Estados Unidos está listo para dar un nuevo golpe a algunos de sus principales aliados por el respaldo que prestan a la Corte Penal Internacional (CPI) que procesa crímenes de guerra, contra la humanidad y actos de genocidio, advirtieron activistas.
Cada vez más soldados estadounidenses son acusados de abusar de prisioneros de la "guerra contra el terrorismo", declarada por el gobierno de George W. Bush a raíz de los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington.
Una cláusula del proyecto de presupuesto hoy a consideración del Congreso legislativo prohibiría, de aprobarse, la entrega de decenas de millones de dólares en ayuda económica a aliados de este país a menos que acepten exceptuar a ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la CPI.
La norma, introducida en el proyecto a iniciativa de los líderes de la derecha del gobernante Partido Republicano en la Cámara de Representantes hace dos años, es rechazada por el Departamento de Estado (cancillería) y legisladores del opositor Partido Demócrata.
Pero la Casa Blanca ha decidido, al parecer, no oponerse a la Enmienda Nethercutt, así denominada por su principal patrocinante, el representante del noroccidental estado de Washington George Nethercutt.
Activistas de derechos humanos observaron que, de aprobarse la iniciativa en los tiempos previstos, sería una mala señal hacia los procesos castrenses contra soldados estadounidenses acusados de crímenes de guerra en Iraq.
Además, en los últimos meses se conocieron abusos cometidos por militares contra detenidos tanto en Iraq como en centros de detención en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
La Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) difundió el martes documentos oficiales según los cuales militares amenazaron a funcionarios de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) que presenciaron abusos cometidos contra detenidos en Iraq para que no los revelaran.
"Mientras casos de abuso contra prisioneros salen a la luz, Estados Unidos eleva la presión para que otros países saquen a los ciudadanos estadounidenses del alcance de una corte que solo puede actuar como último recurso", dijo el director de Justicia Internacional de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), Richard Dicker.
"A medida que continúa la difusión de casos de abuso, la insistencia de Estados Unidos en obtener inmunidad toca un nervio particularmente sensible", agregó Dicker.
La CPI, facultada para investigar y procesar casos de crímenes contra de guerra y contra la humanidad, genocidio y otras atrocidades, fue instalada en La Haya, Holanda, hace dos años, en el marco del Estatuto de Roma, convención internacional aprobada en 1998.
El Estatuto de Roma ya ha sido firmado por 139 países y ratificado por 97, incluidos todos los miembros de la Unión Europea (UE) y los aliados de Washington en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), excepto Turquía.
El tratado había sido firmado por Estados Unidos, entonces gobernado por el presidente Bill Clinton (1993-2001), pero el gobierno de Bush, en una acción sin precedentes, retiró su firma.
Al mismo tiempo, Washington lanzó una intensa ofensiva diplomática para que los países adherentes al Estatuto de Ruma concedieran "acuerdos bilaterales de inmunidad" que apartarían de la jurisdicción de la CPI a los ciudadanos estadounidenses o a extranjeros que trabajen para Estados Unidos.
El gobierno de Bush también logró que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exceptuara de la CPI a los soldados y funcionarios al servicio de misiones de mantenimiento de la paz del foro mundial de países no firmantes del Estatuto de Roma.
Pero a la luz del escándalo de la prisión iraquí de Abu Ghraib, el Consejo se negó a extender el periodo de excepción.
Expertos consideran que la legislación a consideración del Congreso estadounidense dañarán los vínculos de Washington con la ONU y con Europa, los principales adalides del Estatuto de Roma.
Mientras, cada vez más republicanos reclaman la renuncia del secretario general de la ONU, Kofi Annan, y por el corte de los aportes financieros estadounidenses al foro mundial a causa del escándalo por mal manejo del programa Petróleo por Alimentos, un esquema que aliviaba el embargo comercial sobre Iraq en los 90 para facilitar la adquisición de productos de primera necesidad. "Es tiempo de que Estados Unidos ayude a los países interesados en desarrollar un mundo más democrático y pacífico", dijo el director del área legislativa de la organización de derechos humanos Human Rights First, Raj Purohit.
"Con la Enmienda Nethercutt, Estados Unidos retira, lamentablemente, su apoyo a esas actividades en el marco de una miope campaña contra la CPI", agregó Purohit.
El gobierno insiste en que la CPI amenaza la soberanía estadounidense y que, dado el dominio militar mundial de este país y su responsabilidad por mantener la seguridad internacional, sus ciudadanos podrían resultar particularmente vulnerables a persecuciones políticas procesadas a través del tribunal.
En la campaña electoral de este año, Bush sostuvo que la CPI estaría dominada por "jueces y fiscales sin responsabilidad".
Los impulsores de la CPI, incluido el más estrecho aliado de Bush en el extranjero, el primer ministro británico Tony Blair, argumentan que Washington no tiene nada que temer del tribunal, que sólo tiene jurisdicción si el gobierno afectado está dispuesto a investigar y procesar los delitos en cuestión.
El Estatuto de Roma dispone que la CPI sólo puede actuar si el país involucrado es incapaz o no está dispuesto a atender el caso por sus propios medios.
Con el fin de presionar a los países para que firmen acuerdos bilaterales de inmunidad con Estados Unidos, el Congreso aprobó en 2002 una ley que da al gobierno la facultad de cortar la ayuda militar a países no pertenecientes a la OTAN que ratifiquen el Estatuto de Roma.
El año pasado, la administración de Bush eliminó la asistencia militar con tres docenas de países, casi todos ellos naciones pobres de América Latina, el Caribe, África y Europa central.
La Enmienda Nethercutt también privaría a esos países de fondos de apoyo económico, rubro que en el actual presupuesto de asistencia exterior suma 2.500 millones de dólares. (FIN/IPS/traen-mj/jl/ml/ip hd/04)
