ESTADOS UNIDOS: Deficiente control de diamantes de la guerra

Los vendedores de diamantes en Estados Unidos y Gran Bretaña no hacen lo suficiente para evitar que el dinero que les pagan financie guerras, según resultados de una encuesta de las organizaciones no gubernamentales (ONG) Amnistía Internacional y Global Witness (Testigo Mundial), divulgados este lunes.

Hace casi 20 años, la industria mundial de los diamantes se comprometió a prevenir el comercio de diamantes procedentes de áreas en las que el control de yacimientos es la razón y el alimento de guerras civiles y otras formas de conflicto violento.

Sin embargo, la mayoría de los vendedores entrevistados por activistas no pudieron mostrar un registro claro del origen de los diamantes que ofrecían.

Menos de 20 por ciento de las joyerías que respondieron por escrito a la encuesta del grupo ofrecieron información significativa acerca de la procedencia de sus diamantes, y en menos de la mitad de las 579 tiendas visitadas se obtuvieron datos que aseguraran que las piedras preciosas no procedían de áreas de conflicto.

El informe se dio a conocer en vísperas de un encuentro del Congreso Mundial de Diamantes, que se llevará a cabo esta semana en Nueva York.

Ambas ONG expresaron su decepción ante los resultados, y destacaron que 56 por ciento de las compañías a las que se enviaron cartas con pedidos de información ni siquiera respondieron. Entre ellas estuvieron grandes vendedoras de diamantes como las británicas Asprey, Theo Fennell y Debenhams, y las estadounidenses Costco, TJ Maxx y Kmart.

”La sistemática ausencia de supervisión en la industria del diamante sugiere que no se toma el asunto con suficiente seriedad”, comentó Alessandra Masco, de Amnistía Internacional.

”El comercio de diamantes ha estado en el corazón de algunas de las guerras más prolongadas y cruentas de Africa”, entre ellas las de Angola, República Democrática del Congo (RDC), Liberia y Sierra Leona, afirmó.

El año pasado, el diario estadounidense The Washington Post informó que el grupo extremista islámico Al Qaeda (La Base), considerado responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, había lavado dinero con diamantes procedentes de zonas de conflicto, especialmente de Liberia y Sierra Leona, para apoyar sus operaciones terroristas-

Los resultados de la investigación fueron muy similares a los de otra realizada en marzo por Global Witness, que en 2000 señaló por primera vez el modo en que los diamantes alimentaban varias brutales guerras africanas.

En sólo cuatro de 30 tiendas visitadas a comienzos de este año por investigadores encubiertos los vendedores parecían bien informados sobre el sistema de certificación para evitar la venta de ”diamantes de conflicto” y la política de sus empleadores en la materia.

Ese sistema de certificación, llamado ”Proceso de Kimberley, fue adoptado en mayo de 2000 por grandes compañías y naciones importadoras que se reunieron en esa central ciudad sudafricana.

Se trata de un conjunto de procedimientos de autocontrol voluntario de la industria, acordados tras una importante campaña de publicidad sobre el problema que llevaron adelante varias ONG, entre ellas Global Witness, Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos, y en la que se manejó la posibilidad de impulsar un boicot

Con esos procedimientos se busca asegurar, desde el origen a los sitios de venta al público, que el mercado internacional sólo movilice diamantes extraídos en forma legítima y ajenos a toda vinculación con grupos insurgentes o compra de armamentos.

Al mismo tiempo, la industria se comprometió a informar a todos sus empleados sobre el problema de los diamantes de conflicto y las medidas adoptadas para evitar su comercio.

”Los vendedores de diamantes en las joyerías tienen una responsabilidad especial, porque son el rostro visible de la industria ante el público”, sostuvo Corinna Gilfillan, de Global Witness. Esa ONG y Amnistía Internacional coinciden en que si la autorregulación de la industria no da resultados satisfactorios, será preciso que los gobiernos se hagan cargo de controlar el mercado.

En la última encuesta, 32 de las 37 compañías que respondieron aseguraron que implementaban el sistema de certificación y tenían una política definida para evitar vender diamantes de conflicto, pero sólo dos dieron detalles.

Pese a los compromisos asumidos, los empleados de sólo 42 por ciento de las tiendas visitadas dijeron estar al tanto de las políticas de sus patrones en la materia. Eso es un avance en relación con la encuesta de marzo, pero de todos modos resulta muy insuficiente, según los activistas.

Se realizan encuestas similares entre vendedores y proveedores de Alemania, Australia, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Suiza.

Otra investigación, realizada mediante Internet y cuyos resultados dio a conocer este mes el Consejo de Opinión de los Consumidores de Joyas, con sede en Estados Unidos y vinculado con la industria del sector, detectó escaso conocimiento del problema entre los compradores.

De 3.342 consumidores consultados, más de 80 por ciento mujeres, sólo 15 por ciento dijeron haber oído alguna vez la expresión ”diamantes de conflicto”, y eso marca una fuerte caída en relación con el 26 por ciento registrado por un sondeo similar en julio de 2003.

De las personas encuestadas, 17 por ciento dijeron haber comprado diamantes en los seis meses previos. De ellos, casi 93 por ciento aseguraron que los vendedores no les dieron explicaciones sobre el problema de los diamantes de conflicto, y 72 por ciento reportaron que los diamantes que habían comprado no se les entregaron con ningún tipo de certificado de origen ajeno a conflictos.

Nueve por ciento de los entrevistados dijeron que al comprar diamantes tenían en cuenta el país de origen, y eso marca un importante aumento a partir de menos de uno por ciento en encuestas de 2000 y 2001.

Más de 90 por ciento de los consultados aseguraron que no comprarían un diamante si supieran que venía de un país en el que su producción se asociara con violencia o injusticia social. Esa proporción también aumentó, en relación con las cercanas a 75 por ciento que se registraron en 2000 y 2001.

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