La designación este miércoles como próximo fiscal general de Estados Unidos de un viejo amigo del presidente George W. Bush, Alberto Gonzales, puso al opositor Partido Demócrata y a activistas por los derechos civiles en una posición algo embarazosa.
Si es confirmado en el cargo por el Senado, Gonzales, actual asesor de la Casa Blanca y texano al igual que Bush, remplazará a John Ashcroft, considerado uno de los integrantes más derechistas del gabinete presidencial.
Si bien se lo considera menos inclinado a las disquisiciones ideológicas que el actual fiscal general, a Gonzales se lo asocia con algunas de las más controvertidas decisiones de la administración, en particular respecto de la "guerra contra el terrorismo" declarada por Bush en septiembre de 2001.
Por otra parte, Gonzales sería el funcionario de gobierno de origen latinoamericano de mayor nivel en la historia estadounidense. El cargo para el que fue propuesto es el de fiscal general, que reúne la condición de secretario (ministro) de Justicia.
Los demócratas, aun no repuestos por el avance en esa comunidad del oficialista Partido Republicano en las elecciones presidenciales de este mes, se contendrán de tomar respecto del funcionario cualquier medida que pueda causar molestias entre los latinos.
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La comunidad latinoamericana ha sido un bastión demócrata desde el New Deal, el programa de desarrollo y asistencia social impuesto por el fallecido presidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) para aliviar las penurias originadas por la depresión de los años 30 y alentar el despegue económico del país.
En las elecciones del día 2, Bush obtuvo 44 por ciento de los votos latinos, 10 puntos porcentuales más de lo que recibió en 2000 y siete puntos más que el fallecido presidente Ronald Reagan en 1984, el precedente más elevado para un candidato republicano.
Las primeras reacciones revelan la ambigüedad demócrata respecto de la designación. Charles Schumer, alto miembro del Comité Judicial del Senado a cargo de confirmar su investidura, dijo que se trataba de una señal "alentadora" porque el elegido "es menos polarizante que Ashcroft".
Pero otros, más críticos de la gestión de Ashcroft, urgieron al Senado a preparar un interrogatorio duro para Gonzales, en especial respecto de la serie de memorandos que firmó o aprobó desde 2002, cuando justificó el desconocimiento de los derechos conferidos a los prisioneros de guerra por las Convenciones de Ginebra a los detenidos en la guerra en Afganistán.
Un juez federal sentenció esta semana que los detenidos tienen derecho al trato de prisionero de guerra a menos que un tribunal independiente disponga lo contrario, en un implícito rechazo de las posturas que Gonzales manifestó por escrito. El magistrado calificó la visión del próximo secretario (ministro) de Justicia de "obsoleta"-
Un memorandum firmado por Gonzales en 2002 indica que las leyes nacionales e internacionales contra la tortura "no se aplican en las detenciones presidenciales y en el interrogatorio de combatientes enemigos", y que, para constituir tortura, las prácticas de interrogatorio deben incluir "la muerte, el colapso de órganos o serias fallas en las funciones corporales". El memorandum fue ampliamente condenado por importantes juristas, además de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) y siete ex presidentes de esa institución, la principal del país en su ramo.
"Debe prestarse especial atención a explorar el pensamiento de Gonzales sobre la constitucionalidad de la Ley Patriótica, las detenciones (en la base naval estadounidense en la cubana) bahía de Guantánamo, la designación de ciudadanos de Estados Unidos como combatientes enemigos y los derechos reproductivos", sostuvo la Unión de Libertades Civiles (ACLU), la organización de derechos cívicos más antigua del país.
Gonzales nació en San Antonio y creció en Houston. Es el segundo de ocho hijos en una familia que carecía hasta de agua caliente y teléfono. Después de completar la educación secundaria, se alistó en la fuerza aérea, pero la abandonó tras completar su segundo año de abogacía en la Universidad Rice, en Houston.
Se graduó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en 1982 y regresó a Houston, donde se asoció en el principal bufete de abogados de la ciudad, Vinson & Elkins.
En su carácter de gobernador de Texas elegido en 1994, Bush lo designó su asesor general, luego, secretario de Estado y, en 1999, miembro de la Corte Suprema de Justicia estadual.
Como asesor, Gonzales estuvo a cargo de redactarle a Bush los memorandos sobre clemencia a los condenados a muerte. La revista Atlantic Monthly sostuvo que el abogado solía no informar a su jefe sobre circunstancias atenuantes de los crímenes, como asesoramiento legal ineficaz a los condenados, conflicto de intereses y hasta pruebas de inocencia.
Mientras Bush fue gobernador de Texas, ese estado ejecutó a más presos que ningún otro.
En los tribunales, Gonzales se mostró como un conservador moderado. En un caso que escandalizó a la derecha cristiana —el sector al que pertenece Ashcroft y uno de los puntales de Bush—, votó en favor de permitir a las menores abortar sin informar a sus padres en determinadas circunstancias.
También redujo las posibilidades de querellas de consumidores contra grandes empresas o corporaciones de gobierno. Además, recibió grandes contribuciones de la firma de servicios petroleros Halliburton, entonces presidida por el hoy vicepresidente Dick Cheney, pero no se excusó de intervenir en casos judiciales en que esa compañía estaba involucrada.
En su periodo como asesor de la Casa Blanca, hizo gestiones para mantener en reserva documentos reclamados por el Congreso legislativo y en respaldo de algunas de las cláusulas más extremas de la Ley Patriótica, aprobada con el supuesto fin de combatir el terrorismo tras los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington.
A pesar de su reputación de relativa moderación, el equipo de Gonzales ha estado dominado por miembros de la ultraconservadora Sociedad Federalista, de la que Ashcroft es dirigente destacado.
En 1997, como un presagio de lo que pasaría años más tarde, Gonzales recomendó a Bush no respetar la Convención de Viena, que permite a los consulados asesorar legalmente a los nacionales de sus países perseguidos por la justicia.
Entrevistado en 2001 por el diario Los Angeles Times, Gonzales reconoció que su origen latinoamericano le había ayudado en su meteórico ascenso político. "La gente tiene confianza cuando ve personas de su mismo color tomando decisiones, particularmente en la rama judicial", dijo entonces.
El Consejo Nacional de La Raza, principal organización mexicano-estadounidense tradicionalmente identificada con el sector más progresista del opositor Partido Demócrata, aplaudió la designación.
"Gonzales es un concienzudo y razonable servidor público, un hombre de palabra, y tenemos toda la expectativa de que su designación sea muy bien recibida por la comunidad latina", dijo la presidenta de La Raza, Janet Murguía.
