Las políticas del gobierno de George W. Bush facilitan la vigilancia selectiva en función de la raza, la religión y el origen nacional por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con la gubernamental Comisión de los Derechos Civiles.
A pesar de los compromisos formulados en contrario por el propio Bush, árabes y musulmanes son cada vez más objetivo del escrutinio de las agencias de aplicación de la ley tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, según el estudio.
El informe ya fue terminado, incluso antes de las elecciones presidenciales del 2 de noviembre, si bien no ha sido discutido en público..
Los prejuicios subyacentes de los funcionarios y las presunciones de culpabilidad contaminaron rutinarios procedimientos de seguridad, indica el estudio, que desde septiembre se encuentra en la página web de la Comisión.
El presidente Bush se comprometió a poner fin en la policía al racial profiling (elaboración de perfiles criminales o vigilancia selectiva sobre la base de la raza), lo cual le permitió en 2000 mejorar la votación del gobernante Partido Republicano en la comunidad árabe.
Los criterios de 'profiling' incluyen ahora la etnia, el origen nacional y la religión en la creciente vigilancia y hostigamiento en aeropuertos y en la aplicación selectiva de las regulaciones sobre visado, indicaron los autores del informe.
Árabes estadounidenses y muulmanes se han quejado de que empleados de aerolíneas y de la seguridad aeroportuaria les negaron acceso a aviones y los sometieron a registros y hostigamiento injustificado, según el informe.
En algunas instancias, la seguridad de los aeropuertos retiró a algunas personas de los vuelos porque miembros de la tripulación o pasajeros no se 'sentían seguros', agrega.
A una escala mayor, el 'profiling' derivó en detenciones, registros forzados y control de personas de ascendencia mediooriental, indica el informe, en que se critica a varias agencias federales, en especial el Departamento (ministerio) de Justicia y el de Seguridad Interna y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal).
El Departamento de Seguridad Interior incluye la Administración de Seguridad del Transporte, responsable de los aeropuestos, y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, antes conocidos como Servicio de Inmigración y Naturalización.
En cuanto al Departamento de Justicia, está encabezado por el fiscal general.
La Comisión de los Derechos Civiles es una agencia del gobierno federal, de carácter independiente. Cuatro de sus integrantes son designados por el presidente y los restantes cuatro, por el Congreso legislativo. No más de cuatro pueden pertenecer al mismo partido político.
Hoy, está integrado por tres integrantes del opositor Partido Demócrata, tres del gobernante Republicano y dos independientes.
Su principal cometido es recaudar información en materia de discriminación o de inequidad ante la ley basadas sobre la raza, el color, la religión, el sexo, la edad, las incapacidades y el origen nacional.
Tras definir el racial profiling como el acto de presumir como más probable que los individuos de una raza o etnia incurran en mala conducta, el informe indica que el concepto contradice los principios básicos constitucionales de equidad, pues la quinta enmienda (de la constitución estadounidense) prohíbe la aplicación selectiva de la ley basada sobre la raza.
Después del 11 de septiembre de 2001, asegurar las fronteras nacionales se convirtió en la tarea más urgente de la administración, indica el informe.
Entre las respuestas, el presidente Bush autorizó a funcionarios federales a detener a cientos de árabes, musulmanes y estadounidenses de origen árabe como testigos en las investigaciones de los atentados, y a mantenerlos así por violaciones menores de las normas inmigratorias, agrega.
Inmigrantes árabes y musulmanes fueron identificados com una 'clase peligrosa', señalando la intención del gobierno de negarles entrada al país siempre que le fuera posible. Así, las fronteras de Estados Unidos fueron más vigiladas, y ciertos inmigrantes llevaron la carga de las políticas oficiales, indica el informe.
La Comisión calculó que en los dos meses posteriores al atentado el Departamento de Justicia había detenido a más de 1.100 hombres de ascendencia mediooriental o sudasiática, pero no reveló quiénes eran los detenidos, las razones del arresto ni dónde estaban, ni siquiera a sus familiares.
Muchos detenidos afirmaron haber sido maltratados por guardias de prisión, con chorros de agua fría, obligados a desnudarse y a dormir parados en condiciones de frío extremo, privados de alimento y de representación legal, y mantenidos en sus celdas por largos periodos, agrega.
Desde el 11 de septiembre, el FBI y el Servicios de Ciudadanía e Inmigración arrestaron y detuvieron a unas 5.000 personas vinculadas con el terrorismo. No hubo aún acusaciones, pero muchos detenidos fueron deportados, la mayoría por violaciones menores de las normas inmigratorias.
Las detenciones se reservaron para aquellos a quienes se consideró amenazas para la seguridad nacional, pero otros inmigrantes árabes y musulmanes son vistos con suspicacia, según la Comisión.
