La primera ley europea contra la violencia de género fue aprobada este miércoles por unanimidad en el parlamento español, aplaudida por todos los sectores sociales, pero también criticada.
El texto dispone la creación de juzgados especializados, la mejora de la asistencia a las víctimas y la creación de centros de rehabilitación integral, además de una serie de procedimientos de protección para las mujeres amenazadas.
Las representantes de asociaciones de mujeres, que escucharon elogios de los diputados por su trabajo y vieron como formaban con sus manos dirigidas hacia ellas el triángulo que simboliza el feminismo, fueron testigos especiales de esta jornada, al ocupar un lugar reservado en el hemiciclo del Congreso.
Enriqueta Chicano, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y una de quienes más ha luchado contra la violencia de género, dijo a IPS que la nueva ley es francamente positiva y representa una apuesta política de la sociedad.
Pero advirtió que habrá que tener paciencia hasta lograr su puesta en marcha plena pues no se trata de un milagro, sino de un instrumento que hay que saber y querer utilizar, para que sea efectivo.
La ley es resultado del primer proyecto enviado al parlamento por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras asumir su cargo el 17 de abril, cumpliendo así su promesa electoral de combatir la violencia doméstica como prioridad.
Luego de la votación, Zapatero dijo que la ley será un poderoso instrumento para que la dominación que sufren tantas mujeres se erradique de forma definitiva. Esta es una ley de las mujeres que han luchado y que han defendido a tantas mujeres.
En lo que va del año, 72 mujeres fueron asesinadas en España, 69 de ellas a manos de sus parejas o ex parejas.
Las últimas cifras disponibles señalan que en el primer semestre de 2004 hubo 47.000 denuncias por malos tratos y sólo dos por ciento de ellas fueron presentadas por hombres, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
El proyecto, que obtuvo media sanción en noviembre en el Congreso de los Diputados, fue posteriormente modificado por el Senado, y ratificado este miércoles por la cámara baja.
Entre las reformas incorporadas se destacan las que garantizan igualdad de derechos de todas las víctimas, incluyendo ayudas económicas con independencia de la edad, y la creación de un fondo para hacer frente al impacto de las pensiones alimentarias por separaciones o divorcios.
El derechista Partido Popular (PP), la mayor fuerza de la oposición, votó a favor de la ley aunque dejó expresa su crítica, pues considera que la protección a la violencia de género se debe aplicar a todas las víctimas y no sólo a las mujeres.
Esa postura suscitó discusión desde que se presentó el proyecto, en mayo, pues tanto el PP como el Consejo General del Poder Judicial consideraron que no se debía legislar sobre discriminación positiva.
La ley no tenía que centrarse en la violencia contra las mujeres, sino hacerlo en general sin tomar en consideración el sexo de las víctimas, argumentaban, posición que fue rechazada por ambas cámaras.
Uno de los siete redactores de la Constitución española y presidente del Congreso que la aprobó, Gregorio Peces-Barba, criticó la posición del Consejo General, señalando que se debía mantener la discriminación positiva porque así se presta atención a la vulnerabilidad social de las víctimas.
Al contrario, el catedrático de sociología Amando de Miguel se pronunció en desacuerdo con la ley, pues servirá para aumentar la violencia y el fraude. Se utilizarán las denuncias de malos tratos para conseguir ventajas en casos de divorcio o separación, arguyó.
En una de las intervenciones antes de la votación de este miércoles, la portavoz parlamentaria de la coalición nacionalista catalana Convergencia y Unión, Mercé Pigem, anunció su voto positivo, aunque aclaró que la violencia no se superará con una ley sino cuando la igualdad sea una realidad interiorizada por todos y no, como ahora, un ideal de justicia.
Dos ejemplos recientes muestran una actitud social deficiente, señaló Chicano: la disminución de la pena impuesta a un hombre que abusó de una menor discapacitada, y el levantamiento de la pena de prisión a un clérigo musulmán que escribió un libro aconsejando golpear a las mujeres.
El imán de la mezquita de Fuengirola, en Málaga, Mohamed Kamal Mostafá, estaba en prisión condenado en primera instancia, por ser autor del libro La mujer en el Islam, en el que detalla las limitaciones que debe tener en cuenta el marido cuando castiga físicamente a la mujer.
Así, aconseja que los golpes se han de administrar a unas partes concretas del cuerpo, como los pies y las manos, debiendo utilizar una varaà que ha de ser fina y ligera para que no deje cicatrices o hematomas. Además, no se debe golpear las partes sensibles del cuerpo, la cabeza, el pecho, el vientre, etcétera.
Por si hubiera duda sobre la ética de los consejos del clérigo, éste también consigna que el testimonio de un hombre vale el de dos mujeres, y que en una familia la autoridad la ostenta el hombre.
La Audiencia (tribunal de segunda instancia) de Barcelona, la capital de Cataluña, ordenó el martes la libertad de Mostafá, argumentando que la peligrosidad social del imán ya no tiene remedio, añadiendo que si el libro no se hubiera difundido no habría habido delito.
Según el tribunal, el imán podrá consolidar su libertad si cumple con la orden de asistir a un curso constitucional y sobre derechos humanos.
El fallo es un lamentable y gravísimo paso atrás, pues su actitud se ve como algo normal, se juzga que un delito puede ser pagado con un curso. En definitiva, es un cinismo repudiable, subrayó Chicano.
Las críticas a los jueces llegaron también desde el gobierno La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega opinó que la libertad de Mostafá es un mal ejemplo, un disparate que no contribuye en nada para reforzar la idea de tolerancia cero adoptada por la sociedad española.
La secretaria de Igualdad del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), María Isabel Montaño, subrayó por su parte que el fallo crea alarma social en la ciudadanía, dado que deja la percepción de que los delitos contra las mujeres pueden quedar impunes.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia rebajó de siete a dos años y nueve meses la pena de reclusión contra un hombre que atrapó contra una pared a una niña de 13 años discapacitada, dándole besos en la boca, introduciéndole la lengua y tocándole los pechos y la vagina por encima de la ropa, según la sentencia.
El forcejeo de 10 minutos incluyó el intento de penetrarla, hasta que la niña, gritando, logró desasirse y salir corriendo, llorando, describe el fallo.
El Tribunal Supremo rebajó la pena por considerar que no se trató de agresión sexual sino de abuso, pues no hubo violencia ni intimidación, aunque se considerase probado lo dicho en la sentencia condenatoria.
