El general retirado Manuel Mamo Contreras, uno de los mayores símbolos de los crímenes contra los derechos humanos en Chile, volvió este viernes a la cárcel en medio de un espectacular operativo policial, una parodia de suicidio y el repudio de familiares de víctimas de la represión.
Contreras, de 75 años, quien encabezó la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) entre 1974 y 1978, ingresó a una cárcel especial en Santiago para cumplir una condena de 12 años de presidio por el secuestro y desaparición forzada en 1975 de Miguel Ángel Sandoval, un joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
La sentencia, ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 17 de noviembre, dispuso que Contreras y otros cuatro ex jerarcas de la DINA, la policía secreta de la dictadura, ingresaran este viernes al llamado penal Cordillera, pero el general, apodado Mamo, se negó a comparecer ante los tribunales para ser notificado judicialmente de la medida.
En 1995, cuando recibió su primera condena a siete años de cárcel por el asesinato en 1974 en Washington del ex canciller Orlando Letelier, el ex jefe represivo adoptó igualmente una actitud de rebeldía, atrincherándose primero en su hacienda del sur del país e internándose luego en un hospital de la Armada.
El magistrado Alejandro Solís, quien instruyó la causa por el secuestro de Sandoval, tuvo que encomendar a agentes de la Policía de Investigaciones que detuvieran a Contreras en su residencia, lo cual retrasó en seis horas su comparecencia ante la corte.
Un centenar de activistas de derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), apostados en el Palacio de los Tribunales lanzaron lluvias de huevos, piedras y escupitajos al ex jefe de la DINA tanto a su llegada como a su salida del recinto.
Efectivos de la policía de Carabineros y del cuerpo de Gendarmería (vigilantes carcelarios) intentaron proteger a Contreras con escudos plásticos. Miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) reprobaron la acción policial con gritos de asesinos y cómplices hacia los efectivos uniformados.
En los incidentes que se generaron en el Palacio de los Tribunales fueron agredidos por carabineros algunos periodistas que intentaron sobrepasar el cerco policial para informar de los hechos. Karina Álvarez, reportera del canal local Chilevisión resultó con lesiones leves.
También fue accidentada la detención del antiguo jerarca de la represión pinochetista en su residencia, en la cual intervinieron unos 20 agentes de la policía civil que llegaron hasta el lugar en varios carros celulares, escoltados por motocicletas del Cuerpo de Carabineros.
Contreras se negó a salir de su despacho y en el momento que los detectives se acercaron a él abrió un cajón de su escritorio del cual extrajo un arma de fuego, con el aparente propósito de suicidarse.
Los policías lograron reducirlo y luego de un forcejeo con el general retirado y sus familiares lo llevaron al vehículo en el cual fue trasladado al Palacio de los Tribunales. Juan Carlos Manss, abogado del ex represor, alegó posteriormente que su cliente había sido objeto de violencia en el arresto.
Fuentes policiales declinaron confirmar oficialmente que Contreras intentara hacer uso de un arma, aunque el ministro del Interior, José Miguel Insulza, dijo que el gobierno tenía algunos antecedentes al respecto, agregando que el ex jefe de la DINA no tuvo ninguna posibilidad de utilizar el arma.
Es cierto que Contreras tenía un arma de fuego y que la cogió de su escritorio, pero dudamos que tuviera la intención real de suicidarse, dijo a IPS un jefe del Servicio de Investigaciones.
El 'Mamo' quiso una vez más proyectar la imagen del hombre duro, que no se deja arrestar fácilmente, pero eso tiene mucho de bravatas. En 1995 proclamaba que no iría un solo día a la cárcel y terminó cumpliendo la condena por el asesinato de Letelier, comentó a IPS Carlos Pardo, uno de los activistas que se manifestó en los tribunales.
Junto a Contreras deberán cumplir condenas por el secuestro de Sandoval los brigadieres retirados Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff, sentenciados a 11 y 10 años de presidio, respectivamente. El coronel retirado Fernando Laureani y el ex agente de Carabineros Gerardo Godoy fueron condenados cada uno a cinco años de cárcel.
Este 28 de enero de 2005 será recordado como el día en que se hizo justicia. Hoy estamos frente a una sentencia histórica, dijo la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.
Este es uno de los días más memorables para la historia de Chile y para la causa de los detenidos-desaparecidos. Es un camino que hay que seguir, afianzar y fortalecer, apuntó a su vez Mireya García, secretaria general de la misma agrupación.
Pizarro y García advirtieron que los avances en materia de derechos humanos pueden perderse si se materializa la orden de la Corte Suprema de Justicia de cerrar en un plazo de seis meses las investigaciones de desapariciones forzadas y asesinatos políticos que llevan a cabo jueces especiales.
La AFDD y abogados de derechos humanos presentaron el jueves un recurso para que se declare inconstitucional la medida adoptada el martes último por el máximo tribunal, que calificaron como una virtual ley de punto final para cerrar las causas por crímenes represivos.
La decisión de la Corte Suprema se produjo luego del suicidio, el día 17, del coronel retirado Germán Barriga, quien fue agente de la DINA y su sucesora y hoy también disuelta, la Central Nacional de Informaciones (CNI), y que se encontraba procesado por varios crímenes represivos.
En una declaración emitida este viernes, Amnistía Internacional calificó de peligrosa e ilegal la medida de la Corte Suprema y recordó que, de acuerdo a convenciones mundiales, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad con carácter de delito permanente, cuyo esclarecimiento no puede ser sometido a plazo.
Bajo la dictadura de Pinochet se produjeron unos 3.000 crímenes contra los derechos humanos, de los cuales unos 1.200 correspondieron a desapariciones forzadas de personas.
Este viernes se aportó desde la judicatura otro hecho trascendental en materia de castigo a actos de represión cuando el juez Hugo Dolmestch emitió una sentencia de primera instancia de presidio perpetuo para el general retirado Hugo Salas Wenzel, ex director de la CNI.
Salas Wenzel dio las órdenes, según el magistrado, para que entre los días 15 y 16 de junio de 1987 la CNI asesinara a 12 militantes del insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en operativos que se hicieron aparecer falsamente como enfrentamientos armados entre insurgentes y policías.
En esta acción, denominada Operación Albania, participó también el mayor retirado del Ejército Álvaro Corbalán, para quien Dolmestch pidió 15 años de presidio. (
