La renovada represión a las pandillas juveniles de Honduras (tras una masacre que dejó 28 muertos), constituye un retroceso de 20 años para este país, afirman activistas de derechos humanos e investigadores.
El 23 de diciembre, en el barrio de Chamelecón de la norteña ciudad de San Pedro Sula, un autobús urbano fue interceptado y atacado por varios hombres fuertemente armados. Murieron 28 pasajeros, entre ellas seis niños y 16 mujeres.
Las autoridades culpan a la Mara Salvatrucha, un grupo de delincuentes juveniles que estaría embarcado en una guerra contra otra banda, la Mara 18. Tres presuntos líderes pandilleros están detenidos.
A petición del Poder Ejecutivo, el Congreso legislativo aprobó el martes por unanimidad reformas legales que establecen la potestad de mantener detenido a un sospechoso hasta 72 horas sin cargos, y un endurecimiento de la pena para el delito de asociación ilícita de 20 a 30 años de prisión.
Las medidas adoptadas son un atraso, coincidieron las activistas Reina Rivera, presidenta del Centro de Investigación de los Derechos Humanos (Ciprodeh), y Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
En Honduras tenemos que empezar por eliminar la brutalidad policial y por combatir la impunidad y la corrupción, de lo contrario nunca lograremos disminuir la violencia que azota a nuestra sociedad, dijo Rivera a IPS.
La activista se mostró contrariada pues la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de reformar el artículo 332 de la Constitución, para impedir que prosperen recursos de inconstitucionalidad presentados contra el aumento de las penas.
Por el ataque al autobús están detenidos Leonardo Mendoza, Wilson Geovany Gómez y Darwin Alexis Ramírez, vinculados a la Mara Salvatrucha.
El presidente Ricardo Maduro afirmó que el aparato policial haría hasta lo imposible por encontrar a los responsables, quienes deberían pudrirse en la cárcel, opinó.
El tono de las declaraciones del mandatario fue cuestionado por Rivera y Oliva. Las activistas creen inadmisible que un presidente se exprese en esos términos, que sólo logran atizar la hoguera de violencia que sacude a esa nación centroamericana.
El discurso político responde con medidas de corto plazo y con la represión como único instrumento. Aquí en Honduras es un delito llevar un tatuaje en la piel o vestirse de determinada manera, dijo Rivera en referencia a las señas de identidad que asumen algunos jóvenes, y que pueden confundirse con el lenguaje y los hábitos de las pandillas.
Existe una gran preocupación entre los defensores de derechos humanos porque ciertos sectores ya discuten informalmente la restauración de la pena de muerte, agregó.
La gente comenta que no tienen por qué pagar el enfrentamiento entre el gobierno y las maras, sostuvo.
Para Oliva, mientras Honduras no cuente con un Poder Judicial independiente y no respete los derechos humanos establecidos en la Constitución, no se detendrá la ola de violencia en ese país de 6,7 millones de habitantes.
Una muestra de esto pudo verse el martes, cuando seis personas fueron asesinadas en diferentes circunstancias.
Una de esas víctimas fue Altagracia Vallejo García, oficial de seguridad en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, violada y luego asesinada en la madrugada del martes.
En Honduras queremos que el gobierno nos diga quiénes son los que financian a los pandilleros. Quiénes son los que están detrás de estos grupos, agregó Oliva.
La deplorable matanza de Chamelecón no deber ser un pretexto para que de nuevo se quiera despertar el monstruo del militarismo, alertó Oliva, una destacada activista ambiental y de derechos humanos, cuyo marido fue secuestrado y asesinado en 1981 por agentes de seguridad.
El cierre de este año marca un severo atraso en materia de derechos humanos y tengo la sensación de que en Honduras estamos retrocediendo 20 años. Estamos volviendo a los años 80, dijo Oliva.
En la década de 1980, mientras América Central se sacudía con guerras civiles y dictaduras, en Honduras proliferaron escuadrones de la muerte y grupos paramilitares abonados por una política de desaparición de opositores y de limpieza de jóvenes delincuentes.
Miembros de las Fuerzas Armadas fueron acusados de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, lo cual llevó a sectores políticos a impulsar la creación de la Policía Civil, una medida que no ha dado los frutos esperados, según activistas.
Entre 1998 y 2000 murieron asesinados al menos 1.000 menores de edad en Honduras. Para organizaciones de derechos humanos, estos casos son probables ejecuciones extrajudiciales.
Las autoridades estiman que en Honduras, Guatemala y El Salvador existen unos 300.000 pandilleros, cuyas edades van de 12 a 35 años. Las pandillas o maras se formaron a mediados de los años 90, a imagen de algunas aparecidas en la comunidad latinoamericana de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, de donde la mayoría de sus integrantes fueron deportados.
La represión es una estrategia limitada contra el fenómeno de la violencia juvenil porque sus raíces son más profundas, afirma el estudio Pandillas y capital social en Centroamérica, de José Miguel Cruz, de la Universidad José Simeón Cañas, de San Salvador.
Cruz sostiene que las pandillas son uno de los principales desafíos para la estabilidad y la seguridad de la región, pues sus jóvenes integrantes han sido casi obligados a sobrevivir (a través) de la violencia, a falta de oportunidades.
Los pandilleros son producto de la victimización de la que fueron objeto y de la indiferencia social y política, resalta el investigador.
Más de la mitad de los 37 millones de centroamericanos son pobres.
La pobreza, el abandono y las carencias afectivas son factores que intervienen directamente en la conformación de las maras, afirma el estudio. En las comunidades en las que éstas aparecen, la presencia social del Estado es sumamente débil.
En la educación de los jóvenes de las maras prevalece la ley de la calle, lo que contribuye a conformar un cuadro en extremo complejo, admite Cruz.
Para el obispo auxiliar de la diócesis católica de San Pedro Sula, el panameño Rómulo Emiliani (conocido como el obispo de las maras) las pandillas requieren una atención especial, en la cual la represión no conduce a ninguna parte.
El religioso, quien despertó polémica por haberse ofrecido a mediar entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18 y por aparecer en televisión rodeado de pandilleros, considera que el grado de cohesión de esos grupos debe aprovecharse para brindarles una oportunidad de reintegración a la sociedad.
En una entrevista aparecida en la prensa hondureña, Emiliani afirmó que una de las tesis para combatir a las maras es el exterminio.
Pero el problema es de la injusticia social, de la corrupción, de un capitalismo salvaje que está llevando a producir cada vez más pobres, dijo.
Por ahora, el Estado hondureño tiene una única respuesta a las pandillas: el cuestionado endurecimiento de la represión.
