Parlamentarios oficialistas y activistas pidieron al gobierno de Chile el cierre de una planta de celulosa cerca del santuario natural de Río Cruces, al sur del país, y cuestionaron las conclusiones preliminares de un estudio sobre las causas de la masiva mortandad de cisnes de cuello negro en ese lugar.
La polémica en torno a la planta, propiedad del grupo empresarial Angelini, el segundo más poderoso de este país, ha vuelto a poner al gobierno del presidente Ricardo Lagos en la mira de la comunidad ecologista, que lo acusa da dar prioridad a los negocios por sobre la defensa de la biodiversidad.
La primera parte del estudio solicitado por la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) a la Universidad Austral de Valdivia concluyó que la muerte de 120 cisnes y la migración de otros 4.000 ejemplares que habitaban el santuario se debió a la falta de alimento y a la elevada presencia de hierro y parásitos en sus organismos.
Hasta octubre, el santuario de la naturaleza Carlos Andwanter de Río Cruces albergaba a unos 6.000 cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus), la mayor población de ellos en América del Sur, pero ahora quedan sólo unos 2.000.
El lugar, ubicado en la provincia de Valdivia, 790 kilómetros al sur de Santiago, fue declarado Humedal de Importancia Internacional por la Convención de Ramsar, firmada en 1981 en la ciudad iraní del mismo nombre para velar por la conservación de esos ecosistemas, prioritarios como recursos hídricos y fuentes de biodiversidad.
Los ecologistas acusan de la catástrofe natural a la planta Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), que comenzó a operar en febrero de este año y vierte sus desechos industriales en el Río Cruces, unos 15 kilómetros antes de que éste llegue al humedal.
La planta ha infringido en por lo menos 19 ocasiones la resolución ambiental que aprobó su funcionamiento en 1999, y en el curso de este año fue multada cuatro veces por las autoridades ambientales y sanitarias, a raíz de emanaciones pestilentes y por fallas en el control de los desechos organoclorados, que tienen efectos tóxicos.
En total las multas ascienden a unos 88.000 dólares.
Personalidades ecologistas se reunieron el 23 de este mes frente al Palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo, para entregar al presidente Lagos una carta en la que solicitaron el inmediato cierre de la planta.
También expresaron dudas sobre el Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el santuario de la naturaleza Carlos Andwanter, en la provincia de Valdivia, disponible en el sitio en Internet de la Conama.
En ese estudio se señala que las 31 aves analizadas, 20 de ellas vivas y 11 muertas, presentaron un alto grado de parasitismo y presencia de hierro. Sin embargo, no se detectó la presencia de sustancias organocloradas, organofosforadas o fenólicas en los tejidos analizados, que habrían reforzado las sospechas sobre la responsabilidad de la planta en la mortandad.
El informe no sirve para solucionar el problema de fondo, que es la desaparición de los vegetales que alimentan a los cisnes, afirmó a IPS el presidente del Comité Nacional pro Defensa de la Flora y Fauna, Jürgen Rottmann.
El hierro, que se indica como causa de muerte de cisnes, favorece el crecimiento de plantas acuáticas, por lo tanto no puede ser el responsable de la desaparición de su principal alimento, la Egeria densa (luchecillo), argumentó Rottmann, también presidente de la Unión de Ornitólogos de Chile.
El propio informe de la Universidad Austral indica que a la pérdida del luchecillo se suma la desaparición en el fondo del río del bentos, comunidad de ecosistemas acuáticos formada por algas, insectos, pequeños crustáceos y otros organismos vegetales y animales.
En una declaración pública, la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, criticó ese informe, elaborado por 13 investigadores.
Sus resultados parciales contribuyen a mantener la desinformación sobre la catástrofe, y no apunta a las fuentes de contaminación, pese a que el problema comenzó, coincidentemente, cuando Celco empezó a verter sus residuos industriales en el Río Cruces, dijo Larraín.
Según el presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, tratándose de un estudio científico, debería haber registrado más antecedentes.
Solo se está mostrando a la opinión pública lo que las autoridades quieren entregar y lo que las empresas involucradas quieren escuchar, alegó.
Pero el gobierno se defiende. La causa o la posible responsabilidad de terceros sólo se podrá dilucidar a través de los resultados de la segunda etapa del estudio, que estará lista en marzo de 2005, indicó a IPS la directora ejecutiva de la Conama, Paulina Saball.
En cuanto tengamos esos resultados, y si se llegase a comprobar algún tipo de relación entre la muerte y migración de los cisnes y el funcionamiento de cualquier actividad, adoptaremos todas las medidas que contempla nuestra legislación, sin importar de quién se trate, aseguró.
El gobierno impulsa un plan de contingencia que puso en marcha cuando se conoció el caso en octubre, y anunció la creación de la Reserva Nacional Río Cruces, para aumentar la protección del humedal.
Según explicó Saball a IPS, el plan incluye controles diarios, habilitación de una línea telefónica para recibir denuncias y responder a inquietudes de la comunidad, y traslado de los cisnes a lugares del propio santuario donde puedan alimentarse en forma adecuada.
Los diputados oficialistas Alejandro Navarro, del Partido Socialista, y Guido Girardi y Leopoldo Sánchez, del Partido por la Democracia, se reunieron con la fiscal del Ministerio Público de Valdivia, Tatiana Esquivel, y le solicitaron que inicie una investigación para determinar responsabilidades penales por la contaminación del humedal.
Esos legisladores pidieron a la Fiscalía que cite a declarar a ejecutivos de la planta de Celco y a miembros de la Comisión Regional del Medio Ambiente que han investigado el caso.
El 22 de este mes, uno de los máximos promotores de la instalación de la planta, el senador Gabriel Valdés, del también oficialista Partido Demócrata Cristiano, realizó una declaración pública pidiendo su cierre, con el argumento de que los antecedentes conocidos apuntan a su responsabilidad en la mortandad de cisnes de cuello negro.
El Concejo Municipal de San José de la Mariquina, comuna en la cual está instalada la planta, acordó a su vez iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables de este desastre ecológico.
Tras conocer el documento de la Universidad Austral, los ejecutivos de Celco reafirmaron su inocencia y se comprometieron a colaborar con nuevos estudios.
Pero su satisfacción se vio empañada por la multa de 53.000 dólares que aplicó a la planta el 21 de este mes, por emitir malos olores, el servicio de salud de la región de Los Lagos. Fue la cuarta sanción luego de dos multas anteriores de 5.000 cada una, y otra de 25.000 dólares.
Recomiendo que se revisen las facturas de compra de productos químicos que fueron usados por la planta de celulosa u otras empresas presentes en la cuenca. Una franca colaboración de todas las empresas locales puede acelerar el hallazgo de los causantes y lograr a la brevedad la consiguiente mitigación y recuperación, dijo Rottmann a IPS.
El gobierno anunció, por lo pronto, que fortalecerá el plan de fiscalización y control del Proyecto Celulosa Valdivia.
Además, la empresa será estudiada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debido a las modificaciones que muestra la planta respecto a lo establecido en la autorización ambiental, advirtió la directora ejecutiva de la Conama.
