La Organización de las Naciones Unidas (ONU) necesita con urgencia cambios radicales que la rehabiliten y rejuvenezcan, incluyendo la ampliación de su Consejo de Seguridad y la autorización del uso preventivo de la fuerza, según el informe de un grupo de 16 expertos nombrado por el secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
La Asamblea General de la ONU, donde están representados los 191 Estados miembros, ”ha perdido vitalidad y a menudo no logra centrarse efectivamente en las principales cuestiones del momento”, sostuvo el Grupo de Alto Nivel del Secretario General sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, de 16 integrantes, en un documento de 95 páginas titulado ”Un mundo más seguro: Nuestra responsabilidad compartida”, que será entregado formalmente a Annan este jueves.
El Consejo de Seguridad del foro mundial, que tiene cinco miembros permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) y otros 10 rotativos con mandatos de dos años, no ha logrado anticiparse a los acontecimientos, y necesita aumentar su ”credibilidad, legitimidad y representación”, afirmó.
La Comisión de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, ”sufre un déficit de legitimidad que pone en duda la reputación del conjunto” de la ONU, que además ”necesita un Secretariado más profesional y mejor organizado, que sea mucho más capaz de realizar acciones concertadas”, de acuerdo con el informe del Grupo, que fue presidido por el ex primer ministro tailandés Anand Panyarachun.
Otra de las conclusiones del informe destaca la necesidad de nuevos acuerdos institucionales para afrontar las amenazas económicas y sociales a la seguridad internacional.
”Las reformas que proponemos no bastarán para volver más efectiva a la ONU”, cuya fuerza dependerá siempre de ”la energía, los recursos y la atención que le dediquen los Estados miembros y sus gobernantes”, indicaron los autores de la primera propuesta de reforma profunda en la historia del foro mundial, que cumplirá 60 años en septiembre.
Entre los integrantes del Grupo estuvieron Gro Harlem Brundtland, ex directora de la Organización Mundial de la Salud y ex primera ministra noruega, Brent Scowcroft, ex consejero de seguridad nacional estadounidense, Gareth Evans, presidente de la organización no gubernamental (ONG) Grupo Internacional de Crisis y ex canciller australiano.
También Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y ex canciller uruguayo, Amre Mousa, secretario general de la Liga Arabe y ex canciller egipcio, y Sadako Ogata, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El informe presentó dos propuestas para aumentar a 24 la cantidad de integrantesdel Consejo de Seguridad.
La primera fue incorporar tres nuevos miembros rotativos y seis nuevos miembros permanentes, pero sin derecho a veto: dos de Africa, uno de América, dos de Asia y uno de Europa.
La segunda propuesta de ampliación fue incorporar un nuevo miembro rotativo y ocho miembros semipermanentes con mandatos renovables de cuatro años y sin derecho a veto: dos de Africa, dos de América, dos de Asia y dos de Europa.
”El Grupo sólo respondió a presiones de poderosos Estados miembros. En última instancia esto no va a funcionar”, dijo a IPS Jim Paul, de la ONG Foro de Políticas Globales, con sede en Nueva York y dedicado al seguimiento de las actividades de la ONU.
Es un hecho conocido que los organismos con más de 15 integrantes ”pierden las características ejecutivas y tienden al tipo legislativo”, como lo demuestran en la ONU el Consejo Económico y Social, de 54-miembros, y la propia Asamblea General, adujo.
Si se amplía el Consejo de Seguridad, seguramente se creará ”algún tipo de subcomisión o comité ejecutivo que adoptará las decisiones más importantes”, integrado por ”las grandes potencias”, de modo que ”lejos de democratizarse, el Consejo será aun menos democrático”, pronosticó Paul.
Los integrantes del Grupo también propusieron una definición de ”terrorismo”, para llenar el vacío en la materia que persiste en la ONU, tras décadas de debates infructuosos.
Se consideraría terrorista ”cualquier acción (…) que busque causar la muerte o daño corporal grave a civiles o no combatientes, cuando el propósito de ese acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto”.
”Gran parte de los medios de comunicación estadounidenses y europeos se ha centrado en las cuestiones de reforma del Consejo de Seguridad, pero son mucho más significativas las propuestas para redefinir la legitimidad del uso preventivo de la fuerza”, opinó la especialista Phyllis Bennis, del Instituto de Estudio de Políticas.
Según Bennis, es importante que el Grupo no se haya inclinado por cambiar o reinterpretar el articulo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que define cuándo puede considerarse que una nación actúe de modo legítimo en defensa propia, pero en última instancia el informe no contesta la pregunta fundamental: qué hacer cuando un Estado alega que afronta una amenaza inminente, pero puede estar mintiendo.
”No se indica quién tiene derecho a tomar esa decisión (de lanzar un ataque preventivo), y eso implica, peligrosamente, que cualquier país puede aprender de las descaradas falsedades (de) Washington y Londres sobre una 'inminente amenaza'” iraquí a su seguridad”, comentó.
Así, un país puede ”simplemente anunciar al mundo que una nación X representa una inminente peligro, y que por lo tanto tiene derecho a guerrear contra ella sin autorización del Consejo de Seguridad”, como hicieron Estados Unidos y Gran Bretaña, sin que el Grupo diga quién podría pedir cuentas a quienes actúen de ese modo, adujo la experta.
Es significativo que el informe distinga entre usos de la fuerza para evitar un ataque que se considera inminente y para prevenirse contra uno que no se considera inminente, en ”defensa propia anticipada” (la diferencia se establece con los adjetivos en inglés ”pre-emptive” y ”preventive”, respectivamente), subrayó.
Según el Grupo, ”si hay buenos argumentos para la defensa propia anticipada, deben exponerse ante el Consejo de Seguridad, que puede autorizar esa acción”, y eso significa, sin cambiar ni reinterpretar el Artículo 51, dar legitimidad a acciones que nunca la tuvieron en el derecho internacional, apuntó Bennis.
De todos modos, es una gran contribución que se señale una amplia variedad de amenazas a la seguridad, sin limitarse al terrorismo como lo hace Washington.
El informe identifica, entre las amenazas actuales y futuras, las económicas y sociales, incluyendo a la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental, los conflictos entre Estados, los conflictos internos, incluyendo las guerras civiles, los genocidios y otras atrocidades en gran escala, las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
