El manejo de la economía de Iraq bajo la ocupación de Estados Unidos ha estado plagado de irregularidades, corrupción y mala administración de miles de millones de dólares, según analistas y auditorías de varios organismos.
La contabilidad descuidada y la supervisión laxa de los contratos otorgados fueron rutinarias bajo la ahora desaparecida Autoridad Provisional de la Coalición (CPA, por sus siglas en inglés), que manejó los fondos de reconstrucción y estableció modelos económicos practicados por el actual gobierno interino iraquí.
La Autoridad tuvo pleno control de la economía de Iraq desde la invasión encabezada por Estados Unidos, en marzo de 2003, hasta junio de este año, cuando traspasó el poder civil a líderes iraquíes promovidos por Washington.
Cientos de funcionarios y expertos estadounidenses, tanto del gobierno como del sector privado, ocupan todavía cargos importantes en ministerios iraquíes o trabajan como asesores, y son aún la fuerza real detrás de las políticas económicas de ese país del Golfo.
El legado de las prácticas contables de la CPA es un mal modelo para el actual gobierno y futuros gobiernos iraquíes, comentó Julie McCarthy, directora interina de Iraq Revenue Watch, un grupo con sede en Nueva York que vigila las finanzas iraquíes.
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El hecho de que las instituciones públicas de Iraq hayan comenzado a tomar forma en este clima de negligencia genera graves preocupaciones sobre la viabilidad del actual sistema financiero del gobierno, agregó McCarthy en el último informe del grupo, publicado esta semana.
Iraq Revenue Watch es mantenido por el financista húngaro-estadounidense George Soros, quien habría invertido 18 millones de dólares de su propio dinero en la última campaña electoral de Estados Unidos para tratar de impedir la reelección del presidente George W. Bush.
Según el grupo, la CPA permitió cientos de irregularidades en el desembolso de fondos para la reconstrucción de Iraq, y el gobierno estadounidense tampoco estableció un sistema financiero transparente para la nación ocupada. Otros grupos observadores independientes corroboraron esas afirmaciones.
En octubre de 2004, la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión del Fondo de Desarrollo para Iraq, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó del hallazgo de numerosos ejemplos de malas prácticas económicas en los últimos seis meses de gestión de la CPA.
Las irregularidades incluían la omisión de licitaciones para el otorgamiento de grandes contratos, la pérdida de información sobre contratos, el pago por servicios no supervisados y, en algunos casos, robo liso y llano.
La CPA debía supervisar el desembolso de más de 4.000 millones de dólares de ingresos iraquíes durante su gestión, señalaron los auditores de la Junta Internacional.
Asimismo, agregaron, la autoridad civil estadounidense no tomó medidas suficientes para controlar el tráfico de petróleo al final de su mandato, aunque la junta le advirtió en marzo de 2004 que debía instalar equipos de medición.
Como resultado, la CPA admitió a los auditores que no podía estimar de manera confiable la cantidad de petróleo y productos derivados que se exportaron ilegalmente entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2004.
La auditoría concluyó también que en el último semestre de su gestión, la CPA hizo muy poco para asegurar que todos los ingresos derivados de la venta de petróleo se destinaran al Fondo de Desarrollo para Iraq, órgano autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU para controlar los ingresos del petróleo y otros fondos asignados a programas de reconstrucción.
La corrupción en el manejo de los fondos iraquíes bajo la ocupación de Estados Unidos también fue documentada por el inspector general de la CPA, que en su tercer informe al Congreso legislativo, en octubre, señaló numerosas irregularidades en la administración de esos fondos.
Entre otros casos, citó la firma de un contrato pese a las objeciones explícitas del único representante de Iraq en la junta de gastos, y el uso de fondos de reconstrucción para fines prohibidos por las leyes estatutarias de la ocupación.
Por ejemplo, 1,4 millones de dólares fueron asignados a un programa de recompra de armas que debía financiar el gobierno de Estados Unidos.
La conducta financiera de la ocupación estadounidense de Iraq ha sido criticada por numerosos observadores.
Los críticos señalan que Washington infringió normas internacionales de contabilidad y licitación para beneficiar a empresas estadounidenses o cercanas al gobierno de Bush.
Por ejemplo, la multinacional Halliburton obtuvo contratos del Departamento de Defensa por 8.200 millones de dólares para ofrecer servicios de alimentación, vivienda, lavandería y conexión a Internet para los soldados estadounidenses en Iraq.
La empresa ha sido acusada de cobrar un precio excesivo por esos servicios. Actualmente es objeto de una investigación penal y otra del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
