Ni el cañón de un revólver contra el pecho, empuñado por un policía, impidió que la defensora de la mujer de La Paz cumpliera su propósito de ayudar a una de las muchas víctimas de la violencia familiar.
Todavía entre lágrimas, la directora de Servicios Legales Municipales de La Paz, Jeannette Alfaro Moldiz, recuerda cómo fue intimidada por un policía que castigaba habitualmente a su esposa, pero siempre resultaba libre de sanciones por su influencia entre los administradores de justicia.
En su oficina guarda muchas historias de violentos sin castigo, pese a la vigencia de la ley 1674 Contra la Violencia Familiar/Doméstica, que prevé sanciones como multas, medidas cautelares y penas alternativas.
La legislación boliviana también establece que los casos graves sean examinados y procesados como delitos penales, sancionables con privación de libertad. La máxima pena, por asesinato, es de 30 años de prisión.
Pero hasta ahora, sólo un caso denunciado terminó con la sentencia del agresor, recluido en el penal de San Pedro de La Paz con una condena de ocho años por acuchillar reiteradamente a su pareja, con la que convivió 12 años.
En la central ciudad de Santa Cruz, la Casa de la Mujer lleva registradas 80 mujeres asesinadas por sus parejas o familiares entre enero y septiembre de 2004. El año pasado, las muertes llegaron a 98.
Responsables de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) dijeron a IPS que 53 por ciento de las mujeres afirma haber sufrido violencia psicológica, mientras 59 por ciento pasó por alguna situación de violencia física y 14 por ciento soportó lesiones graves, como fracturas.
La encuesta —realizada por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud con recursos de organismos internacionales— afirma que sólo 17 por ciento de las mujeres agredidas denuncia el ataque, y que 49 por ciento de los agresores no recibe ninguna sanción.
Alfaro Moldiz relató a IPS que ella misma sufrió maltrato en su hogar, y tras buscar ayuda sin éxito, se convirtió en activista por los derechos de la mujer.
Hoy viste un uniforme amarillo que la identifica como funcionaria municipal y, acompañada de un pequeño equipo de asistentes y psicólogos, emprende tareas que la propia policía elude, en especial cuando se trata de casos que involucran a oficiales de alto rango.
Su oficina comenzó apenas con un escritorio y es hoy una de las reparticiones municipales más visitadas por mujeres de escasos recursos, pero también por algunas de mejores ingresos económicos.
Cada día, los abogados y psicólogos de la Dirección de Servicios Legales atienden un promedio de 100 casos, entre citaciones, audiencias de conciliación, valoraciones psicológicas, sesiones de terapia, problemas de salud y de empleo.
Alfaro Moldiz cree que debe aumentar la batalla por devolver la dignidad y la autoestima a las mujeres pobres que han sufrido violencia de sus parejas. Eran ciudadanas de segunda categoría para sus esposos que se consideraban más productivos, explicó.
Por eso, Alfaro Moldiz organizó grupos de trabajo comunitario con mujeres desempleadas o sin ingresos. Pronto un pequeño ejército salió por la ciudad a desempeñar tareas de albañilería y de reparación de calles y jardines, mientras vencía la crítica de la población, que no valoraba su trabajo.
Mediante este sistema, unas 2.500 mujeres han recibido capacitación en oficios de la construcción, y a fines de este año llegarán a 3.000.
Las tareas de formación de mujeres capaces de ganarse el sustento ayudaron a crear nueve micro empresas. Cinco de ellas poseen registro empresarial que les permitirá participar en licitaciones para ejecución de obras públicas.
Estos resultados son estimulantes.
Pero Alfaro Moldiz no olvida a la mujer que tras recibir una cuchillada en el pulmón, sólo consiguió que un fiscal le concediera 12 días de licencia por impedimento físico y declarara falta de pruebas para configurar los delitos de lesiones graves e intento de asesinato.
