Grupos ambientalistas europeos se preparan para enfrentar este miércoles a compañías químicas ante una nueva propuesta de la Unión Europea (UE) para el control de sustancias peligrosas.
Los ambientalistas y científicos discutirán sus diferencias con los fabricantes de productos químicos acerca del nuevo proyecto de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas (REACH, por sus siglas en inglés), en una audiencia pública que se realizará en el Parlamento Europeo.
Los activistas opinan que las nuevas exigencias sobre información de seguridad son necesarias debido al aumento de los casos de cáncer, defectos congénitos y otros males que se atribuyen a la exposición a sustancias químicas.
Por otra parte, los fabricantes arguyen que las medidas propuestas causarían una pesadilla burocrática y costarían miles de empleos.
El REACH es un programa integrado para la producción, la importación y el uso de sustancias químicas dentro de la UE. Las sustancias prohibidas por ese programa abarcan una amplia gama, desde perfumes hasta productos para el hogar, retardadores del fuego y sustancias para ablandar el plástico en juguetes.
La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, publicó un proyecto final del REACH en octubre de 2003, tras un debate de cinco años. Según la propuesta, unas 30.000 sustancias deben registrarse ante un nuevo organismo con sede en Helsinki que administraría el sistema.
Además, los productos químicos aprobados hace años deberán someterse a nuevas pruebas más estrictas, y aquellos que no las aprueben serán prohibidos.
Las comisiones de salud pública, ambiente y mercado interno del Parlamento Europeo están estudiando el proyecto.
Según la Comisión, las nuevas normas protegerán la salud humana y el ambiente, mantendrán la competitividad de la industria química europea e incrementarán la transparencia.
Pero el órgano ejecutivo enfrenta una dura oposición de la industria química, que estimó el costo de la aplicación de las nuevas normas en 13.500 millones de dólares en un período de 11 años, frente a los 6.500 millones calculados por la Comisión.
Los pequeños fabricantes están especialmente preocupados. La Asociación Europea de Distribuidores de Sustancias Químicas advirtió que hasta la mitad de las sustancias en uso se perderían, porque las empresas no pueden costear las pruebas.
La Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) declaró que las compañías químicas europeas respaldan el objetivo de proteger la salud humana y el ambiente, pero consideró necesario reelaborar algunas normas del REACH para hacerlas manejables para los productores y usuarios de sustancias químicas.
Las normas no sólo afectarán a las compañías químicas sino también a productores y usuarios de materiales inorgánicos, como metales, cemento, fibra de madera y vidrio.
Los grupos de empleadores consideran que la evaluación de sustancias debería basarse en criterios de riesgo y no en volumen. También insisten en que la distribución de datos debe ser voluntaria y que el alcance del REACH debe limitarse a auténticas sustancias químicas, excluyendo las materias primas y los desechos.
La industria no está contra los objetivos del REACH, pero con las recomendaciones de UNICE podemos hacerlos más económicos y prácticos, declaró Philippe de Buck, secretario general de UNICE.
Por otra parte, grupos ambientalistas elogian el proyecto de la UE.
Lo vemos como una oportunidad única en una generación para que los productos químicos sean más seguros, expresó Julian Scola, portavoz de la oficina europea del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
WWF cree que las sustancias químicas tóxicas amenazan a las personas y a los animales, y es urgente identificar y eliminar gradualmente a las más peligrosas. El REACH puede lograr esto, si se fortalece en áreas clave, dijo Scola a IPS.
Para entrar en vigor, el REACH requiere la aprobación de la mayoría de los 25 países miembros de la UE y del Parlamento Europeo.
