Una declaración favorable a la moratoria de la aplicación de la pena de muerte está más cerca que nunca de ser aprobada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero activistas opinan que ese éxito podría ser un fracaso para el movimiento contra la abolición de esa pena.
Las estadísticas internacionales indican que la cantidad de países que aplican la pena capital va en sostenido declive, aunque la cantidad de ejecutados no siga la misma tendencia, y cada año desde 1997 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado, por crecientes mayorías, resoluciones para pedir la moratoria de las ejecuciones, con el fin último de su abolición.
La resolución de este año en ese sentido, impulsada por la Unión Europea (UE), se aprobó por 29 votos contra 19.
Pero también es cierto que las opiniones se han polarizado en esa comisión, que tiene su sede en Ginebra. En 2004, cinco países se sumaron al grupo partidario de la moratoria, pero también aumentaron los votos en contra, y las abstenciones disminuyeron de diez a cinco.
A comienzos de este mes, la campaña europea contra la pena de muerte Que Nadie Toque a Caín (HOC, por sus siglas en inglés), que procura una declaración de la Asamblea General a favor de la moratoria, anunció que según sus investigaciones, esa decisión puede ser adoptada en 2005.
Los activistas de ese grupo sostienen que tal declaración aumentaría la conciencia pública sobre la cuestión de la pena de muerte como un problema de derechos humanos, y también las probabilidades de su abolición, al simbolizar un consenso internacional en la materia.
Pero organizaciones y funcionarios opuestos a la pena de muerte alertan que sería necesaria una abrumadora mayoría de la Asamblea General a favor de la abolición, porque de lo contrario, sólo se logrará profundizar la división internacional en la materia.
Esa es la posición de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, que al igual que otras da prioridad a las campañas para ganar opinión pública y apoyo de diplomáticos.
Un pedido de moratoria sólo tendrá impacto "si es convincente, y eso no ocurrirá en el caso de que apruebe por escaso margen", opinó el coordinador de campañas contra la pena de muerte de Amnistía Internacional, Eric Prokosch.
El apoyo a una moratoria fue propuesto por primera vez a la Asamblea General por Italia en 1994, y rechazado por escaso margen. En 1999, la UE reiteró la iniciativa, pero la retiró porque Estados opositores a ésa presentaron mociones de modificación que la habrían desnaturalizado, según el informe oficial de Finlandia, que presidía ese año el bloque europeo.
"Sentimos que es más sabio esperar hasta que haya más apoyo en el mundo" a la moratoria", explicó Prokosch.
Pero HOC sostiene que la relación de fuerzas en la Asamblea General ya ha cambiado mucho, ya que desde 1993 el número de Estados que mantienen activamente la pena de muerte descendió de 97 a 60, y el de los que dejaron de aplicarla aumentó de 90 a 131.
En los últimos dos años, seis países establecieron moratorias de ejecuciones. Samoa, Bután y Senegal abolieron la pena capital este año, y en 2003 Bosnia-Herzegovina y Armenia reforzaron sus políticas abolicionistas al adherir a protocolos de derechos humanos de la UE.
Actualmente, los países partidarios explícitos de la abolición son 80, y otros 32 son considerados "abolicionistas de hecho" porque no han ejecutado a nadie en por lo menos 10 años. HOC prevé que por lo menos 88 de los 191 Estados miembros de la ONU votarían una moratoria, y que el resto se dividiría entre votos en contra y abstenciones.
Pese a esas tendencias, la cantidad de ejecuciones aumentó de 4.101 en 2002 a 5.606 en 2003, y la mayoría de ellas se realizaron en China, según HOC. Por otra parte, algunos países hicieron más severas las leyes que permiten aplicar la pena capital, y según Amnistía Internacional, Sri Lanka se dispone a restaurarla tras 28 años sin ejecutar a nadie, mientras el gobierno pakistaní se propone volver a aplicarla a menores de edad.
El representante en la ONU de HOC, Marco Perduca, sostuvo que los países europeos deben atraer a los no occidentales hacia una amplia coalición para abolir la pena de muerte, que en muchos casos fue "impuesta por el colonialismo" a esas naciones.
Así ocurrió en Samoa, y por eso la pena capital no se aplicó desde 1952 hasta su abolición formal este año, dijo a IPS Perina Sila, representante de ese país en la ONU.
El número de Estados africanos abolicionistas aumentó de uno a 12 desde 1990, y este año los gobiernos de Kenia y Zambia, donde HOC realiza intensas campañas, anunciaron planes para eliminar la pena capital, destacó.
HOC sostiene que la existencia de regímenes democráticos contribuye mucho a abolir la pena de muerte, pero destaca no es decisiva en ese sentido, ya que de los 62 países que aún la aplican, 15 son democracias, y el caso más notorio es el de Estados Unidos, que se opone sistemáticamente a las propuestas de moratoria en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Según activistas, la "guerra contra el terrorismo" lanzado por el presidente estadounidense George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington ha creado condiciones más favorables para que gobiernos autoritarios como los de China e Irán ejecuten, por ejemplo, a separatistas.
Ninguna declaración de la ONU forzará un rápido cambio de políticas en Estados Unidos ni en ninguna otra parte, pero "muchas cuestiones de derechos humanos tardan en emerger", dijo a IPS Richard Dieter, director ejecutivo del estadounidense Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
