
Esto sólo implica que los ricos pueden venir y establecerse, y los pobres deben irse, agregó.
A principios de enero, un ejército de empleados municipales llegó a un barrio de Mumbai con bulldozers y camiones volcadores a demoler más de 75.000 viviendas precarias para limpiar más de 140 hectáreas de tierra de primera calidad, bajo fuerte protección policial.
Las áreas arrasadas fueron luego cercadas con alambre de púas y guardia policial para impedir la reocupación, mientras sus antiguos habitantes deambulaban por los alrededores sin tener adónde ir.
En respuesta a las críticas por sus acciones contra los más desvalidos, las autoridades municipales realizaron algunas demoliciones simbólicas de extensiones ilegales construidas por restaurantes, pero otros propietarios de costosos bienes raíces lograron órdenes judiciales de suspensión.
No sólo asentamientos ilegales fueron demolidos, sino también barrios precarios pero legales, entre ellos viviendas otorgadas por el gobierno para la rehabilitación de unas 6.000 víctimas de la persecución de hindúes contra musulmanes en 1992 y 1993.
Algunas familias presentaron documentos que probaban que habían sido establecidas en el área en 1994 por el líder dalit (intocable en el sistema de castas hindú) Ramdas Athavale, del Partido Republicano de India.
Las víctimas están indignadas porque el ministro jefe Deshmukh, del partido del Congreso, llegó al gobierno estadual con la promesa de que todas las viviendas precarias construidas antes de 2000 serían regularizadas. El Congreso también encabeza la coalición federal de gobierno.
Este gobierno llegó al poder con nuestros votos, y ahora destruyó nuestros hogares, se quejó Kaushalaya, un trabajador social del grupo de ayuda humanitaria Shehar Vikas Manch, en una audiencia pública sobre las demoliciones.
La campaña de demoliciones cuenta con el respaldo de buena parte de la clase media de Mumbai, que considera a los habitantes de los asentamientos como delincuentes que privan a los contribuyentes de los servicios públicos.
Quienes afirman eso deberían recordar cuántos servicios esas infortunadas personas prestan a los más pudientes, recordó el activista y planificador urbano Darryl D'Monte, en referencia a los trabajadores domésticos y a los vendedores, a quienes la clase media compra artículos a precios accesibles.
