La sentencia de prisión suspendida al ex primer ministro Alain Juppé es apenas un detalle de uno en muchos casos de corrupción salidos a la luz en Francia en los últimos meses.
Juppé fue hallado culpable a comienzos de mes de encabezar un sistema de captación de fondos privados para su partido, la Unión para la República (RPR), a cambio de contratos de obras públicas en beneficio de las empresas donantes.
RPR gobernaba la ciudad de París. El hoy presidente Jacques Chirac fue alcalde de la capital entre 1977 y 1995, periodo en que se registraron los delitos por los que se condenó a Juppé. Pero Chirac no pudo ser acusado ante la justicia dado que goza de inmunidad en su carácter de jefe de Estado.
Pero otros ex altos funcionarios de RPR fueron condenados junto con Juppé a sentencias de cárcel luego suspendidas.
Otros escándalos de corrupción alcanzaron la portada de los diarios.
El Banco Mundial anunció el mes pasado sanciones contra la empresa francesa Thales Engineering & Consulting (Thec) y a uno de sus principales ejecutivos, Jeremy Purce, a los que atribuyó prácticas fraudulentas en relación con el proyecto de desmovilización y reinserción en la sociedad civil de 30.000 soldados de Camboya.
Thales fue impedida por el Banco de continuar participando en el proyecto, implementado con un fondo de 6.900 millones de dólares, por múltiple tergiversación de hechos Esas tergiversaciones condujeron a una asignación inapropiada de contratos, sostuvo la institución.
En otro caso, dos ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones Alcatel fueron acusados de sobornar a dos ex presidentes de Costa Rica, José María Figueres (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) con medio millón de dólares por la asignación de contratos que le reportaron 300 millones a la firma, según la justicia costarricense.
Alcatel despidió a los dos empleados y los acusó de desvío de fondos. Según una investigación interna de la compañía, ambos ejecutivos pagaron 15 millones de dólares en acciones ilegales de cabildeo en Costa Rica entre 2001 y 2003.
Los empleados argumentan que actuaban por orden y cuenta de Alcatel. El abogado de uno de ellos dijo a la prensa costarricense que la defensa de la firma francesa es absurda.
Mientras, Jean-Charles Marchiani, colaborador del ex ministro del Interior Charles Pasqua, se encuentra en arresto preventivo desde agosto por su supuesta participación en tráfico ilegal de armas a Angola y Líbano.
El pago de comisiones ilegales continúa, al parecer, siendo la norma, dijo a IPS la ex fiscal Anne-José Fulgéras, hoy directora a cargo de prevención de fraudes de la consultora Ernst and Young.
La legislación francesa permitió hasta 1997 deducir las coimas de las declaraciones de impuestos, explicó Fulgéras.
En 2000, Francia firmó la convención internacional contra la corrupción propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne entre sus 31 integrantes a todas las economías del Norte industrial.
El gobierno francés también aprobó leyes contra la corrupción, pero las comisiones pagadas a intermediarios pueden, en ciertas condiciones, ser empleadas para reducir impuestos, lo cual da legitimidad a tales pagos.
La corrupción es a los negocios lo que el dopaje representa para el deporte de alta competencia. Muchas empresas están al tanto de los riesgos que corren, y probablemente tienen la voluntad de renunciar a las coimas, pero sólo después de que todos sus competidores renuncien, concluyó Fulgéras.
