Todo hace prever que ciudadanos estadounidenses acudirán a los tribunales si sienten que no se les reconoce su derecho al sufragio este martes. Pero eso será en vano si el gobierno de George W. Bush se sale con la suya.
Abogados del Departamento (ministerio) de Justicia alegaron en los tribunales en las últimas semanas que los ciudadanos individuales no tienen derecho a demandar ante la justicia el cumplimiento de la Ley para Ayudar a Estados Unidos a Votar (HAVA, por sus siglas en inglés).
La norma se aprobó a raíz de la controversia de las elecciones de 2000, en las que triunfó el hoy presidente George W. Bush por una ventaja de 538 cuestionados votos en el sudoriental estado de Florida, pese a que su rival Al Gore había ganado en el conteo general.
En el sistema de votación presidencial indirecta de Estados Unidos, Florida tiene 27 de los 538 integrantes del Colegio Electoral, en el que triunfa quien logre 270 apoyos en total. El ganador en un estado, por pequeña que sea la diferencia, se lleva todos los votos en el Colegio.
Según expertos, es posible procesar en los tribunales reclamos relativos a secciones de HAVA, en particular el derecho a hojas de votación provisionales para que los ciudadanos a quienes se cuestiona el derecho al sufragio puedan emitirlo con el diferendo pendiente de resolución.
La legislación es ambigua respecto del denominado derecho de acciónprivada, dijo Nathaniel Persily, profesor de Derecho de la Universidad de Pennsylvania.
La ley HAVA reconoce el derecho a votar con una hoja provisoria, pero no el derecho a que ese voto se contabilice. Entonces, la pregunta es, ¿se puede acudir a un tribunal para que ese derecho se reconozca?, se preguntó Persily.
El diario Los Angeles Times informó la semana pasada que abogados del Departamento de Justicia, instruidos por el jefe de esa cartera, el derechista cristiano John Ashcroft, argumentaron en octubre que sólo esa oficina puede exigir la implementación de la ley HAVA ante los tribunales.
Ese argumento fue manejado en relación con tres casos procesados en Ohio, Michigan y Florida, tres estados en que aún no estaba clara este martes la carrera entre el presidente George W. Bush, del Partido Republicano, y el senador John F. Kerry, del Demócrata.
En 2000, hubo denuncias sobre máquinas de recepción de votos inadecuadas, intimidación a los electores en los circuitos y desempadronamiento de miles de votantes, la mayoría negros. Correspondió a la Corte Suprema de Justicia proclamar la victoria de Bush sobre Al Gore.
Fue una de las pocas ocasiones en la historia estadounidense en que un candidato es proclamado presidente electo sin haber ganado en cantidad de votos. Bush recibió 47,9 por ciento, y Gore, 48,4.
El Congreso legislativo aprobó la ley HAVA para que los estados y condados —a los que corresponde el grueso de los controles del proceso electoral— modernizaran sus padrones y su tecnología, así como para establecer el sistema de hojas de votación provisionales y otro de identificación de votantes con fotografías en los circuitos, explicó Persily.
En el estado de Ohio las acciones judiciales comenzaron hace semanas, pues abogados demócratas objetaron los cuestionamientos del Partido Republicano a la inscripción de decenas de miles de nuevos votantes, con el argumento de que constituían una táctica intimidatoria.
Este martes, un tribunal federal de apelaciones sentenció que los cuestionamientos republicanos eran pertinentes.
El principal abogado de la campaña de Kerry en Ohijo, Daniel J. Hoffheimer, pronosticó que si la carrera en ese estado no arroja un ganador claro, podría haber demandas post-electorales por las hojas de votación provisionales y de votantes ausentes y por los cuestionamientos al registro de electores.
Laughlin McDonald, director del Proyecto de Protección del Derecho al Sufragio de la Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), consideró que la posibilidad de que los ciudadanos no puedan ampararse en la ley HAVA para hacer valer su voto sería extraordinaria.
Si hablamos en serio sobre reforzar los derechos civiles y al sufragio debe garantizarse el derecho a la acción judicial privada. Es profundamente irresponsable argumentar que los más afectados por estas leyes no tengan derecho a acudir al tribunal, agregó.
La Ley de Derecho al Sufragio de 1965 no establece explícitamente ese derecho, pero la Corte Suprema sostuvo que era implícita, pues la segunda sección de la norma prohíbe la discriminación que debilita la fuerza electoral de las minorías, explicó.
Persily pronosticó que el actual conflicto también terminará en la Corte Suprema.
La ley HAVA no suplanta las leyes de los estados cuando se trata, por ejemplo, del lugar donde se votará, pero en caso de que se le niegue a alguien una hoja de votación provisional todos tienen derecho a demandar ante la justicia que se les dé una, sostuvo.
Que el fiscal general (Ashcroft) argumente ahora que los ciudadanos no tengan derecho a exigir el cumplimiento de una ley sancionada para protegerlos me parece completamente extraordinario, concluyó.
