En España se dio este martes un gran paso adelante para regularizar la situación de centenares de miles de inmigrantes, al llegar a un acuerdo en ese sentido el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Sin ninguna duda es un avance muy importante, dijo a IPS el presidente de la Casa Argentina, Enrique Borcel, tras conocer el anuncio de la aprobación del borrador de un reglamento que permitirá una masiva regularización de inmigrantes.
Según confiaron fuentes gubernamentales a IPS, ese reglamento entrará en vigor en febrero de 2005 y a él podrán acogerse los inmigrantes que a esa fecha tengan al menos entre tres y seis meses de estadía en este país.
Además, sus empleadores deberán presentar un contrato de trabajo por al menos seis meses de duración, que en los sectores de la agricultura y la hostelería será de sólo tres. Y para quienes trabajen en tareas del hogar, se podrán sumar varios contratos laborales, con la condición de que sumen al menos 30 horas semanales.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, calificó el acuerdo como el primer logro del proceso de diálogo social instaurado por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español desde que, en mayo, sucedió al del conservador José María Aznar.
El proceso de normalización, añadió, podrá durar tres meses, periodo en el cual la administración deberá recibir las solicitudes de permiso de residencia y trabajo y resolver sobre las mismas.
En el pasado hubo otros procesos de regulación, pero las resoluciones sobre las solicitudes dormían en su mayor parte en las estanterías de los despachos públicos durante meses e incluso años, sin que los interesados recibieran respuestas.
Además, las solicitudes anteriores que estuviesen pendientes de resolución serán dejadas sin efecto al presentar una nueva, en las condiciones que establecerá este reglamento.
Fuentes gubernamentales señalan que existe en España una cantidad aproximada al millón de personas cuya situación está sin normalizar, o sea que carecen de permiso de trabajo y residencia. Estadísticas oficiales indican que en 1992 había 430.422 inmigrantes normalizados, cifra que subió a 1.776.953 en julio de 2004.
Una gran diferencia con lo vigente hasta ahora es la reducción a un máximo de seis meses del tiempo de empadronamiento y del contrato de trabajo exigidos para poder gestionar la residencia. Toda persona que esté en España puede empadronarse en un municipio sin otro requisito que demostrar que vive en el mismo, sea en un hotel, una pensión o la casa de un familiar o amigo.
A los empresarios les corresponderá la obligación de presentar el contrato firmado por ambas partes a la administración y la autorización de residencia y trabajo por el plazo de un año entrará en vigor si antes de pasar un mes el empleador da de alta al extranjero en la Seguridad Social. Ese permiso será renovable a su vencimiento.
Los empresarios, representados por dirigentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lograron que el gobierno aceptase retirar del proyecto un capítulo que los obligaba a pagar los impuestos de la Seguridad Social por el tiempo que los inmigrantes hubiesen estado trabajando de manera irregular.
Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE, tras anunciar Caldera el acuerdo logrado, declaró que está convencido de que a fines de 2005 se habrá producido una creación de empleo muy notable, porque están creadas las bases para que nadie quede fuera de la ley.
Julio Ruiz y Almudena Fontecha, responsables de inmigración de la Confederación de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), las centrales sindicales mayoritarias, calificaron de satisfactorio en su totalidad el acuerdo logrado, que a su entender permitirá gestionar favorablemente los flujos migratorios.
Borcel, sin embargo, señaló que en el acuerdo no hay referencias a la situación de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que pueden llegar a representar de 10 a 15 por ciento del total.
Esos trabajadores suelen desempeñar tareas, como los informáticos, para ocho o 10 empleadores, sin estar registrados como empleados. Por eso, el dirigente de esa institución, que congrega a argentinos y brega por la regularización de aquellos que no lo estén, sostiene que se deberá tratar el tema antes de que el reglamento sea aprobado y entre en vigor.
A los tres meses de que entre en vigor el reglamento, en febrero, se dará por terminado el proceso de regularización extraordinaria y se volverá a aplicar el sistema vigente en la actualidad: los irregulares sólo podrán obtener papeles por razones humanitarias o por demostrar una estancia en España de más de tres años, y por el llamado arraigo laboral, que exige demostrar que se lleva trabajando un año y al menos dos residiendo en el país.
El gobierno pretende con esta situación resolver el problema de quienes ya están trabajando en este país, con o sin documentos, y por otro organizar la entrada de inmigrantes para el futuro, cuando las condiciones serán más rigurosas.
Caldera también informó de que no se aplicará una norma esbozada semanas atrás, según la cual sería necesaria la denuncia por los trabajadores al empresario que los tuviera trabajando sin papeles, para iniciar con ello el proceso de regularización.
Con el nuevo reglamento bastará como prueba un acta de la inspección del ministerio correspondiente a su cargo, que constate que el inmigrante esté trabajando.
Una vez pasado el trimestre de regularización extraordinaria quedarán tres sistemas de entrada: la contratación en el exterior nominativa, la contratación por grupos y la que se realiza por temporadas, en especial atendiendo a las necesidades en el campo y la hostelería.
El ministro también anunció que se creará un órgano de consulta, en el que participarán representantes del Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil.
