Dos horas antes del momento en que estaba previsto ejecutar a Frances Newton, una mujer negra de 39 años, el gobernador del estado de Texas, al sur de Estados Unidos, ordenó aplazar 120 días el cumplimiento de la sentencia.
El caso de Newton, mal defendida por el abogado que le asignó el sistema judicial, es semejante al de muchas otras mujeres condenadas a muerte, según un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la mayor organización de su tipo en el país.
La sentencia se debió a una defensa de mala calidad cuando Newton fue juzgada en 1988, sostiene su actual abogado, David R Dow, de la Red de Inocencia de Texas (TIN, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Houston, que se hizo cargo del caso y pidió clemencia al gobernador, Rick Perry, pocas semanas antes del 1 de este mes, la fecha que estaba fijada para la ejecución.
El caso de Frances Newton es realmente extremo, destacó la abogada Rachel King, del proyecto contra la pena capital de la ACLU y coautora del informe titulado La población perdida: Una mirada a la espera de los condenados a muerte en Estados Unidos, a través de la experiencia de las mujeres.
Francamente, con un abogado decente podría haber sido absuelta, aseguró.
Newton fue hallada culpable del asesinato a balazos de su esposo Adrian, de 23 años, y de sus dos hijos, Alton, de siete, y Farrah, de un año y nueve meses, cometido en abril de 1987. Según la fiscalía, el móvil fue cobrar seguros de vida por valor de 100.000 dólares.
En los 16 años transcurridos desde la condena, ella ha insistido en que es inocente.
El defensor asignado a Newton por el Estado fue Ronald Mock, poseedor de un récord de clientes condenados a muerte. Según Dow, ese abogado no investigó en forma independiente los asesinatos, y ni siquiera se entrevistó con testigos, y Jared Tyler, también de la TIN, afirmó que la acusada pidió varias veces sin éxito que se le asignara otro defensor.
Mock nunca se sentó a hablar conmigo, y manejó el caso en forma superficial, dijo Newton en una audiencia realizada en septiembre de 1988, informó el 7 de julio de este año el periódico texano Houston Chronicle.
Dow sostiene que ni la policía ni Mock investigaron pistas que conducían a otros sospechosos, y admitió que quizás sean inútiles 16 años después, pero dijo que tratará de seguirlas.
Las defensas de mala calidad son habituales en los casos de mujeres condenadas a muerte, especialmente cuando se trata de personas pobres, que son la mayoría de las sentenciadas.
Cuando las acusadas no pueden pagar un abogado, muchos estados les asignan uno, mediante un programa de defensores públicos o por contratación directa.
El mayor problema es que no somos una sociedad deseosa de invertir en el tipo de recursos necesario para desarrollar una buena defensa. Trabajar bien en este terreno es increíblemente costoso, comentó King.
Investigar en forma adecuada un caso que pueda conducir a una sentencia de muerte significa de 500 a 1.000 horas de investigación, contratar a expertos para que informen al tribunal y realizar análisis forenses, pero los abogados asignados por los tribunales rara vez cobran más de unos pocos miles de dólares por caso, alegó.
Esos abogados deben establecer prioridades a partir de recursos escasos, desde el día en que son nombrados, y decidir qué es lo que no van a hacer, lo que resulta absolutamente inadecuado, señaló Dow.
De todos modos, la situación ha mejorado desde que se realizó el juicio a Newton, y Texas, el estado en que se ejecuta a más personas, cuenta en la actualidad con estándares mínimos y cursos de educación para defensores que se ocupan de casos en que puede haber condenas a muerte.
La TIN es uno de muchos proyectos en escala nacional que investigan casos en los que los acusados reivindican su inocencia, mediante el trabajo de estudiantes de abogacía guiados por abogados que ejercen la profesión (en este caso, Dow y Tyler), y en ocasiones asumen su defensa.
El gobernador de Texas, Rick Perry, afirmó al postergar la ejecución de Newton que no veía evidencia de inocencia, pero otorgaba tiempo adicional para que los tribunales tuvieran la oportunidad de ordenar nuevos exámenes de residuos de pólvora, en la falda que usaba la acusada cuando se cometieron los asesinatos, y en el arma empleada para cometerlos.
Las evidencias presentadas en el caso fueron estudiadas por el laboratorio de criminología del Departamento de Policía de Houston, que desde entonces se ha desprestigiado mucho debido a numerosos casos de mal manejo, pérdida o examen inadecuado de pruebas. Varias condenas basadas en informes de ese laboratorio fueron revertidas.
Cincuenta mujeres, cuyas edades van de 22 a 73 años, esperan ser ejecutadas en Estados Unidos, y son 1,4 por ciento del total de unas 3.500 personas en esa situación de acuerdo con el informe de la ACLU.
Para ese informe se estudiaron las vidas de 66 mujeres: 56 de ellas estuvieron a la espera de ser ejecutadas de abril de 2002 a diciembre de 2003, y las otras 10 fueron ejecutadas desde 1976.
Más de la mitad de esas mujeres habían sufrido abusos desde su infancia a su vida adulta, pero a menudo los datos correspondientes, que podían considerarse atenuantes, no fueron presentados en sus juicios.
Una quinta parte de las mujeres investigadas dijeron que habían sido víctimas de abusos, incluyendo acoso sexual, en la cárcel, a menudo por parte de guardias.
Texas fue responsable de 336 de las 944 ejecuciones realizadas en Estados Unidos desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. El año pasado, cuatro de los sentenciados a la pena capital en ese estado apelaron ante la Corte Suprema, todos con el argumento de que no se cumplió en sus casos el debido proceso.
En las tres apelaciones resueltas, la Corte Suprema anuló las condenas a muerte.
