Las víctimas de violaciones de derechos humanos que reciben en Zimbabwe atención médica o asesoramiento legal de organizaciones no gubernamentales figurarán entre los primeros afectados por una ley que aguarda la firma del gobierno.
La iniciativa prohíbe a las organizaciones extranjeras de derechos humanos trabajar en el país, y a las nacionales les impide recibir financiamiento desde otros países.
La ley es un ataque directo contra los activistas de derechos humanos de Zimbabwe, y debería ser rechazada de inmediato, dijo Kolawole Olaniyan, director del programa africano de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
También la organización internacional Human Rights Watch (HRW) rechazó con fuerza la iniciativa, que aún debe ser promulgada por el presidente Robert Mugabe, cuyo régimen cada vez más autocrático ha sido condenado por Occidente así como por gobiernos africanos.
Esta ley podría permitir que el gobierno intervenga en actividades razonables de organizaciones de la sociedad civil y también obligarlas a cerrar, dijo la subdirectora de la división africana de HRW, Georgette Gagnon.
Eso socavaría las libertades fundamentales de asociación y expresión en Zimbabwe, añadió Gagnon.
Este país de África ha sido gobernado por Mugabe desde que se independizó de Gran Bretaña en 1980, y siempre ha tenido una vibrante sociedad civil.
Durante buena parte de su vida independiente, Zimbabwe sirvió como baluarte contra el régimen del apartheid (régimen de segregación racial institucionalizada) en la vecina Sudáfrica en tiempos del apartheid.
Pero con la creciente oposición, el gobierno de Mugabe ha reprimido con dureza a sus críticos, incluidos periódicos independientes y organizaciones internacionales de medios, partidos opositores y organizaciones no gubernamentales.
El gobierno ha recurrido a la intimidación y al fraude en las elecciones de 2000 y de 2002 para asegurarse la victoria ante el opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), según observadores.
El supuesto fraude dio pie a la suspensión de la membresía de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), integrada por Gran Bretaña y sus ex colonias.
Mientras se preparan elecciones parlamentarias de marzo, la Ley de Organizaciones No Gubernamentales parece preparar la escena para un nuevo periodo de represión que impedirá a la sociedad civil local mantenerse en funciones y a las instituciones extranjeras informar sobre la situación de los derechos humanos.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos sugirió el viernes que la iniciativa, al igual que la ley electoral aprobada también la semana pasada, obstaculiza la celebración de elecciones libres y justas, y recomendó a Mugabe no promulgar ninguna de las dos normas.
El proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales apunta específicamente a las instituciones que promueven y protegen los derechos humanos, y crea un Consejo de ONG designado por el gobierno y ante el cual deben registrarse todas ellas.
HRW se manifestó particularmente preocupada por las restricciones que la norma podría imponer a organizaciones activas en cuestiones que trascienden los derechos humanos.
El proyecto establece que ninguna organización extranjera será registrada si su único o principal objetivo incluye o involucra asuntos de gobierno, lo cual incluye la protección de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, a las organizaciones nacionales que aborden las mismas cuestiones —e incluso la corrupción y la ayuda al desarrollo— se les prohibiría recibir cualquier donación o fondo extranjero, es decir, de cualquier persona o institución que no es un residente de Zimbabwe ni un ciudadano de Zimbabwe domiciliado en Zimbabwe.
De ese modo, cualquier organización nacional entre cuyos miembros figuren extranjeros será considerada extranjera en el marco de la ley, cuando muchas de ellas dependen del financiamiento de extranjeros y exiliados para desempeñarse, advirtió HRW.
Impedir a organizaciones no gubernamentales recibir fondos extranjeros para su trabajo humanitario significaría el fin de muchos programas vitales, sostuvo Olaniyan, de Amnistía.
La Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Zimbabwe (NANGO), que representa a más de 1.000 grupos, consideró que la iniciativa legal es inaceptable, pues implicaría el cierre de la mayoría de las ONG del país. Unas 3.000 instituciones serían afectadas por la ley, según NANGO.
Un portavoz de la coalición observó que también resultarían perjudicadas iglesias y organizaciones de control electoral.
Amnistía dijo confiar en que la ley sea aplicada selectivamente contra organizaciones críticas, como sucedió con las normas represivas aprobadas en los últimos cuatro años.
La Comisión de Medios de Información establecida en 2002, y que sirve de modelo para el Conejo de ONG, ha sido empleada para hostigar y clausurar a medios de prensa independientes, consideró Amnistía.
