El elegido por el presidente George W. Bush para dirigir la seguridad interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, afronta una dura oposición de senadores del opositor Partido Demócrata y de activistas de derechos humanos.
Chertoff estuvo a cargo de la división penal del Departamento de Justicia (fiscalía general) de 2001 a 2003, y luego fue juez federal. Su designación efectiva como secretario de Seguridad Interna en sustitución de Tom Ridge pende de la aprobación del Senado.
Los cuestionamientos al funcionario se refieren a su actuación en el Departamento de Justicia. Expertos y legisladores lo consideran un inspirador de violaciones de las libertades civiles.
Mike ha demostrado un profundo compromiso con la causa de la justicia y una gran determinación a proteger al pueblo estadounidense. Mike también ha sido un líder clave en la guerra contra el terror, dijo Bush al anunciar su designación el martes.
Pero la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), la más antigua de las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, se manifestó preocupada de que sus antecedentes sugieran que ve los derechos constitucionales como un obstáculo para la seguridad nacional.
El principal experto en materia legislativa de la ACLU, Gregory T. Nojeim, calificó a Chertoff de adalid de la creencia dominante en que el Poder Ejecutivo debería quedar libre de pesos y contrapesos que le impidan abusar de su inmenso poder sobre nuestras vidas y libertades.
Nojeim manifestó su esperanza en que el Senado le formule un fuerte interrogatorio para asegurarse de su capacidad para ocupar el cargo y de la fuerza de su compromiso con los derechos constitucionales.
Los cuestionamientos se deben, fundamentalmente, a su rol como creador y supervisor de las políticas del Departamento de Justicia y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) en los meses que siguieron al 11 de septiembre de 2001.
Entonces ocurrieron en Nueva York y en Washington los peores atentados terroristas de la historia contemporánea, en que murieron 3.000 personas. El acontecimiento derivó, entre otras decisiones, en la creación del Departamento de Seguridad Interna de nivel ministerial.
Luego de los atentados, el Departamento de Justicia y el FBI arrestaron a más de 1.000 inmigrantes y extranjeros que visitaban Estados Unidos, la mayoría árabes y sudasiáticos.
Chertoff dijo al Comité Judicial del Senado en noviembre de 2003 que los arrestos, los interrogatorios y las restantes técnicas agresivas de investigación que actualmente empleamos son legales bajo la Constitución dy las leyes federales.
Nadie está incomunicado. A nadie se le niega el derecho a asistencia de un abogado, ni el derecho al debido proceso. Cada detención es completamente consistente con la autoridad constitucional establecida. Cada detenido ha sido acusado de una violación a las leyes migratorias y penales, o fue legalmente arrestado como testigo material.
Pero algunas de las políticas establecidas por Chertoff luego del 11 de septiembre han sido objeto de repudio, incluso por parte de otros funcionarios del gobierno.
Entre esos cuestionamientos figuran los informes emitidos en junio y diciembre de 2003 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, encabezada desde 2000 por Glenn A. Fine.
En esos informes se advertía que Chertoff apelaba a violaciones menores o raramente esgrimidas antes para mantener detenidos la mayor cantidad de tiempo posible a los ciudadanos, sin derecho a fianza ni asistencia de abogado.
La ACLU determinó que las autoridades no lograron detectar vínculos entre ninguno de esos arrestados y los atentados de septiembre de 2001.
Los informes de la Oficina del Inspector General también indican que los procedimientos del gobierno para descartar ese vínculo carecieron de funcionarios suficientes y suficiente prioridad. Éstos insumieron un promedio de 80 días, y en ocasiones, más de 200.
Por otra parte, la calificación de esos detenidos como sospechosos fue realizada de manera indiscriminada y caótica.
Nadie en el Departamento de Justicia ha refutado la acusación de que en las sesiones de estrategia en el Departamento de Justicia, Chertoff estuvo de acuerdo que los detenidos soportaran largos periodos de interrogatorio, indican los informes.
Aun cuando algún detenido lograba una audiencia, agregó la Oficina del Inspector General, ésta no solo debía realizarse en secreto, sino que podría postergarse, y aun en la eventualidad de que se celebraran y que concluyeran con la deportación (usualmente por violaciones migratorias menores) no había nada en la ley que estableciera que eso debía suceder de inmediato. Podían permanecer aun más tiempo arrestados, sostuvo.
Chertoff sabía que los prisioneros tenían derecho a llamar a un abogado desde la cárcel, pero las listas de abogados disponibles suministrada por la INS tenía números telefónicos invariablemente fuera de servicio, según el periodista Steven Brill.
El INS es el Servicio de Inmigración y Naturalización, hoy parte del Departamento de Seguridad Interna.
Los inmigrantes no eran el enemigo. Pero la guerra contra el terror se convirtió pronto en una guerra contra los inmigrantes. Los hallazgos del inspector general confirman nuestra visión de que las libertades civiles y los derechos de los inmigrantes fueron pisoteados luego del 11 de septiembre de 2001, dijo el director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero.
Chertoff fue también uno de los arquitectos de la Ley Patriótica de lucha contra los terroristas, que desde su aprobación en 2001 ha recibido críticas tanto de conservadores como de progresistas.
También participó en la revisión de las guías de actuación del FBI, que facultó a sus agentes encubiertos a infiltrarse en reuniones religiosas y políticas.
Inspiró, además, la anulación de la norma del Buró de Cárceles que impedía a los agentes interceptar las conversaciones entre abogados y clientes, antes confidenciales.
